Nota del editor: Raúl Benítez Manaut es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y presidente de la organización de la sociedad civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE): www.seguridadcondemocracia.org . Analista de temas de seguridad y fuerzas armadas en México.
(CNNMéxico) — Con el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, el ánimo de la población y el manejo de los medios de comunicación daban la impresión de que, por arte de magia, la condición de seguridad del país mejoraría.
El nuevo presidente y su gabinete de seguridad, hicieron mucho énfasis en el cambio de paradigma en seguridad, la búsqueda de la estrategia de combate a las raíces de la violencia — —, y no continuar con la guerra a los cárteles, como hiciera el expresidente Felipe Calderón.
Sin embargo, las cifras y los hechos demuestran que en el mejor de los casos, las cosas siguen igual, y en algunas regiones del país se están deteriorando rápidamente.
Los homicidios derivados de la guerra entre organizaciones criminales siguen exactamente la misma tendencia que en el 2012, en promedio 1,000 al mes —la actual administración federal no ha presentado cifras oficiales al respecto, —; se ha deteriorado dramáticamente la situación de seguridad y la presencia de cárteles como la Familia Michoacana en el Estado de México —joya de la corona para el presidente Peña Nieto, por ser su estado natal—, en la zona de La Laguna —en los límites de Durango y Coahuila—, en Guerrero y, paradójicamente, apareció un problema que solo se había expresado de forma aislada: .
En México es histórico el hecho que la seguridad en muchas zonas rurales se resuelve a balazos. El ejército nunca ha abandonado el control territorial que se derivó de la Revolución, hace casi 100 años y me parece que las policías municipales (casi 2,0000 en todo el país) en pocos casos son profesionales (se restringen a grandes ciudades) y la gran mayoría, si existen, responden a los caciques en turno.
Por tradición, en muchas zonas indígenas se aplica la vigilancia comunitaria desde hace muchos años, y esta se acepta en legislaciones estatales o incluso en "negociaciones" con líderes comunitarios (Chiapas). En la zona del Valle del Mezquital (Hidalgo) incluso se habla de una exitosa vigilancia comunitaria que es respaldada por la población.
Pero hoy, lo que en realidad tenemos es una sociedad en movimiento que se organiza para defenderse tanto del abuso de policías estatales y municipales extremadamente corruptas, como del crimen organizado.
Por ello, este 'proyecto' es avalado — — por el movimiento que encabeza Javier Sicilia —conocido como Movimiento por la Paz—, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ha realizado amplias negociaciones para darles forma legal — —.
Hay muchas policías comunitarias en Michoacán, ; en Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Veracruz y hasta en Yucatán. En la zona rural del sur de la ciudad de México (Xochimilco y Milpa Alta) en muchos pueblos se encuentran leyendas de este tipo que buscan ahuyentar a los delincuentes: 'Ladrón: aquí ni te acerques, te linchamos y nos vale'.
¿Qué pasa? Evidentemente el Estado no ofrece seguridad y garantías a muchas comunidades y ellas se autoorganizan por necesidad. En algunos estados las organizaciones criminales aprovechan la situación de desprotección y carencias gubernamentales y se arman y ocupan los poblados con individuos encapuchados, fuertemente armados e imprimen su ley.
Estos no son policías comunitarias, son claramente grupos paramilitares criminales (o autodefensas similares a las colombianas) y frente a ellos el gobierno debería actuar con rapidez y energía. De facto, ocupan esos territorios para controlar grandes áreas rurales y carreteras, cobran impuestos, amagan a las autoridades municipales, ejidales y comunitarias y las obligan a silenciarse y a ponerse a su servicio. En otras palabras, construyen otro poder, contra la población, el Estado y las leyes.
Se debe distinguir claramente cuando estos grupos son una necesidad de protección de la ciudadanía, y cuando significan en realidad una acción criminal para sustituir al Estado y someter a los habitantes. En cada comunidad es diferente la situación.
En todo América Latina la seguridad privada es un hecho visible y una práctica cada vez más común. ¿Cuántas calles están cerradas a la circulación en las grandes ciudades y existen en ellas guardias pagados por los vecinos? Nadie las ha contado, pero cubren las necesidades de protección de millones de habitantes.
Pero lo que es un peligro es que de las guardias civiles se pase a "hacer justicia" por mano propia.
Las autoridades federales mexicanas encargadas de la seguridad, entre ellos el procurador Jesús Murillo Karam — —, y el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong — — han condenado la existencia de los grupos de autodefensa. Sin embargo, parecen expandirse como un virus.
Es necesario distinguir de qué se trata en cada caso.
Lo que es un hecho es que este fenómeno se adiciona al 'legado' de la guerra en contra de los cárteles que se heredó del gobierno de Felipe Calderón, y que por lo visto hasta ahora, desde mi punto de vista, el presidente Peña Nieto tiene grandes problemas para enfrentar.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Raúl Benítez Manaut.