Cómo recuperar la producción y salud de nuestros mares
El mar es, sin duda, uno de los recursos más valiosos que tiene México. Su extensión es 1.3 veces la del territorio continental, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto aporta a la economía nacional.
Esto no sólo es un problema de nuestro país, en general se desconoce el valor que tienen los mares en la economía global. Por ello, este año un grupo de organizaciones como The Economist, el Environmental Defense Fund y las Universidades de California y Washington, entre otras, publicaron diversos estudios que intentan medir la aportación de los mares en la economía global y entender los retos para su desarrollo.
Todos estos estudios se enmarcaron bajo un nuevo concepto denominado la “economía azul” o blue economy.
El concepto nace, no sólo por la creciente relevancia que han tenido los mares y océanos en las economías de los países, sino por el deterioro que han sufrido pese a su limitado aprovechamiento.
Por ejemplo, en México se estima que únicamente se aprovecha el 35% de las especies conocidas de pesca y que cerca de 80% de éstas se encuentran a su máximo nivel de explotación o sobreexplotadas. Por si fuera poco, la presión por explotar dichos recursos crece cada día debido:
- Al agotamiento de los recursos terrestres, lo que lleva a extraer minerales, generar energía y producir más comida del mar.
- Los avances tecnológicos, que hacen posible la explotación de recursos marinos a costos competitivos.
- La falta de gobernanza en el territorio marino, derivada de la falta de derechos de explotación claros, lo que provoca que más personas quieran extraer una mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible.
Por ello, el estudio El potencial de la recuperación de la pesca en México: cómo un manejo pesquero sustentable puede generar más abundancia, más valor y más recursos, que dio a conocer la semana pasada el EDF, es particularmente relevante para entender cómo revertir la tendencia que vive el sector pesquero mexicano y establecer un orden en el manejo de sus recursos.
El estudio, el más completo que se ha realizado en el país (contempla 60% de todas las capturas marinas al considerar 28 pesquerías), concluye que con establecer un manejo basado en derechos de pesca y hacer cumplir la ley se puede lograr una mayores utilidades para los pescadores y una pesca sustentable.
Como muestra la gráfica, implementar ambas medidas no sólo revertiría el deterioro de las pesquerías analizadas al 2020, sino que mantendría la sostenibilidad de las mismas en el largo plazo. Por el contrario, no hacer nada, convertiría a la pesca en una actividad meramente recreativa para el año 2020 debido al agotamiento de las especies y el encarecimiento de la actividad. Esto afectaría a las cerca de dos millones de familias mexicanas que dependen de manera directa e indirecta de esta actividad.
De hecho, si únicamente se implementa un Sistema Basado en Derechos (la medida con mayor impacto), se podrían generar $169 millones de dólares anuales adicionales para los pescadores de estas pesquerías y a la vez se mantener 58% más peces en el mar y aumentar en 9% las capturas, respecto al escenario tendencial.
Un punto fundamental es que la evidencia empírica, tanto en México como en el resto del mundo, muestra que estos resultados se pueden lograr en periodos de nueve años en promedio.
El manejo basado en derechos funciona porque genera los incentivos correctos para que los propios pescadores protejan sus pesquerías y de esta forma mejoren su producto y sus ganancias. El sistema no implica más que el establecer un tope a la producción de una especie en un territorio determinado.
Sin embargo, para que funcione se tiene que garantizar el respeto de dicho tope en el tiempo, lo que implica mucho trabajo de medición y monitoreo por parte de los pescadores. Afortunadamente, la experiencia de las cerca de 10 comunidades pesqueras que han adoptado este sistema en el país de manera voluntaria, muestra resultados positivos tanto en lo económico, como en lo social y ambiental.
Por ello, en el IMCO esperamos que este estudio sirva para que nuestros legisladores y autoridades consideren la implementación de este sistema a la brevedad en todo el país. Para ello, será necesario no sólo modernizar nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sino crear políticas públicas de al menos cinco a siete años que garanticen la instalación de sistemas de medición y vigilancia en las comunidades pesqueras.
El tiempo apremia, el costo de no cambiar es demasiado alto. Es hora de demostrar a lo largo y ancho del territorio cómo: menos pesca implica mayores ganancias, no sólo en el largo plazo, sino en el muy corto también.
*Rodrigo Gallegos es Director de Cambio Climático y Tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).
