OPINIÓN: La corrupción, un mal de todos, una práctica de todos

Nota del editor: Cristopher Ballinas Valdés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y Profesor en Políticas Públicas en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su libro más reciente es The Politics of Agency Design. Politics in the Forging of Autonomous Regulatory Agencies in Mexico se centra en el análisis de las pugnas políticas detrás de la creación de los organismos autónomos en México.

(CNNMéxico) - El breve intercambio que protagonizaron León Krauze y el presidente Enrique Peña Nieto, sobre el carácter de la corrupción durante la mesa redonda organizada por el Fondo de Cultura Económica, dejó entrever mucho de los mitos que existen y persisten sobre la corrupción en el país. Este fenómeno suele percibirse como una actividad exclusiva de la clase política, como resultado de un devenir histórico, como propio de un partido político, régimen o cultural. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno complejo que no puede definirse a través de reduccionismos analíticos. 

La corrupción no es propia de un país, sociedad, segmento poblacional, cultura, profesión, régimen, partido u organización estatal. Tampoco es exclusiva del gobierno, ni se encuentra extendida en todala población. La corrupción no se restringe a un sólo tipo de prácticas, pues involucra una serie de formas, mecanismos y organizaciones en la que intervienen elementos muy variados.

Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en democráticos y no es exclusiva del sector público ya que afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven el intercambio y la economía, las relaciones políticas y sociales, así como la vida cotidiana. 

La corrupción es lo contrario de lo que Adam Smith llamaba “la mano invisible”, ya que supone un beneficio privado para quien la practica al momento de violar obligaciones que se derivan de un cargo, al mismo tiempo que genera un daño al resto de la sociedad, pues la suma de todos los beneficios que por ella recibe uno o varios individuos siempre es menor a todos sus costos. 

Asimismo, la corrupción ahoga a las economías nacionales pues distorsiona sus procesos de toma de decisiones y afecta los proyectos para el desarrollo de un país, incrementando la inversión del gobierno que no se refleja en una mayor producción e infraestructura por el desvío de recursos, por lo que se termina adquiriendo bienes más costosos y/o de menor calidad.

En consecuencia, la corrupción afecta la percepción de aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Peor aún, pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad, así como su capacidad de acceder al desarrollo. 

La complejidad del fenómeno nos debe llevar a tener un mayor uso y comprensión de variables analíticas para su mejor entendimiento y combate. Es común en México que se hable indistintamente de la corrupción política (por ejemplo, inhibir competencia electoral), la administrativa (extraer dinero o documentos) y la privada (fraude, estafa) y sin distinguir donde diversas formas que la caracterizan (como lo son el grado de organización u su grado de frecuencia). Más importante aún, en México ha prevalecido un reduccionismo analítico al explicar sus orígenes, simplificándolo a una sola variable política, como propia de un régimen o partido, o peor aún, a una sola variable social, como lo es la cultural. 

En cuanto a la primera, el común denominador de estas expresiones era la denuncia o la descalificación, más allá que encontrar las variables explicativas para el caso mexicano. Esta perspectiva presentaba a la corrupción como una componente del sistema político mexicano y donde esta cumplía un papel primordial en su estabilidad, haciendo parecer al político mexicano como un cuasi señor feudal y a sus súbditos como indolentes. Esta perspectiva, buscaba en la denuncia de la supuesta la simbiosis entre sistema político y corrupción, su crítica al régimen político. 

La segunda abordaba el tema desde una perspectiva ética-moral, más allá que una sociológica. Así, se asumía también una simbiosis inherente a la cultura mexicana con la corrupción, casi apocalíptica. En pocas palabras, si al mexicano le es inherente la corrupción, ya sea por su cultura o por su moral, poco se podría hacer para combatirla. Esta última corriente es sin duda la más infértil, ya que si bien la primera servía como una vía de denuncia a los abusos del poder político, la segunda dejaba poco margen de acción para la creación de elementos correctivos a los actos de corrupción. Ambas perspectivas, sin embargo, buscaban la explotación sensacionalista de la corrupción. 

La prevalencia de ambos enfoques, nubló el análisis sistemático de la corrupción, inhibiendo también la construcción de marcos institucionales confiables que proveyeran mejores herramientas e instrumentos para examinar y diagnosticar expresiones concretas de ella. La prevalencia de ambas corrientes en la narrativa mexicana han propiciado que se sea incapaz de entender el fenómeno correctamente y por ende construir instituciones que la combatan, en parte, porque posee una visión sobre corrupción incrustada como un elemento constitutivo del sistema político o una variable cultural congénita. Es decir, desde estas perspectivas, poco se puede hacer.

El combate a la corrupción es solo uno de los elementos que poseen las democracias modernas para la vigilancia y control de la labor pública; otros elementos complementarios como la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, son necesarios para tener una correcta supervisión del actuar gubernamental. Estos deben de actuar complementariamente. 

Sin embargo, los políticos mexicanos, en distintos momentos y por diversos motivos, crearon diversas instancias encargadas para llevar a cabo estas tareas, las cuales se encuentran institucionalmente alejadas entre sí y operan sin una coordinación institucional. Así las acciones de control se centraron en una dependencia del Poder Ejecutivo, que se ocuparía parcialmente de la inspección y seguimiento del uso de los recursos públicos, pero cuyas facultades persecutorias fueron delegadas al ministerio público y, por ende, sujetas a las prioridades políticas del titular en turno.

Por otro lado, la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), obedecería entonces a la idea primaria de un control del poder por otro poder, al vigilar las acciones encomendadas al Ejecutivo por el Legislativo. Sin embargo, la Auditoría únicamente verifica el uso de los recursos de acuerdo a los objetivos y los procedimientos aprobados mientras que las acciones preventivas, correctivas y persecutorias quedarondentro de otras instancias, las cuales, trabajan de acuerdo a las prioridades políticas del momento, actuando a posteriori, más allá que a priori, como aquellas instituciones encargadas de velar por la transparencia y los derechos humanos. 

Esta atomización institucional dificulta la prevención, combate y erradicación de la corrupción en todos los niveles.A pesar de ello, esta división ha resultado extremadamente rentable para los gobernantes, pues al contar legalmente con instituciones formales para el combate a la corrupción, su separación permite dividir igualmente los incentivos de aquellos que quieren ocupar estas instituciones para obtener  prebendas o revanchas políticas. Más aún, esto permite combatir una paradoja que persiste en el combate a la corrupción, mientras más se combate, y por ende está más presente en los medios, la ciudadanía percibe mayor corrupción.

Por eso es necesario el diseño integral de instituciones encargadas del combate a la corrupción y que puedan diseñar y ejecutar acciones y políticas públicas coherentes, efectivas y coordinadas para combatir cada una de estas prácticas. Convirtiendo esta lucha en una labor extremadamente compleja. 

La corrupción es un síntoma de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. Por lo que su combate es una oportunidad para crear y fortalecer instituciones encargadas de su prevención y erradicación, modificando el comportamiento de organizaciones públicas y privadas que persiguen un beneficio personal y favoreciendo aquellas que propician un desarrollo global.

De aquí que la solicitud de la creación de una verdadera agencia independiente que pueda prevenir, combatir y erradicar la educación no es un mero berrinche político ni la oportunidad de cobrarle facturas al gobierno en turno. 

Que se perciba el fenómeno a través de un reduccionismo analítico, como es la variable cultural o sistemática, dificulta el debate para la creación de la prometida agencia nacional anticorrupción, la cual necesitará de facultades suficientes para el combate de la misma, no por una cuestión ética o moral, sino porque ésta daña el desarrollo de la sociedad en su conjunto y la credibilidad de sus gobiernos.

Su lucha no puede ser improvisada, sin un diseño y estrategia clara; pues debe distinguir claramente entre un mal diseño institucional (por ejemplo, el RENAVE) de prácticas indebidas (desvió de recursos); falta de conocimiento e impericia (por ejemplo, un servidor público poco capacitado) y debe contar con la capacidad para combatir de igual manera prácticas de alta organización (licitaciones de los bancos) de las de baja organización (robo en ventanilla).

Se necesita construir las instituciones que controlen, prevengan y corrijan la corrupción y que interactúen cabalmente con otras agencias encargadas de la vigilancia de la labor pública.

Por lo que resulta impostergable la creación de una agencia encargada de la prevención, control y erradicación de la corrupción. Esta agencia debe contener estos tres elementos, ya que de otra manera terminará siendo una agencia infructuosa e incapaz de realizar su objetivo. México necesita una agencia anticorrupción que esté a la altura del desarrollo y gobierno que merecen sus ciudadanos.

La creación de las capacidades institucionales para prevención, combate y erradicación de la corrupción debe darse así como una forma de favorecer el desarrollo del país al erradicar prácticas que se lo impiden, además de la participación de todos los individuos de una sociedaden el perfeccionamiento del buen gobierno, inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.

Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a Cristopher Ballinas Valdés.