OPINIÓN. La disputa por el salario mínimo: perspectivas para el desarrollo

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad del autor.

(Expansión) — Hoy en día el incremento del nivel de pobreza de la sociedad mexicana muestra una pérdida en la esperanza de que las cosas mejoren; cifras del INEGI indican que en el 2016 los hogares más pobres contaron con un ingreso promedio de 8,166 pesos al trimestre; en cambio, los hogares más ricos alcanzaron un promedio en sus ingresos de 168,855 pesos, es decir, casi 21 veces más.

Ante esta realidad ¿realmente México procura la igualdad de oportunidades, con el propósito de que la sociedad tenga mejores niveles de desarrollo? Una posible respuesta se materializa en la declaración del pasado 21 de mayo, en donde Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó no aumentar el salario mínimo, ya que hacerlo en este momento del año traería riesgos para el crecimiento económico, el empleo y la inflación.

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Ante ello el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, anunció que dará la batalla para que los salarios mínimos generales se incrementen a 98.15 pesos, un tema que en fechas recientes puso sobre la mesa a los propios candidatos a la Presidencia de la República.

nullPara más referencia, en el primer trimestre del 2108, el INEGI reportó una tasa de condiciones críticas de ocupación del 15.55%, es decir, que en el país hay 8,199,630 personas que laboran en condiciones inadecuadas desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos, incluye a las personas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

El impacto social negativo de estas cifras se refleja de manera contundente en el descenso de cualquier forma de interacción humana; sobre todo la existente entre padres e hijos, debido a que ambos (madre y padre), deben trabajar cerca de 50 horas a la semana en la búsqueda de alcanzar el bienestar familiar.

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Esto es solo una parte de los hechos, pues el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que entre el primer trimestre de 2017 y el primer cuarto de 2018 la población que no pudo comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales aumentó de 38.9% a 39.1%, de la población ocupada; lo que representa 20,684,230 personas.

¿Si México es un país desigual, qué consecuencias se pueden esperar? La desigualdad trae consigo consecuencias potencialmente negativas para la sociedad en su conjunto, uno de estos efectos se materializa sobre el modelo de democracia participativa del país; en esta realidad la concentración de riqueza ejercida por el 1% de la población se traduce en una alta concentración de poder en manos de este sector, ello limita la capacidad de la ciudadanía para influir libremente en las decisiones públicas.

Estas condiciones incentivan que la estructura política y económica de país continúe con una inercia legislativa que profundiza la concentración de la riqueza, así la política fiscal, la desregulación del sistema laboral, la política económica y la política social responden a esta dinámica.

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Con la proximidad del proceso electoral del 2018, esta realidad de un país con alto grado de desigualdad en el ingreso es parte del concierto de propuestas y discursos que pretenden resolver esta situación; sin embargo, habrá que ir más allá en el análisis, pues no solo se trata de reducir la desigualdad a través de incrementar el nivel de los salarios, también se requiere un proceso profundo de democratización en las formas y mecanismos de participación ciudadana que permitan el involucramiento creciente de la sociedad en la toma de decisiones, y específicamente de aquellos que han vivido al margen de estos procesos.

Esta democratización también es deseable para los procesos que definirán el desarrollo urbano y la política industrial, pues el manejo inadecuado de ellas trae consigo un relativo abandono, tanto privado como público, de distintas regiones rurales del país, lo cual se ve reflejado en decadentes oportunidades en el campo, desastres naturales recurrentes, falta de infraestructura, violencia, así como una profunda apatía de las instituciones. Es por ello que en México las ciudades principales han sido el destino de millones de personas forzadas, de una u otra forma, a abandonar el campo o las ciudades pequeñas.

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Así, el carácter desigual en el desarrollo del país se aprecia también en el ámbito espacial. La distribución territorial de la población y de la actividad económica presenta agudos contrastes, que se reflejan en extremos de dispersión y concentración de pobreza y aparente apogeo.

El reto para el programa económico de la siguiente administración será, no solo buscar el crecimiento de la economía, sino que también deberá garantizar el bien común, la seguridad generalizada, la igualdad, la justicia y la libertad para todos y cada uno de quienes forman parte de la sociedad mexicana.

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