OPINIÓN: Las limitaciones de la fiscalización de los gastos en México
Nota del editor: Oscar Arredondo Pico es investigador del área de Presupuestos y Póliticas Públicas del Centro de Análisis e Investigación Fundar . Puedes seguir la cuenta de twitter: @FundarMexico
(CNNMéxico) — La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el 20 de febrero el Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
En este documento se contemplan 1,111 auditorías practicadas a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno. Durante su realización, la ASF promovió 9,865 acciones que van desde aclaraciones hasta la promoción de responsabilidades administrativas y denuncias penales.
A pesar de las cifras arrojadas por la revisión, desde mi punto de vista, la ASF no logra, por sí misma, disminuir los niveles de corrupción e impunidad en el país. El índice de percepción de corrupción elaborado en 2012 por Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 105 de 176 países (con un calificación de 3.0 puntos, en donde 0 es muy limpio y 5 muy corrupto).
La corrupción trasciende a la entidad de fiscalización y se puede ubicar principalmente en las limitaciones y discordancias del marco jurídico nacional.
La Auditoria Superior de la Federación realizó 1,633 promociones administrativas sancionatorias y 134 denuncias de hechos.
Sin embargo, los procedimientos no se siguen al interior de la propia ASF, sino que son otros órganos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, los encargados de investigar las conductas de los servidores públicos y de aplicar las sanciones que procedan.
Así, el Poder Ejecutivo actúa siempre en razón de la coyuntura: algunas veces es juez y en otras es parte.
La ASF tampoco interviene en la prevención. La tarea de atenuar la corrupción y la negligencia al interior de las dependencias y entidades se concentra en sus propios órganos de control interno, que dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad que desaparecerá con la creación de un órgano anticorrupción.
Me parece que la desaparición de esta dependencia podría empeorar el escenario, ya que el control interno quedaría en manos de las propias instituciones gubernamentales que son auditadas.
Es a la Secretaría de Hacienda a quien corresponde velar por el equilibrio y eficiencia del presupuesto. A pesar de que cuenta con mecanismos para hacer eficiente el gasto, como el Presupuesto basado en Resultados o el sistema de Evaluación del Desempeño, las asignaciones siguen incrementándose inercialmente sin que ésto se refleje en una mejoría del quehacer gubernamental.
Las limitaciones del marco jurídico se acentúan en el gasto federalizado que representa el 32.4% del presupuesto público y el 95% de los ingresos de los estados; mismo que en 2011 ascendió a 1.2 billones de pesos. De ese total, 59.7% es auditado por la ASF y, de manera complementaria, por los órganos locales de fiscalización, sin que exista una base legal que les permita coordinarse armónicamente.
Otra consecuencia de la falta de normatividad es que los estados y municipios contratan financiamientos sin límites ni controles suficientes. El saldo de la deuda pública subnacional aumentó de 252,153.5 millones de pesos en 2009, a 390,777.5 millones en 2011.
La ASF observó que en ese periodo varios estados abusaron de esa facultad : Coahuila incrementó su deuda en 361.9%, Morelos 174.4% y Zacatecas 143.1%, por mencionar solo algunos.
En 2007 se realizó en México el XIX Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y se firmó la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Los 190 países miembros acordaron impulsar marcos constitucionales, reglamentarios o legales apropiados para enfrentar problemas como los descritos.
Sin embargo, a casi seis años de adoptar dicho compromiso, el Congreso apenas discute la reforma Constitucional que prevé la creación del Sistema Nacional de Fiscalización para coordinar a todas las instancias fiscalizadoras del país, internas y externas, a nivel local, así como las de carácter federal.
La aprobación de esta reforma permitiría la emisión de sugerencias preventivas, incluiría de manera expresa como sujetos de fiscalización a fideicomisos con participación pública, y dotaría a la ASF de facultades para iniciar procedimientos ante el Poder Judicial por aquellos delitos cometidos contra las finanzas públicas , entre muchas otras virtudes.
Considero que está en manos de los legisladores la posibilidad y la oportunidad histórica de mejorar notablemente la fiscalización y la rendición de cuentas en México.
La otra opción es dejar el marco jurídico como está y seguir atestiguando pasivamente año tras año la comisión de las mismas irregularidades.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Oscar Arredondo Pico.