OPINIÓN: La urgencia de saber cuánto dinero público se gasta en los medios

Nota del editor: Diego de la Mora es coordinador del área de Presupuesto y Políticas Públicas del Centro de Análisis e Investigación  Fundar . Puedes seguir la cuenta de twitter:  @FundarMexico

(CNNMéxico ) — Una sociedad que no recibe información fidedigna parece más maleable.

Saber quiénes pagan la producción de las noticias que recibimos es una de las claves para evaluar la calidad y filiación política de los medios de comunicación. Es por eso que entre Artículo 19  —organización independiente de Derechos Humanos que trabaja a nivel mundial para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión— y Fundar  —organismo que se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas— no dejamos de insistir en que existan límites a los gastos y claridad en las reglas de distribución de los recursos para publicidad oficial.

En la Segunda Edición del Índice de Acceso al Gasto en Transparencia Presupuestaria en las Entidades Federativas — que será presentado oficialmente este miércoles en la Ciudad de México —, resultado de un esfuerzo de más de cinco años, se siguen promoviendo mejoras a las prácticas discrecionales de asignación de publicidad oficial en México. En su primera edición, los resultados del Índice fueron utilizados por uno de los candidatos presidenciales en el debate del 6 de mayo de 2012 y destaparon una intensa polémica sobre la transparencia en el gasto público para comprar espacios en los medios como pocas veces se había visto.

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La polémica llegó incluso al periódico inglés The Guardian que publicó dos reportajes sobre la existencia de documentos internos de Telepromo, empresa que en 2005 habría hecho acuerdos comerciales entre Televisa y dos administraciones: la de Vicente Fox y la del exgobernador del Estado de México y ahora presidente del país, Enrique Peña Nieto.

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Al final, a partir de la resolución del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación del PRD de la elección de 2012, el diario inglés y Televisa publicaron un comunicado conjunto en el que se expresa que "The Guardian acepta que las autoridades electorales resolvieron que la cobertura televisiva de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad política".

Aunque no se pudo verificar la veracidad de los documentos publicados, me parece que quedó una duda razonable sobre la conducción de la comunicación social de los gobiernos federal y de los estados. El proyecto de publicidad oficial también recabó varias entrevistas grabadas (aunque anónimas) que sugieren que lo que dicen los reportajes de la periodista de The Guardian, Jo Tuckman , es cierto: 

• Muchos gobiernos de todos los niveles abusan de los medios de comunicación y muchos medios de comunicación chantajean a los gobiernos en una relación perversa que, en muchos casos, pone a las y los periodistas ante la disyuntiva de ganar más (como vendedores de publicidad oficial) u obtener sueldos paupérrimos y quedar fuera del círculo de los reporteros más destacados del medio para el que trabajan.

• Las datos presupuestarios para los medios de comunicación a nivel federal son un desastre: las cifras de las cuentas públicas de la Secretaría de Hacienda no cuadran con los de los informes de la Secretaría de Gobernación; parece que la última palabra sobre el tema está en la extinta legalmente, aunque todavía en funciones, Secretaría de la Función Pública. Y en los estados la cuestión es todavía más opaca: aunque a partir de esta segunda edición hay tres entidades federativas menos que no reportan sus datos (de 11 en la primera edición pasamos a 8 en esta última), sigue habiendo muchos gobiernos locales que ni siquiera publican estas asignaciones presupuestarias.

Considero que lo anterior es inaceptable cuando se trata de dinero público. Si sobresimplificamos el argumento, la ecuación resulta absurda: pagamos a políticos para que nos digan en los medios que son los mejores para gobernar para luego darnos cuenta que se trataba de una mera percepción inducida.

Sin embargo, creo que se pasan años intentando convencernos de que hacen las cosas bien. La estrategia del gobierno del expresidente Felipe Calderón me parecía espeluznante: mientras todos los días amanecíamos con noticias sobre personas asesinadas, se mostraban presuntos culpables de manera cotidiana en los medios de comunicación como si se tratara de piezas de caza.

Estos hallazgos alimentan un debate que llevaba años gestándose en México y que requiere tomar medidas regulatorias urgentes: se necesita cambiar la relación entre ciudadanos, gobiernos y medios para que el uso de estos recursos públicos sea idóneo. Los mensajes tienen que llegar a las personas que los requieren.

Para que la comunicación social cumpla realmente con su función requerimos incluir a las comunidades, donde se carece de servicios públicos que garanticen los derechos humanos, a través de las radios comunitarias y los medios locales.

El límite que proponen personajes como Raúl Trejo Delabre —analista de asuntos de acceso a medios y telecomunicaciones— consiste en acotar todos los mensajes de los gobiernos a los tiempos de Estado. La opción menos radical implica una serie de reglas y mecanismos para que los medios se usen para lo que son: promocionar los derechos humanos y garantizar el derecho a la información. 

En estos momentos, en los que se discute la reforma a las telecomunicaciones en México, existe una rara oportunidad de regular a los poderes mediáticos. Las iniciativas están puestas en la mesa: queremos confiar en el buen oficio de nuestros representantes para que la siguiente vez que tengamos que elegir a un gobernante, sepamos realmente quién financia su campaña.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Diego de la Mora.