OPINIÓN. La democracia participativa en México: el caso del NAIM
Nota del editor: Daniel Schugurensky es profesor de School of Social Transformation and the School of Public Affairs y director de Participatory Governance Initiative, Arizona State University. Se ha especializado en la dimensión educativa de la democracia local, con foco en presupuestos participativos y en jurados ciudadanos. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(Expansión) – El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha proclamado en múltiples ocasiones su intención de promover la democracia participativa, y ha traducido ese compromiso en la creación de una Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. También ha propuesto hacer consultas sobre temas controvertidos como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, la reforma energética, el derecho de parejas del mismo sexo a adoptar, la reforma educativa, la ley de amnistía, la revocación del mandato presidencial, y la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM).
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Sobre este último asunto, AMLO ya ha anunciado que la consulta, que sería vinculatoria, se realizará a finales de octubre. Si bien es encomiable la disposición a complementar las instituciones de la democracia representativa con las de la democracia participativa, es importante tomar los recaudos necesarios para que esta consulta sea exitosa. Siendo éste el primer ejercicio democrático del nuevo gobierno, de su éxito o fracaso dependerá en gran medida el grado de aceptación de futuras consultas sobre otros temas durante el próximo sexenio.
Un dato preocupante es que el gobierno entrante manifestó intenciones de encargar un estudio técnico a una agencia internacional de prestigio para confirmar o refutar el informe de MITRE (el centro de investigación y desarrollo aeronáutico dependiente del MIT) sobre la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía. El problema es que los resultados de este nuevo estudio se conocerían dentro de unos cinco meses, bastante después de concluida la consulta popular.
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Esto es preocupante por dos razones. Primero, porque la ciudadanía deberá dedicar considerable tiempo y energía a analizar una gran variedad de asuntos (desde ingeniería aeronáutica, hasta impactos financieros, ambientales y sociales) para optar por uno de los dos proyectos, pero sin saber a ciencia cierta si uno de ellos es factible. Segundo, porque si en la consulta gana el segundo proyecto y el estudio internacional confirma los datos de MITRE, el gobierno se vería obligado a desconocer la voluntad popular, lo cual generaría desconfianza pública hacia la democracia participativa durante el próximo sexenio.
Más allá del conflicto de las fechas, lo que se vislumbra en esta y en otras consultas que se hacen en muchas partes del mundo, es la tensión entre dos caras de la democracia participativa: la democracia directa y la democracia deliberativa.
En teoría, la democracia participativa requiere las dos cosas. Por un lado, espacios deliberativos para que el público pueda intercambiar información, argumentos y perspectivas sobre los pros y contras del asunto que se esté considerando antes de tomar una decisión. Por otro lado, procesos que le permitan a los ciudadanos tomar decisiones sobre temas que los afectan. En la práctica concreta de la democracia participativa, sin embargo, es posible observar un amplio espectro en el cual la deliberación y la toma de decisiones están presentes en diferentes proporciones.
La pregunta de fondo detrás de esta tensión entre democracia deliberativa y directa es si la principal función de la democracia participativa es fomentar una ciudadanía más informada y una cultura más deliberativa o darle más poder de decisión a los ciudadanos en asuntos que le competen. Se podría argumentar que ambas son igualmente importantes, pero en el mundo de la democracia participativa se tiende a enfatizar la una o la otra. Por ello, uno de los grandes desafíos de la democracia participativa de los próximos años será el diseño, implementación y evaluación de procesos que combinen en forma efectiva y creativa la democracia deliberativa y la directa.
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Afortunadamente ya existen experimentos en esta línea. Los jurados ciudadanos, por ejemplo, incluyen modelos tradicionales e innovadores (como las asambleas ciudadanas canadienses y las revisiones de iniciativas ciudadanas de Oregón) pero la mayoría comparte ciertos elementos, entre ellos la selección aleatoria de los participantes (con muestras estratificadas), la deliberación sobre un asunto de interés público, la cuidadosa consideración de los argumentos a favor y en contra, la invitación a representantes de las distintas posiciones a exponer las mismas, así como la asesoría de expertos neutrales de universidades o centros de investigación.
Los jurados ciudadanos se han utilizado también en países como Australia, India, Inglaterra, Alemania, Estonia, Irlanda, Suecia, Nueva Zelandia y Mali, para analizar una gran variedad de temas. Normalmente dichos jurados ciudadanos son abiertos al público y todas las sesiones son filmadas para garantizar confiabilidad y transparencia.
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En el próximo sexenio, México tendrá una oportunidad única para adaptar esas innovaciones a contextos y temas específicos, y de generar modelos originales que combinen lo mejor de la democracia deliberativa y la democracia directa. Es cierto que tanto la democracia representativa como la participativa tienen grandes retos, pero, como dijo John Dewey en su famoso debate con Walter Lippmann hace exactamente un siglo, la cura de los males de la democracia es más democracia.
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