OPINIÓN: El reto de romper las barreras para las personas con discapacidad

Nota del editor: Ricardo Bucio Mújica presidió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de México de diciembre de 2009 a noviembre de 2012. Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter  @ricardobucio

(CNNMéxico) — La historia de la humanidad ha visto pasar decenas de concepciones equívocas sobre la discapacidad centradas en dos errores.

El primero ha sido homologar a la discapacidad con incapacidad, con enfermedad, con minusvalía, con incompletez, con anormalidad, con minoría de edad, e incluso con desgracia. Estos conceptos han sido expresados por diferentes culturas de muchísimas formas distintas.

El segundo error histórico ha sido creer que la dificultad para la inclusión plena en la sociedad que tiene una persona con discapacidad radica en las limitaciones motrices, intelectuales, sensoriales o psicosociales, cuando en realidad radica en el entorno y las actitudes de una sociedad que desde hace siglos hemos diseñado solo para quienes no tenemos discapacidad.

Esto lo comprobamos al ver a una persona con discapacidad en un ambiente inclusivo, accesible, de derechos, en donde logra participar, desarrollarse, crecer. El problema no son las limitaciones personales, sino una sociedad que excluye, teme, menosprecia, sobreprotege o rechaza la discapacidad. El problema y el reto son entonces colectivos, es nuestro, es plural.

La comprensión de estos errores ha dado pie al nuevo paradigma de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ahora vigente en México y en muchísimos países. Pero cambiar el paradigma aun no se ha producido en la sociedad. La garantía plena del acceso a derechos aún no logra consolidarse y pasar de su reconocimiento al ejercicio pleno y justiciabilidad, y parece que socialmente no somos conscientes de ello.

Pareciera que no sabemos que este país garantiza el acceso a la educación básica, pero que en las primarias no se garantiza que las niñas y niños con discapacidad puedan ir al baño, o los docentes sepan conducir aulas diversificadas. O que no se conozcan los indicadores de desarrollo humano que demuestran que la discapacidad empobrece y la pobreza discapacita. O que no se cuente con el dato del costo de excluir de la actividad productiva a millones de personas con discapacidad en edad económicamente activa. O que se ignore que tener algún tipo de discapacidad pone a las mujeres en los peores escenarios en todos los aspectos de la vida, y multiplica la discriminación y la exclusión.

Las barreras que tienen que sortear en México las personas con discapacidad —desde que nacen hasta que mueren y en todos los aspectos— son similares a las que tienen ante sí muchos otros grupos de población: los no heterosexuales, los no mestizos, los no adultos (niños o niñas, jóvenes o adultos mayores), los que no tienen recursos, los de apariencia "no convencional", los que no pertenecen a mayorías religiosas o políticas.

La inclusión es condición y horizonte de la democracia e indicador de desarrollo, y no solo un tema políticamente correcto. La situación de más de 5.7 millones de personas con discapacidad en México no es tema de asistencia privada, sino responsabilidad de todos los actores sociales y políticos.

El nuevo paradigma, y la obligación legal, ya están claros. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dice que todas las personas con esta condición “gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano” y que las “medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee”. Este marco legal constituye un avance invaluable pero insuficiente.

Lo que falta es eliminar las barreras, los obstáculos, los estereotipos, los conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas erróneas. Eliminar barreras creadas por la omisión de las responsabilidades, como el no considerar el impacto que tiene la desigualdad y la exclusión cotidiana de millones de personas como parte de la agenda de grandes problemas nacionales.

La barrera de una sociedad pasiva, consentidora de la exclusión, que ha asumido como normal la anormalidad, o el intento continúo de tratar por igual a los desiguales, y ahondar con ello la desigualdad. La barrera de la preocupación de que se vean las obras, pero no de garantizar derechos.

Eliminar barreras es una responsabilidad común. Armonizar las leyes con una perspectiva integral y de derechos es parte del poder legislativo. El poder judicial debe de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. De los medios de comunicación es el cometido de no estereotipar ni invisibilizar porque no hay nota o posible negocio. De las instituciones académicas en donde la inclusión es casi siempre la excepción.

Lo que más cuesta a las sociedades es cambiar sus paradigmas. Pero cada uno de ellos es aprendido, como lo son las prácticas sociales que distinguen de manera sistemática y desaventajan a las personas con discapacidad. México ha de seguir en ese proceso. Tiene con qué, para qué y cómo. Pero para ello debe enfrentar su discapacidad.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Bucio Mújica.