OPINIÓN: ¿Japón reinterpreta o renuncia a su "pacifismo"?

Nota del editor: Monserrat Loyde es Analista Internacional en temas sobre política, migración, cultura y sociedad japonesa. Vive en Japón. Síguela en su cuenta de Twitter @lamonse

(CNNMéxico)— Recientemente, Japón volvió a las noticias internacionales por el anuncio del primer ministro Shinzo Abe de la resolución de "reinterpretar el artículo noveno constitucional para ejercer el derecho a la autodefensa colectiva".

“Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales".

Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido.”

Los dos párrafos anteriores son la redacción del artículo noveno de la Constitución japonesa referente al capítulo II sobre la renuncia a la guerra plasmado en su carta magna (vigente desde 1947). El artículo ha merecido el respeto unánime de la comunidad internacional y de su pueblo que vivió los horrores de la Guerra del Pacífico y dos bombas atómicas en su territorio.

Sin embargo, el artículo, rodeado de controversias, debates y sobre todo de ideología dentro de las distintas fuerzas políticas japonesas, paradójicamente en las últimas décadas ha sido la manzana de la discordia entre Japón y su principal aliado político, económico y militar, Estados Unidos, que en otro tiempo fue el artífice de su redacción y de su imposición.

El objetivo principal de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial fue extinguir en Europa el cáncer del fascismo y del nazismo en su versión italiana y alemana, pero también enterrar el militarismo japonés en Asia. El imperio japonés invadió parte de China, la península de Corea y el resto del sudeste asiático hasta llegar a las costas de Australia con el pretexto de salvarlos de la invasión occidental.

Con la derrota de Japón en 1945, la ocupación estadounidense buscó su democratización, al rediseñar una moderna Constitución, pero también procuró bloquear cualquier futuro intento militar en la zona. Desde Japón se conjuraría la estrategia en la región del Pacífico para vencer ideológicamente al enemigo soviético, y muy pronto, al chino.

Tras el triunfo del comunismo en la China de Mao y la declaración de Guerra Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos tiene como aliado natural a Japón por ser anticomunista. Desde entonces comienzan una peculiar relación política y militar que permite tener bases del ejército estadounidense en el archipiélago para sus tareas en la zona además de apoyarlo y defenderlo en caso de un ataque enemigo desde hace más de 60 años.

Aunque Japón prescindió de una fuerza bélica por tierra, mar y aire, en 1954, dos años después de que la ocupación terminara, se promulgó una Ley para crear las Fuerzas de Autodefensa: un cuerpo de seguridad nacional de civiles y no militares. Sus tareas serían la defensa de la soberanía y de los habitantes en caso de un ataque, pero con la ayuda de las de Estados Unidos estacionadas en la zona.

Con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética las prioridades geopolíticas de Washington cambiaron.

A Tokio se le demandó un papel más activo en la arena internacional acorde a su liderazgo económico, comenzando por el cambio al artículo noveno constitucional que lo limitaba en términos de seguridad internacional frente a sus aliados.

Los cambios, aunque paulatinos, llegan en los noventa con la Guerra del Golfo: Japón no puede enviar fuerzas de apoyo a pesar de la presión de EU. A cambio otorga un controvertido cheque de 13 millones de dólares como método diplomático.

Y los distintos primeros ministros comienzan a utilizar el recurso de la “reinterpretación” al artículo noveno para crear leyes que permiten a las autodefensas actuar más allá de sus tareas en la isla. Desde 1992 apoya las Operaciones de Paz de Naciones Unidas en África y el sudeste asiático creando una ley para enviar a las Fuerzas de Autodefensa para participar con acciones mínimas.

En 2001 de nuevo apoya a Washington en la intervención en Afganistán. Crea una ley que autoriza por primera vez a las Autodefensas participar en operaciones de “no-combate”: inteligencia y antiterrorismo. En 2004 se enviaron a Irak cerca de 1,000 autodefensas para realizar tareas de reconstrucción, el más importante despliegue desde el fin de la Guerra del Pacífico.

En ningún caso se requirió de una enmienda constitucional al artículo noveno porque en principio las Fuerzas de Autodefensa no van en calidad de Ejército, aunque en la práctica lo sean. Tampoco llevan armas, ni una declaración de guerra. Apelan simplemente al derecho internacional de apoyo a la paz.

En este escenario, el pasado 10 de julio, el gobierno japonés logró la aprobación de una reinterpretación del artículo noveno para ejercer “el derecho a la autodefensa colectiva” y concretamente lograr que sus Fuerzas de Autodefensa apoyen más activamente a sus aliados.

Un gesto obviamente dirigido a Estados Unidos. El gobierno y sus asesores hablan de “reinterpretar” la Constitución porque de otra manera se tendría que convocar a una enmienda, y según la carta magna las enmiendas deben ser iniciadas en el parlamento japonés y ser luego sometidas a la ratificación del pueblo.

Shinzo Abe evitó buscar la enmienda porque simplemente es impopular en un país que enarbola el pacifismo tras los traumas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Por el contrario repite la necesidad de un “pacifismo proactivo” y así ejercer el derecho a la autodefensa colectiva sin tener que cambiar o eliminar el artículo noveno.

La voces en contra son variadas. Hay quienes aseguran que la táctica de “la reinterpretación” se está convirtiendo en un vicio legal para evitar una reforma constitucional que llevaría mucho tiempo, riesgos y quizás estaría condenada al fracaso.

El gobierno y sus aliados fallan en no mostrar todos los pros y los contras de un cambio radical en la Constitución, por miedo al rechazo de la opinión pública.

Los más renuentes a la medida miran a un Japón con el potencial “militarista” de la primera mitad del siglo XX. Su alegato es más ideológico en un contexto geopolítico muy distinto al de los años de la pre y posguerra. Lo que se percibe es desinformación y precipitación en un ambiente de inseguridad en la zona porque tanto Beijing como Washington son los que buscan mayor control y presencia militar activa en la misma.

Mientras no se cambie el texto constitucional es exagerado afirmar que la “reinterpretación” del derecho a la autodefensa colectiva es renunciar al “pacifismo”.

Pero el gobierno de Abe tendría que dejar de buscar atajos que lo liberan una vez más de esa presión que ejerce Washington aprovechando que tiene mayoría partidaria en ambas Cámaras y convocar a un verdadero debate, en el que participen la sociedad civil y grupos de expertos independientes, sobre la necesidad de enmiendas constitucionales acordes a ese “pacifismo proactivo” que defiende en su nueva política de seguridad nacional.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Monserrat Loyde.