OPINIÓN: ¿Por qué hay que detener la guerra contra las drogas?

Nota del editor: Jorge Javier Romero es profesor asociado del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.

(CNN)— El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Poco después encontraron muertos a tres de ellos; se dice que a uno de ellos le arrancaron la piel del rostro. Los estudiantes estaban en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, e iban rumbo a una protesta por la falta de recursos para su escuela.

Las desapariciones indignaron a la sociedad y provocaron que los ciudadanos se manifestaran masivamente en todo el país. La opinión pública cree que el crimen fue un acto de terrorismo de Estado, idea que ha recibido el respaldo de los reportes de que la policía local secuestró a los estudiantes por órdenes del alcalde de Iguala, quien fue detenido, y los entregaron a una pandilla que luego los mató. Se ha arrestado a docenas de sospechosos, entre ellos a algunos miembros de la policía municipal y al alcalde de Iguala y a su esposa , quienes presuntamente tienen lazos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Human Rights Watch señaló que el incidente de Ayotzinapa ha sido la peor crisis de derechos humanos a la que México se ha enfrentado desde la masacre de los estudiantes desarmados en Tlatelolco en 1968. No obstante, este es el más atroz de los muchos actos de violencia de Estado que han ocurrido desde que el gobierno mexicano intensificó su guerra contra los cárteles de la droga. En gran parte del país han ocurrido masacres como resultado del enfrentamiento entre los traficantes y los agentes del Estado (policía y fuerzas armadas) o entre los grupos delictivos rivales que se disputan el control de las rutas y los mercados.

El costo humano de esta guerra ha sido enorme. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hubo 95,000 muertes violentas en el país entre 2006 y 2012. De ellas, se estima que 60,000 están relacionadas con la guerra contra las drogas. En el mismo periodo, según la Procuraduría General de la República, se reportaron 25,000 personas desaparecidas.

Al principio de la campaña contra los cárteles, México solicitó y recibió el apoyo de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida, que se aprobó en marzo de 2007 y con la que se incrementó el financiamiento de Estados Unidos de 40 millones de dólares (unos 520 millones de pesos) al año que México recibía a mediados de la década de 2000 a 1,500 millones de dólares (unos 19,500 millones de pesos) en la primera etapa de la iniciativa.

El objetivo de la Iniciativa Mérida era proporcionar a las fuerzas de seguridad mexicanas el equipo y la capacitación para contrarrestar el tráfico de drogas. En respuesta a las críticas de que la primera etapa no había abordado el desarrollo de capacidades y la reforma institucional, la segunda etapa o Beyond Merida (Más allá de Mérida) incluyó recursos para apuntalar la legalidad y el fortalecimiento de las comunidades.

Sin embargo, los resultados han sido desastrosos.

La realidad es que los traficantes han aprovechado las debilidades institucionales y la corrupción de los gobiernos municipales para controlar a la policía y a los políticos locales. La pobreza y marginación de los campesinos (quienes carecen de acceso al crédito, tienen que pagar precios altos por las semillas, fertilizantes y el transporte de sus productos y carecen de la tecnología necesaria para desarrollar cultivos con alto valor de mercado) son una oportunidad para los traficantes, quienes los contratan para producir amapola o marihuana. Aunque les pagan salarios reducidos, sus ingresos ilícitos siguen siendo más altos de lo que recibirían con cultivos tradicionales. Pero si no fuera por la prohibición, los cultivos ilegales no serían redituables.

Tristemente, la ausencia de límites legales, y morales, no es exclusiva de los criminales, ya que las fuerzas de seguridad del Estado cometen atrocidades con el pretexto de la guerra contra las drogas. Hace poco, en junio, consignaron a siete soldados por la ejecución extrajudicial de 22 supuestos traficantes en Tlatlaya , en el Estado de México. De acuerdo con los testigos, las víctimas ya se habían rendido.

Este no es, de forma alguna, un hecho aislado. Las ejecuciones extrajudiciales son una costumbre recurrente tanto del Ejército como de la Armada, corporaciones que están involucradas en una guerra en la que no se respetan los derechos humanos ni el Estado de derecho.

De hecho, un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló recientemente que cuando la policía federal se enfrenta a los criminales "2.6 sospechosos morían por cada persona que resultaba herida. Cuando el Ejército estaba involucrado, las muertes aumentaron a nueve y cuando la Armada participó, la cantidad se víctimas mortales ascendió a 17 por cada herido".

Mientras tanto, tras más de 10 años de guerra contra las drogas, no ha desaparecido ni la oferta ni la demanda de drogas ilegales. De hecho, ni siquiera ha habido una reducción de la oferta a ambos lados de la frontera con Estados Unidos. De igual forma, los cárteles no han desaparecido en México. De hecho se han multiplicado como resultado de la fragmentación, mientras que el nivel de violencia ha aumentado.

Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa son apenas la punta de un iceberg cuya profunda base socava rápidamente a las atribuladas instituciones de los gobiernos locales de todo México. La violencia está ahuyentando a la inversión que llevaría el desarrollo a las regiones marginadas mientras los cárteles, fortalecidos con los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas, diversifican sus actividades y extorsionan a los mercados legales al más puro estilo de la mafia.

A final de cuentas, poner fin a la guerra fallida contra las drogas ahora es una cuestión de supervivencia para México. Si México quiere restaurar la paz y la normalidad, los recursos que hoy se destinan a combatir el tráfico deben destinarse a desarrollar las capacidades, a la reforma institucional de las fuerzas locales y a la persecución de delitos predatorios. Además, una política de drogas nueva, enfocada en la salud y que enfatice la prevención, la reducción de los daños y el tratamiento debe reemplazar el énfasis en la persecución policiaca y militar.

La verdad es que la guerra contra las drogas ha hecho más daño que bien. Es hora de que termine.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Jorge Javier Romero.