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Contrataciones públicas, el pendiente de la CFE

Tras la reforma energética, la CFE debe modificar sus contrataciones públicas: María José Montiel; es fundamental que este proceso sea rentable y que cumpla con los más altos estándares éticos.
Telecomm es un organismo público descentralizado. (Foto: Cuartoscuro)
cfe

La reforma energética trajo consigo cambios institucionales de gran calado. Entre los más significativos está la naturaleza orgánica de las otrora empresas paraestatales: PEMEX y CFE. A partir de la reforma, ambas han adquirido la denominación de empresas productivas del Estado, cuyo objeto, según el decreto de reforma, es la “creación de valor económico, con sentido de equidad y responsabilidad social.”Además se previó para ambas una mayor autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

Parte de estos cambios institucionales implicaron la transformación hacia un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.[1] El 11 de agosto de 2014 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Entre otros temas, este ordenamiento prevé las disposiciones generales para las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la CFE. Ello significa que a la contratación en CFE ya no le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público. Sin embargo, aún está pendiente que el Consejo de Administración emita las disposiciones y políticas internas en la materia.

En esta coyuntura, resultan pertinentes las recomendaciones que presentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el pasado 7 de enero para que, en concreto, la CFE adapte su sistema de contratación pública hacia uno que sea verdaderamente de clase mundial. El Informe Analítico sobre el Cumplimiento de la Legislación, Regulaciones y Prácticas de la CFE con las Mejores Prácticas de la OCDE es el cuarto proyecto que se realiza con una entidad pública mexicana.[2] Este informe es un esfuerzo interinstitucional entre la OCDE, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para la CFE es fundamental que la contratación sea rentable y que cumpla con los más altos estándares éticos, más aún a la luz de los escándalos recientes en materia de contratación pública. El  gasto de la CFE es tan significativo que se requieren mecanismos para fomentar la competencia en los procesos de contratación. Hasta antes de la reforma energética, la CFE era la segunda entidad pública más grande en términos del presupuesto asignado a adquisiciones en México, con más de 300 unidades compradoras. El gasto de adquisiciones de la CFE representaba prácticamente 20% de todo el presupuesto de adquisiciones federales.[3]

De este modo, el informe evalúa si las prácticas de contratación[4] de la CFE cumplen con los “Lineamientos de la OCDE para Combatir la Colusión entre Oferentes en las Licitaciones Públicas”. Si bien el análisis se hizo con base en los procesos de contratación entre 2008 y 2012, los hallazgos bien pueden tomarse como el mapa de ruta para la emisión de políticas de adquisición en el nuevo régimen.

En un sector donde la CFE ha operado muchas veces como monopsonio (único comprador) de ciertos bienes, el riesgo de colusión es mucho mayor pues no han existido parámetros de comparación con otras empresas similares. Las áreas de oportunidad más importantes se refieren a cómo los funcionarios de adquisiciones de la CFE pueden diseñar mejores estrategias de compra, recopilar y sistematizar más y mejor información. Una estrategia bien planificada, así como un equipo independiente y especializado son necesarios para reducir el riesgo de manipulación de licitaciones.

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Otra recomendación es priorizar los esfuerzos para mejorar los estudios de mercado y hacer que esta información sea más accesible a los funcionarios de adquisiciones. Para ello, la OCDE recomienda que la CFE construya una base de datos robusta en materia de contrataciones con información histórica, así como crear una unidad especializada para elaborar estudios de mercado, dedicada a supervisar y coordinar esta importante fase del proceso de adquisición.

Adicionalmente, se sugiere que la CFE lleve a cabo análisis costo-beneficio sobre los procedimientos de adquisición que ha realizado en el pasado. Ello permitirá determinar las mejores estrategias para la adquisición de distintos bienes y servicios. También se recomienda incrementar el diálogo con los proveedores, siempre y cuando no se intercambie información sensible –tal como precios, o estructuras de costos. De no limitarse esta información, podría ser utilizada por los oferentes para coordinar su comportamiento durante las licitaciones y facilitar acuerdos colusorios.

Otras recomendaciones incluyen expandir los esfuerzos que hasta ahora ha realizado la CFE. Es prioritario ampliar el potencial de las compras consolidadas y lograr un mejor aprovechamiento de los contratos marco y de las subastas en reversa. La CFE debe adoptar prácticas para aumentar el número de oferentes, implementar un enfoque estricto para aceptar ofertas conjuntas (consorcios), limitar el abastecimiento simultáneo e impedir el uso de la subcontratación sin control alguno. De este modo, los funcionarios encargados de la contratación se encontrarán en una mejor posición para prevenir y detectar acuerdos de manipulación de licitaciones.

El Informe y las recomendaciones se pueden consultar en el siguiente sitio: http://www.oecd.org/daf/competition/combate-colusion-contrataciones-publicas-mexico-cfe-2015.htm

*La autora es consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad.

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[1]          Fracción VI del Vigésimo Transitorio del Decreto de Reforma Energética publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

[2]              Los casos anteriores fueron: IMSS, Estado de México e ISSSTE.

[3]          Esta cifra no incluye las compras realizadas a PEMEX.

[4]              La contratación de obras públicas y de infraestructura no formó parte de este proyecto.

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