OPINIÓN: Un pacto democrático, fundamental para el progreso de México

Nota del editor: José Alberto Aguilar Iñárritu es político y escritor, con estudios de economía, derecho y ciencia política en la UNAM, de administración pública en el INAP y de investigación en Desarrollo Urbano y Regional en el Colegio de México. Fue diputado federal en la LIX Legislatura en el Grupo Parlamentario del PRI. Actualmente es coordinador técnico de la Comisión de Reforma del Estado de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter: @aguilarinarritu

(CNNMéxico) — El presidente Enrique Peña Nieto asistió el pasado 15 de enero al Senado de la República, recinto en el que es imperativo configurar un clima propicio para el éxito de las iniciativas de reforma que el Ejecutivo presentará al Congreso a partir de septiembre: energética, hacendaria y de seguridad social.

Su visita, considero, rompió con la funesta relación entre esos dos poderes, cuando no de franca confrontación —que no de contrapeso—, que durante doce años sustituyó la superada relación subordinada del Legislativo al Ejecutivo, propia del presidencialismo del régimen de partido hegemónico.  

Aunque se anuncia que en este mes de febrero Enrique Peña Nieto asistirá a San Lázaro, cuestión sobre la que Manlio Fabio Beltrones se ha congratulado declarando que "estas reuniones no deben ser de una vez y nunca más, sino de una vez y para siempre, (...) de tal forma que se continúe en la ruta de un diálogo civilizado", no se debe perder de vista que ha sido justamente en el Senado donde las iniciativas del Ejecutivo han sufrido mayores reveses para concretarse.

Esa reunión ocurrió en el contexto del denominado Pacto por México, un oportuno instrumento político acorde con los tiempos, que muestra sensibilidad política y un sano pragmatismo del equipo gobernante.

Fue capaz de girar 180 grados de su diseño político de campaña, basado en pronósticos no cumplidos de triunfo hegemónico —propios de un país que ya no existe— para asumir que ganaron por el tercio mayor de los electores, y que para ser eficaces, deben avanzar pactando propuestas y acciones entre actores representativos de los dos tercios restantes.

Es una ruta que podría no ir más allá de la coyuntura o perfilarse hasta inaugurar en México la coalición gobernante, pero que muestra a un presidente dispuesto a hacer política seria donde se había perdido esa virtud pública, y que empieza por rescatar las posibilidades creativas de la misma para superar el conflicto y proponer agenda.

Sin embargo, después de 12 años de discusiones pero de muy pocas concreciones sobre el imperativo democrático de actualizar a las instituciones del Estado, si bien la política cuenta con un activo conceptual a seguir, también sufre de un pasivo institucional que pone en permanente riesgo la acción de gobierno.

Para superar la no resuelta ecuación presidencialismo-multipartidismo, se requiere tomar la decisión de abrir las compuertas constitucionales a la modernización del régimen y asumir lo largamente debatido en la materia, antes de que la realidad resulte un lastre tan pesado que ninguna habilidad política sea suficiente para neutralizar sus trabas.

Existen pactos fundantes y pactos operativos, los primeros son de gran aliento y tienen vigencia por épocas; los segundos responden a fases o coyunturas más o menos duraderas. Los primeros soportan la convivencia mayoritaria de nación por mucho tiempo y dan lugar a grandes bloques históricos; los segundos permiten avanzar a los actores de cada elección por medio de coaliciones temporales.

En los primeros el consenso es fundamental, en los segundos confundir la regla de la mayoría con el consenso es una trampa. Los primeros se llaman pactos de poder, los segundos, de muchas formas.

En 200 años de vida independiente, México ha vivido de tres pactos de poder: el de Guadalupe Victoria que nos dio nación; el conformado desde Juárez hasta Díaz que nos dio Estado, y el creado desde Obregón y Calles hasta Cárdenas, que nos dio un régimen para gobernar la Revolución —y que colapsó en 1982 en medio de una profunda crisis fiscal—.

Desde entonces, estamos a la búsqueda del cuarto pacto de poder de nuestra historia: el de la democracia, que inaugure la cuarta era de la República, la República de la Democracia y permita ecualizar, con plena libertad, legalidad y legitimidad, todos los intereses particulares en función de restituir el interés general de la nación, cimiento de nuestra unidad, en lo fundamental.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a J. Alberto Aguilar Iñárritu