Asociaciones Público Privadas, ‘débiles’ en infraestructura

Al interior del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se analiza la razón por la cual durante los dos últimos años ha disminuido la actividad de infraestructura bajo el esquema de Participación Público Privada (APP).

Las APP tienen dos modalidades respecto a la fuente de pago de la inversión: 1) Cobro a los usuarios como es el caso en las concesiones carreteras y 2) Cobro a la dependencia contratante como sucede  en Proyectos o Contratos de Prestación de Servicios, (PPS o CPS).

La nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (Ley APP) fue publicada en enero de 2012, seguida por su reglamento en noviembre del mismo año. Sin embargo a la fecha sólo se han licitado y asignado únicamente cuatro proyectos bajo esta nueva Ley APP, dos federales (hospitales del ISSSTE) y dos estatales (Acueducto Monterrey VI y Museo Barroco Puebla).

En este contexto, cabe recordar que durante la Administración del Presidente Carlos Salinas (1989-1994) México fue uno de los pocos países que logró dar un importante impulso al desarrollo de infraestructura con participación de la inversión privada. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera de 1995 provocada por la devaluación del peso en diciembre de 1994, dicho proceso se detuvo de manera abrupta y empezó a recuperarse hasta mediados de la Administración del Presidente Fox (2000-2006). 

En la Administración del Presidente Calderón (2006-2012) se dio continuidad al desarrollo de infraestructura a pesar de la crisis financiera global de 2008, ganándose el nombre del “sexenio de Infraestructura” gracias en gran parte al apoyo de la banca de desarrollo y del Fondo Nacional de Infraestructura, cuyos apoyos permitieron la ejecución de múltiples proyectos con inversión privada.

Según nuestro análisis la razón por la cual la nueva Ley APP no se está utilizando se debe principalmente a:

• Los requisitos para su aprobación (Artículo 14) son tales que se requiere un alto grado de planeación y gestión por parte de las dependencias. Dichos requisitos incluyen la presentación a la Cámara de Diputados para su inclusión en el presupuesto multianual en el caso de PPS. Actualmente dentro de las dependencias Federales, el ISSSTE es la única institución que ha previsto incluir en su estructura un equipo de funcionarios profesionales y asesores específicamente para dicha labor.  

• La falta de énfasis por la Administración actual durante 2013 y 2014 sobre la inversión privada bajo esquemas de Concesión o PPS. La apuesta fue un ejercicio más ágil de recursos presupuestados vía obra pública. Sin embargo la falta de agilidad en el ejercicio del gasto durante los primeros 18 meses de la Administración y la caída del precio del petróleo en los últimos nueve meses han obligado al Gobierno Federal a reorientar su esfuerzo mediante la atracción de inversión privada para el financiamiento de infraestructura. 

• La preparación y gestión adecuada de proyectos de infraestructura bajo esquemas de APP requiere de por lo menos 24 meses para poder licitar lo cual desincentiva a los actores políticos por la lejanía de los resultados.

Cabe mencionar que mientras las APP implican un costo adicional en su preparación y financiamiento, también tienen la virtud de transferir el riesgo de la  construcción, operación y mantenimiento del proyecto al sector privado, aislarlo del riesgo de recortes presupuestales, sobrecostos y asegurar el buen estado de mantenimiento del activo durante el plazo del contrato. 

Para lograr lo anterior se recomienda equipar a las dependencias con personal calificado para gestionar proyectos de APP, crear un Centro de Conocimiento (“Knowledge Center”) en la SHCP para asesorar a las dependencias y Gobiernos Estatales, así como promover la cultura de planeación y preparación de proyectos transexenales.

En conclusión y con el fin de detonar de nuevo la participación de la inversión privada en infraestructura a partir de 2016, el IMEF considera la necesidad de dedicar recursos a la preparación adecuada de proyectos, tanto en aspectos técnicos, como jurídicos y financieros, lo cual minimizará las variaciones en el costo y en los tiempos de ejecución, además de transmitir adecuadamente a la sociedad, las ventajas  de la participación de capital privado en infraestructura. 

*El autor es Presidente del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del IMEF y socio fundador de Gulesserian Consultores, S.C. haig@gulesserian.com.mx