OPINIÓN: La Zona Rosa, entre escena de crimen y atracción turística del DF

Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en la revista  Idconline , que pertenece a Grupo Expansión. Puedes seguirla en su cuenta de twitter:  @suryapalacios

(CNNMéxico) — La calle es estrecha y cualquiera supondría que con poco movimiento. No hay comercios abiertos, algunos inmuebles están deshabitados, y el bullicio del Paseo de la Reforma, vía emblemática de la capital mexicana, solo es un rumor lejano frente al número 27 de la calle Lancaster.

Ese es el sitio en el que —presuntamente— la semana pasada desaparecieron 11 jóvenes. El lugar destaca por las cartulinas de colores pegadas en la fachada y que no son más que los mensajes de sus familiares: las frases escuetas disimulan la angustia, muestran fotografías de los "ausentes" —así se han referido a ellos las autoridades del Distrito Federal—, exhiben teléfonos y piden ayuda para encontrarlos, para que regresen bien a casa.

El lugar está en la Zona Rosa de la Ciudad de México, corazón de la vida nocturna local, un área de la metrópoli que en los dos últimos lustros ha combinado los negocios recreativos para la comunidad homosexual con los bares after hours, la opción para quienes desean seguir de fiesta hasta el mediodía, o para aquellos que laboran de noche y deciden relajarse tomando una copa al amanecer.

En este caso, un letrero anuncia que se trata de un restaurante-bar cuyo nombre es Bicentenario, en un edificio de tres pisos con ventanas de vidrios polarizados que entre los comensales era conocido como el Heavens After.

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Hoy convertido en una presunta escena del crimen, el lugar llama la atención de curiosos que llegan y se toman fotos como si se tratara de una atracción turística; algunos se detienen en el cintillo anaranjado que colocó la fiscalía capitalina como prueba de que el centro nocturno se encuentra bajo investigación y nadie —salvo la autoridad— puede ingresar.

Jurídicamente, en mi opinión, el término con el que debemos referirnos a estos jóvenes es el de desaparecido, pues "persona ausente" es un vocablo que proviene del derecho civil e implica que alguien decidió abandonar el lugar de su residencia sin reportarlo a sus allegados. Se trata de un acto voluntario prescrito en los artículos 648 y 649 del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF).

De hecho, una persona ausente no puede considerarse como tal sino hasta que un juez civil así lo declare, y para ello deben pasar dos años como mínimo; transcurridos éstos, los familiares del ausente deben interponer un juicio para obtener dicha declaración (arts. 669 y 670 del CCDF).

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En cambio, al suponerse o sospecharse que se cometió un delito, lo correcto, desde mi perspectiva, es llamarlos desaparecidos, toda vez que se presume que los jóvenes fueron sustraídos ilegalmente de su entorno, en tanto que la modalidad de dicha sustracción es la que se investiga, tras lo cual el Ministerio Público tendrá que determinar si se trató de una privación ilegal de la libertad (secuestro con o sin intenciones extorsivas) o de una desaparición forzada.

Creo que el problema en este caso es que el gobierno del Distrito Federal teme utilizar el adjetivo correcto por una cuestión política y de imagen. Lo mismo ha sucedido con la información proporcionada a cuentagotas a la prensa, bajo el argumento de que se debe respetar el sigilo de la investigación. La imagen que la autoridad quiere proyectar es la de un hecho localizado y circunscrito al centro nocturno en cuestión.

En ese lugar, un policía de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) yace sentado en su patrulla a unos metros del inmueble; el calor lo adormece, intenta leer el periódico u ocultarse detrás de sus páginas, a ratos levanta la vista, y observa con desdén a los hombres y mujeres que se acercan sonrientes.

A unos treinta metros, casi al final la calle, un par de empleados de un estacionamiento matan el tedio mirando a los transeúntes que se dirigen al lugar; están al pendiente de lo que ocurre en la zona pero esquivan la mirada cuando ven regresar a los que toman fotos.

El recorrido de éstos últimos es sencillo: se inicia en la esquina de la calle Hamburgo o en la de la avenida Reforma. Entre esos dos extremos de no más de 150 metros se cuentan por lo menos siete cámaras de seguridad.

Por cualquiera de las dos aceras sobresalen las improvisadas pancartas de solicitud. Los curiosos se colocan frente a ellas, unos tratan de asumir seriedad sin conseguirlo, esbozan una sonrisa y con los teléfonos móviles hacen la fotografía. Luego regresan sobre sus pasos.

Todos observan morbosamente las fotos de los jóvenes, al lado de los apresurados detalles sobre su desaparición.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios.