OPINIÓN: Escocia, escuchar a la gente en una democracia directa

Nota del editor: Yuri Beltrán Miranda es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y licenciado en Economía (UNAM); cuenta con estudios en Geografía Electoral, Análisis Político Estratégico y Democracia en América Latina. Es especialista en temas de voto extraterritorial.Síguelo en su cuenta de Twitter: @yuribeltranm

(CNNMéxico) — Desde que en marzo se publicó la Ley Federal de Consulta Popular, en México se ha reabierto el tema sobre las implicaciones de la democracia directa. Se cuestiona en qué casos los representantes populares deben consultar directamente a los votantes sobre el sentido de una decisión a tomar, o bien cuáles serían las condiciones que asegurarían que el resultado de una eventual consulta popular reflejara el verdadero sentir de la sociedad.

Se trata de interrogantes que, con justa razón, generan dudas en un país que tiene poca familiaridad con la democracia directa y sus implicaciones. Como fuere, hay signos de que las consultas populares están cobrando rápidamente adeptos. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya comenzó a recibir las firmas con los que los votantes respaldan diversas consultas sugeridas por partidos políticos. En las próximas fechas la autoridad electoral estará verificando su autenticidad y detectando duplicidades. Si se valida que una consulta alcanzó el porcentaje de apoyo requerido, se procederá a realizarla, previo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá que revisar si se trata de un tema de interés nacional.

En ese marco de tomar confianza en los instrumentos de la democracia directa, conviene seguir de cerca uno de los más importantes referendos que se han llevado a cabo en el mundo en décadas: el que Escocia emprenderá el 18 de septiembre.

Los ciudadanos deberán resolver en esa fecha la siguiente interrogante: "¿Debe Escocia ser un país independiente?". No se requiere una mayoría calificada. Bastaría con que más votantes apoyen el "sí" que el "no", para que el Reino Unido – una de las más grandes potencias del mundo moderno – se desmembrara, perdiendo a uno de sus más valiosos elementos.

En efecto, si Escocia se independiza, el Reino Unido perdería casi el 9% de su producto interno bruto; el 8% de su población y un tercio de su territorio. Peor aún, su posición relativa en las arenas internacionales se debilitaría. Toda vez que los escoceses han aportado una importante proporción del pensamiento “europeísta” del Reino Unido, hay quienes piensan que la independencia llevaría a la escisión británica respecto de la Unión Europea.

A diferencia de las consultas populares mexicanas, el refrendo escocés no fue convocado por un número de votantes. Fue el gobierno del Reino Unido, a través del Primer Ministro David Cameron, quien pactó en 2012 con el gobernante escocés, Alex Salmond (Partido Nacionalista Escocés) la realización del referendo. Lo hizo, en respuesta al inusitado crecimiento que el nacionalismo comenzó a cobrar en esta última década.

Cameron se está jugando todo en este proceso. Puede pasar a la historia como el Primer Ministro que logró evitar – por la vía de la persuasión - que el Reino Unido se divida (y con ello mantenerse en el cargo). Salmond y los nacionalistas están apostando por conseguir la concreción del programa insurgente escocés que se propone aprovechar la riqueza de ese país nórdico para lograr una economía más próspera.

Es quizás esta divergencia la que hace interesante el juego de estrategias que estuvo en curso, pues aunque a Cameron (o a cualquiera de los partidos británicos) en nada le conviene la posibilidad de la independencia, nada hizo por evitarla. Confiado en que la voluntad de los escoceses sea mantener la unidad, declaró en 2012 que es al pueblo de Escocia a quien compete decidir su propio futuro. Prefirió convocar a un referendo en el que tiene mucho que perder que desafiar principios democráticos bien afianzados en el Reino Unido (en 1997, un referendo transfirió atribuciones a Escocia en materia de educación, salud y vivienda).

Desde entonces, lo que ha ocurrido son acuerdos tendentes a garantizar que el referendo funcione en condiciones idóneas. Son llamados a las urnas todos aquellos residentes en Escocia mayores de 16 años, lo cual fue una concesión del gobierno de Cameron, toda vez que la edad para votar en todo el Reino Unido es de 18 años. Pueden votar en forma personal, por correo o hasta por procuración (que un tercero designado por el votante lo haga en su nombre).

Además, se han generado normas para la igualdad, la transparencia y la neutralidad. Las dos campañas en pugna (la unionista y la independentista) reciben acceso a medios de comunicación y tienen acceso a franquicias postales. Tienen un límite de campaña (1.5 millones de libras) que no deben traspasar. La Comisión Electoral tiene atribuciones de fiscalización.

La suerte está echada. Nadie puede anticipar lo que ocurrirá en las urnas. Si bien encuestas recientes estiman una ligera ventaja (52% vs 48%) en favor del “NO” (no a la independencia), lo cierto es que apenas hace unos días esos números estuvieron en empate técnico.

Hay elementos que contraponen a escoceses con el resto del Reino Unido: el petróleo, la moneda y la deuda.

Pero hay un elemento que comparten en forma evidente, su respeto irrestricto a las instituciones de la democracia. No sólo está pactado un referendo en el que mucho está en juego. Hay, de hecho, un acuerdo previo para procesar la independencia de Escocia a lo largo de 18 meses, en caso de que triunfe el "Sí".

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Yuri Beltrán Miranda.