La banda 700 MHz y el Estado “malfactor”

"Los recursos públicos no alcanzaban para todo. Había que escoger entre invertir fondos fiscales en teléfonos o invertirlos en educación; nos inclinamos por aportarle a la mejoría social." Esta sentencia la anota Carlos Salinas de Gortari en su libro "México: un paso difícil a la modernidad" para explicar la privatización de Teléfonos de México en 1989.

Conviene que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal reflexionen en ese sentido y no se cometa el error de que el Estado opere nuevamente una red de telecomunicaciones, ahora en la banda de 700 MHz.

La reforma a las telecomunicaciones presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México, que actualmente se discute en el Senado , plantea que el Estado "contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda de 700 MHz)".

El artículo décimo sexto transitorio de la iniciativa dice que "el Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades competentes, instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones". Dicha red deberá iniciar su instalación en 2014 y concluir en 2018.

El Estado quiere asignarse a sí mismo la banda de 700 MHz para instalar una red mayorista y vender capacidad de banda ancha a otras empresas en condiciones no discriminatorias.

Esta política aparentemente benéfica en el discurso resulta profundamente regresiva en la realidad porque olvida que el Estado ha demostrado su incapacidad e ineficiencia para operar empresas de telecomunicaciones, además de que no tiene experiencia en la operación de redes móviles.

Actualmente, la banda de 700 MHz es la mejor para servicios de banda ancha móvil de cuarta generación. Transporta datos a alta velocidad y capacidad. Por su ubicación baja entre las frecuencias del espectro radioeléctrico, permite una amplia cobertura, sobre todo en zonas rurales. Por sus características, asegura economías de escala que benefician a operadores, fabricantes, desarrolladores y usuarios. Entre otras ventajas, permitirá abaratar el costo de terminales como smartphones y tablets.

La disposición constitucional atentaría contra la competencia y libre concurrencia que busca fomentar la reforma, pues ordena al Ejecutivo Federal a instalar y operar una red pública de telecomunicaciones, sin experiencia ni recursos suficientes para hacerlo, introduciendo un factor disruptivo en el mercado, erigiéndose en un competidor desleal, por cuanto carecería de recursos propios y regulación objetiva y efectiva.

Una propuesta como la que se plantea posee tintes confiscatorios, sería la causante de incertidumbre jurídica, litigios y conflictos entre la industria y el Gobierno.

Estaría en duda la capacidad de rectoría del Estado, pues sería juez y parte en la provisión de servicios y en la regulación de los mismos a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que presumiría una falsa autonomía. Es decir, serían los nuevos comisionados del Ifetel quienes tendrían que analizar técnicamente las mejores opciones de licitación y subasta de la banda de 700 MHz, y hacerlo de forma rápida y transparente.

Los actuales operadores móviles han venido invirtiendo en el crecimiento y modernización de sus redes, y esperan evolucionar hacia redes de cuarta generación más eficientes y rentables.

Además, por la proliferación de teléfonos inteligentes y la demanda de datos móviles, actualmente la infraestructura móvil experimenta saturación que se refleja en servicios de mala calidad.

Interrumpir de manera abrupta la evolución natural de las redes móviles a través de mejores bandas del espectro y tecnologías avanzadas fomenta factores que desinhiben la inversión, la innovación, la competencia y la cobertura de servicios, atentando contra el derecho de acceso a las TIC, así como al servicio público de interés general en telecomunicaciones.

Cuando ya existe una industria desarrollada y un mercado maduro y en crecimiento con el potencial de nuevas tecnologías móviles y el impulso de la iniciativa privada, no le corresponde al Estado sustituir, competir con los actuales y futuros operadores y hacer negocio, sino generar condiciones óptimas a la inversión, diseñar políticas públicas visionarias y regular el sector con eficacia.

Liderar lo anterior no es tarea fácil como para además sumar a su actuación la operación de redes y la administración de nuevas empresas.

Con la banda de 700 MHz en manos del Gobierno pierden todos los actuales operadores en México porque los niveles de inversión, de recuperación y de ingresos no serían los esperados.

También pierden los nuevos competidores, que no podrían aspirar a bloques del espectro para ofertar servicios de banda ancha móvil a nivel nacional, regional o local; pierden los inversionistas extranjeros, pues no habría licitación ni subasta de espectro; pierden los desarrolladores de tecnología porque una empresa pública no les garantizaría innovación en las redes e inversiones futuras; pierde el mercado y la competencia con la introducción de un operador público; pierde autonomía el Ifetel y sus nuevos comisionados porque la explotación de la banda sería por mandato constitucional, sin análisis previo y porque obviamente facilitarían su operación con decisiones y regulación discriminatorias, y pierde el Estado porque dejaría de recibir ingresos fiscales superiores a la operación de la red.

El usuario también pierde por ración cuádruple: sus impuestos financiarían el despliegue y mantenimiento de la red; no habría competencia efectiva en el mercado de banda ancha móvil de cuarta generación; nada le garantiza que en el futuro la infraestructura no quede abandonada, la red sea eficiente y los servicios se provean con calidad; finalmente, nada le asegura que la empresa pública no será costosa y burocrática.

En la explotación de la banda de 700 MHz corremos el riesgo de pasar de un Estado benefactor a otro "malfactor".

El problema es que cuando la historia se repite, la primera ocasión ocurre como tragedia y la segunda como farsa.

Con las reformas constitucionales en materia educativa y de telecomunicaciones, "los recursos públicos no alcanzan para todo. Había que escoger entre invertir fondos fiscales en teléfonos o invertirlos en educación". Los poderes Ejecutivo y Legislativo saben que lo primero está resuelto con el capital privado nacional y foráneo... en lo segundo hace falta mucho por hacer.

*El autor es director General de Mediatelecom Policy & Law .