La llamada Ley Ficrea representa a la perfección la lucha de David contra Golliat.
Esta legislación pretende el rescate a ahorradores por el fraude que cometió una financiera privada por la falta de supervisión de parte de la autoridad; y también quiere implantar una regulación que afectaría negativamente a las financieras populares , pues les quieren imponer un tope de inversión de dos millones de pesos por ahorrador, privándolos de la principal fuente de recursos para fondear sus préstamos.
La nueva regulación propuesta es tan excesiva que prácticamente borrará del mapa a financieras populares que atienden a más de 8 millones de usuarios, cada uno con créditos promedio por 7,000 pesos, es decir, los segmentos de más bajos ingresos, a los que pertenecen especialmente mujeres y micro empresas que no tienen acceso a sistemas de financiamiento de la banca de fomento.
Esto quiere decir que, de ser aprobada la nueva ley, reforzará la concentración del negocio financiero en un oligopolio bancario, dominado en un 80% por los cinco grandes bancos. Esto ha derivado en muchos de los problemas de crecimiento de nuestro país: las empresas medianas y pequeñas, los pequeños emprendedores, microempresas no cuentan con un sistema financiero que los atienda, y con esta nueva regulación el problema será mayor pues desaparecerán muchas de estas pocas opciones.
Ahora bien, estamos hablando de un fraude entre particulares por una mala supervisión de la autoridad; y ésta quiere que las pérdidas generadas por una empresa privada sean pagadas con recursos públicos. Con esto la autoridad desvirtúa la economía, pues pretende que cuando las utilidades existan sean a favor de particulares, mientras que cuando se den pérdidas entonces sean públicas, es decir de todos los mexicanos. ¡Qué perversión!
Detrás de la Ley Ficrea está el pensamiento de las autoridades reguladoras, desde Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, de que quien acude a las financieras populares es la población de más bajos ingresos, que es innecesaria para la economía del país. Creen también que el servicio puede ser asumido por los grandes bancos, oligopolio protegido por el Gobierno.
El rescate de Ficrea abre la puerta a un nuevo Fobaproa. Es muy grave que estemos hablando de una legislación que busca salvar a una empresa pero no fincar responsabilidades para funcionarios de la SHCP y de la Comisión Nacional Bancaria, quienes debieron haber intervenido ante violaciones tan evidentes y que fueron conocidas con mucha antelación en el sector.
Este caso envía un pésimo mensaje a todos: a las empresas financieras, pues entenderán que no importa qué tanto riesgo tomen al ir por ganancias especulativas, ya que en caso de un descalabro el Gobierno siempre entrará a su rescate, a costa de los mexicanos; y a los ahorradores, al darles manga ancha para depositar su dinero en donde les pagan mayores rendimientos, aunque sean financieras de mayor riesgo, al cabo que el Gobierno rescatará sus ahorros e inversiones en caso de problemas.
Tal legislación destruiría la piedra angular de todo sistema financiero: la confianza y la seguridad en relación al rendimiento, al cabo que el “Gobierno” proveerá, a pesar de que existe un seguro en caso de quiebra.
Y lo realmente grave: el daño de la Ley Ficrea recae contra millones de mexicanos que tienen crédito gracias al sistema popular y que quedarán sin opciones para el ahorro y la inversión, y contra todos los mexicanos que acabaremos pagando los platos rotos por un fraude de particulares. No se vale.
* El autor es senador por Sonora. Vicecoordinador de Política Económica del Grupo Parlamentario del PAN.