OPINIÓN: La pena de muerte no solucionará las violaciones en la India
Nota del editor: Ananth Guruswamy es director de Amnistía Internacional en la India. Como principal promotor, asesor político, estratega y vocero de la organización, encabeza las labores para terminar con los abusos contra los derechos humanos en India y la región.
NUEVA DELHI (CNN) — El trágico caso de una mujer de 23 años que fue brutalmente atacada, violada y dada por muerta por seis hombres el 16 de diciembre en Nueva Delhi, ha puesto énfasis en la inaceptable realidad a la que se enfrentan millones de mujeres en la India.
La violencia contra las mujeres es endémica: según las estadísticas del gobierno de la India, en 2011 se reportaron más de 220,000 crímenes violentos en contra de mujeres, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.
Si ha habido algo positivo en este horrible caso, ha sido la enorme indignación de la sociedad india. Lo que empezó como protestas estudiantiles en Nueva Delhi, ha crecido para incluir a los indios de todos los estratos sociales y de todo el espectro político.
Decenas de miles de personas han salido a las calles para dejar en claro que algo tiene que cambiar y que las mujeres no deberían seguir viviendo con temor.
Sin embargo, entre los muchos llamados razonables y constructivos a que las autoridades tomen cartas en el asunto, desafortunadamente existe un coro creciente de voces que exigen que los seis presuntos criminales sean ejecutados o incluso que se aplique la pena de muerte obligatoria como castigo a los delitos sexuales violentos.
Cinco de los seis sospechosos fueron formalmente acusados este jueves en Nueva Delhi, mientras las autoridades investigan si el sexto sospechoso es menor de 18 años, por lo que se le procesaría como menor. Se espera que los cinco sean acusados con varios delitos, incluido asesinato, que se castiga con la muerte en la ley de la India.
Es completamente comprensible la ira que la gente siente contra los sospechosos, al igual que el deseo de imponer leyes más estrictas relativas a la violencia sexual para garantizar que lo ocurrido en diciembre en Delhi no se repita. Sin embargo, imponer la pena de muerte solo perpetuaría el ciclo de violencia.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, sin importar las condiciones o la naturaleza del delito. Es el castigo más cruel e inhumano y una violación a un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.
No hay indicios de que la amenaza de la ejecución funcione como un disuasivo especial. Esto se refleja en la clara tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Actualmente, 140 países han abolido las ejecuciones en la ley o en la práctica.
Hasta el 21 de noviembre de 2011, cuando Ajmal Kasab, el único tirador que sobrevivió en los ataques de noviembre de 2008 en Mumbai fue ejecutado, no se había efectuado ninguna ejecución en la India desde hacía casi ocho años. La ejecución de Kasab significó para la India un retroceso y su incorporación a la minoría de países en el mundo que siguen practicando ejecuciones.
En la India aún hay cientos de prisioneros esperando su ejecución, por lo que es un momento clave para el país y su uso de la pena de muerte. Las autoridades indias no deben permitir que la ejecución de Kasab y la indignación que rodea a la violación de Delhi desemboquen la reanudación de las ejecuciones a gran escala.
Lo que India necesita ahora no es venganza, sino enfrentar los muchos asuntos subyacentes que perpetúan la violencia endémica en contra de las mujeres. Las leyes y el sistema judicial deben reformarse, y la definición de violación, que actualmente está lejos de ser adecuada, debe ser enmendada.
La lamentablemente baja tasa de condenas relacionadas con estos crímenes también debe ser abordada, ya que actualmente solo se prolonga la cultura de la impunidad.
Imponer la pena de muerte a los delitos de agresión sexual probablemente solo empeoraría la situación, ya que los jueces dudarían en aplicar una sentencia tan extrema y el proceso se volvería más largo y complicado.
Las fuerzas policiacas de la India tienen que recibir una mejor capacitación para manejar a los sobrevivientes de una agresión sexual y es necesario desarrollar un sistema de apoyo para los sobrevivientes.
Muchas mujeres se resisten a reportar los crímenes por temor a la humillación y a ser tratadas de forma denigrante o al estigma social. También hay fallas sistemáticas graves en el sistema judicial de la India que ponen en tela de juicio su eficacia.
Empezar a hablar siquiera de un método de castigo antes de que estos problemas sean abordados es adelantarse seriamente a los hechos. Varias personas comparten este sentir, incluida la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, quien llamó a reformar la legislación a la vez que advirtió contra el uso de la pena de muerte.
Después de un año en el que tanto Afganistán como Pakistán retomaron las ejecuciones tras una moratoria relativamente larga, la India tiene hoy la oportunidad de mostrar un auténtico liderazgo en un tema clave de derechos humanos en la región. No hay duda de que las mujeres del país se merecen una protección legal mucho mejor, pero la pena de muerte no es la respuesta.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ananth Guruswamy.