OPINIÓN: La incertidumbre, el rastro que deja una persona desaparecida
Nota del editor: Pilar Tavera Gómez es directora ejecutiva de Propuesta Cívica A. C., una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, A.C.
(CNNMéxico) — El miércoles 29 de mayo de 2013 un grupo de manifestantes cerró una avenida importante en el Distrito Federal, una escena que pudo ser bastante cotidiana para una ciudad que este año podría superar las 7,000 marchas, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital.
Pero para la opinión pública no fue algo de todos los días que en esta protesta hubiera un grupo de familiares y vecinos que denunciaban la desaparición de 11 jóvenes en un bar ubicado en la zona centro de la Ciudad de México y la falta de atención por parte de las autoridades ante un problema como el de las desapariciones involuntarias.
La situación, que había estado muy presente en el norte de México desde hace muchos años y que fue extendiéndose durante los últimos seis años hasta sumar más de 26,000 personas desaparecidas , golpeó de frente a la capital mexicana.
Las desapariciones constituyen una de las peores violaciones de derechos humanos en tanto que son crímenes cuya ejecución continúa hasta que se encuentre a la persona desaparecida o se sepa qué fue de ella. La desaparición es una tortura para aquel que la sufre directamente y al mismo tiempo para sus familiares cuyas vidas son invadidas por la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido.
Esta violación al derecho a la libertad personal, al libre tránsito y a la vida de la persona desaparecida se suma a la privación del derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias del hecho, que su familia y la sociedad tienen. En las desapariciones hay entonces tres víctimas: la persona que la sufre, su familia y la sociedad.
Días después de la manifestación, las autoridades reconocieron que 12 personas habían desaparecido en el bar Heaven. También se hizo público que en ese mismo lugar un año antes había desaparecido un joven de 33 años y que en otro bar al norte de la ciudad habían desaparecido cinco jóvenes en abril pasado .
Las desapariciones en la Ciudad de México no eran nuevas, solo permanecían anónimas.
En la tortura de la ausencia, las familias de los desaparecidos luchan por sacar del anonimato a sus desaparecidos y a los criminales que les han provocado ese dolor. Tormento que se nutre con la pobre actuación de las autoridades que en el caso de los ministerios públicos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 75% de los capitalinos considera su desempeño como poco o nada efectivo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2012.
Los casos en el DF reflejan la necesidad que tienen los familiares no solo de exigir justicia sino de pedir que las averiguaciones sean llevadas a cabo sobre una base sólida al pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sigue inoperante porque el Ejecutivo no ha expedido el reglamento necesario.
Y por su parte la Secretaría de Gobernación (Segob) anuncia una Unidad de Búsqueda de Personas con 12 agentes, sin oficinas, ni presupuesto , como consecuencia de la inexistente discusión por parte de las autoridades sobre la necesidad de crear certificados de ausencia que aminoren el costo económico de las desapariciones para las familias de las víctimas.
El derecho a la verdad y a saber son luchas en las que la sociedad debe acompañar a las familias de personas desaparecidas. Si una persona puede disponer impunemente de la libertad de un ser humano, si sus seres cercanos quedan condenados a la incertidumbre de una historia sin final, este desasosiego comenzará a minar los principios elementales del pacto social entre Estado y sociedad.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Pilar Tavera.