OPINIÓN: 2019 será un año difícil en materia de seguridad y justicia

Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Síguelo en Twitter en @frarivasCoL . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

(Expansión) – Aun cuando los datos oficiales completos sobre incidencia delictiva de todo el año estarán disponibles hasta el próximo 20 de enero de 2019, ya sabemos que 2018 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidio doloso de los últimos 22 años; el registro negativo incluye el récord en narcomenudeo desde que se cuenta con cifras públicas y varios delitos mostrarán aumentos significativos y tendencias al alza.

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Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los primeros dos días de su mandato se habían cometido menos homicidios, lo cierto es que ese dato es difícilmente corroborable, por sí mismo no significa nada, particularmente no puede ser atribuido al nuevo titular del Ejecutivo federal, ya que en los días sucesivos la violencia mantuvo su escalada, aunque volvió a salir a decir lo contrario.

Ante este escenario, 2019 podría presentar retos importantes en materia de seguridad y justicia, especialmente si se toma en consideración que muchos de los nuevos actores relevantes del nuevo gobierno no cuentan con experiencia en la materia, que las transformaciones que plantea el presidente ya se han probado con muy pobres resultados, los recortes presupuestarios que afectarán a entidades y municipios, un legislativo particularmente ocurrente en propuestas que generan preocupación hasta del mismo López Obrador, los cambios de gobierno en entidades que registran preocupantes niveles de inseguridad como Veracruz, Tabasco, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y las elecciones de Baja California, una entidad que vive su peor crisis de violencia.

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Con base en la información de la que disponemos hoy podemos asumir que:

1. El homicidio doloso seguirá creciendo, aunque probablemente el porcentaje de incremento sea menor al que hubo entre 2017 y 2018.
2. Narcomenudeo, robo con violencia, el robo a transportistas, robo de hidrocarburo, extorsión y robo de identidad, mantendrán un comportamiento al alza.
3. La dispersión territorial del delito se mantendrá e incluso aumentará.
4. A raíz de las inversiones en el sureste veremos incrementar los delitos, incluso en entidades que suelen ser consideradas más pacíficas como Chiapas y Yucatán.
5. La tensión entre el Ejecutivo y Poder Judicial de la Federación se mantendrá, incluso se buscarán formas para revertir el sistema de justicia penal adversarial y regresar a prácticas del sistema inquisitorio.
6. Algunos descensos de delitos serán usados como bandera y supuesta evidencia que las decisiones del Ejecutivo federal son acertadas.

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Preocupados por las actuales condiciones de inseguridad y violencia y por la persistencia de errores en las políticas públicas en la materia, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), nos dimos a la tarea de analizar la retórica de candidatos y equipos, así como sus planes y propuestas desde el periodo de intercampañas, luego en la campaña electoral y después de la fase de transición.

Previo a las elecciones presentamos “Por Un México Seguro”, un ejercicio de análisis del diagnóstico, visión y presupuesto de cada uno de los 55 candidatos a ocupar los cargos de titular del Ejecutivo federal y de las nueve gubernaturas estatales en contienda y de ahí emitir recomendaciones específicas para fortalecer cada uno de esos proyectos.

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Ahora, tras la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el ONC consideramos imperativo analizar con detalle los ocho ejes que este plan incluye, su alcance, viabilidad legal y presupuestal, así como posibles resultados.

Este ejercicio buscó esclarecer aquella información que sea poco clara o ambigua y construir sobre la base de información.

De esta manera, en el ONC proponemos acciones como el fortalecimiento, crecimiento del número de efectivos y profesionales y la depuración de las instituciones civiles de seguridad y justicia; el uso de información para la prevención y reacción; reactivar Plataforma México y superar su rezago tecnológico; la priorización al combate a ciertos delitos; la reconstrucción del tejido social; la transformación de otras instituciones que coadyuvan en labores de seguridad para fortalecer el trabajo de la actual administración federal.

Desde el ONC vemos particularmente con preocupación que el gobierno de López Obrador mantiene como eje rector lo que sigue denominando como Plan, cuando no lo es, este documento es un ejercicio de reflexiones y aspiraciones, por ejemplo, por un lado identifica que la inseguridad y violencia tienen un origen multifactorial, mientras que en el documento final no se explica con detalle ni se dimensiona el impacto que cada factor tiene en la situación actual, ni la relación causal entre causas y propuestas.

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Temas como el combate la corrupción, a la delincuencia organizada y de personas desparecidas, se simplifican de una manera relevante y asume que nada se ha hecho o explorado previamente, por lo que parte de las generalizaciones llevan a ideas ya propuestas que han fracasado como la militarización de la seguridad.

En el documento predomina una visión a escala nacional, omitiendo la complejidad y diversidad de lo local, no solo en la naturaleza y dinámicas de los distintos grupos criminales, sino del peso de los propios factores económicos, sociales e institucionales. Esta reafirmación por la centralización llevaría a repetir los errores de las dos anteriores administraciones.

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Sorprende que no todas las propuestas pronunciadas en campaña o en los Foros de Escucha fueron recuperadas en el Plan Nacional, de hecho, no hay mención de los siguientes temas:

• La sustitución de cultivos ilegales
• Atención a víctimas.
• Destinación de los recursos incautados a programas de prevención social y reparación del daño.
• Contraloría Ciudadana con autonomía funcional.
• Plan de independencia tecnológica.
• Creación de un órgano superior de inteligencia.
• Propuestas dirigidas a la figura policial (rediseño de la carrera policial acorde con el Sistema de Justicia Penal Adversarial, enseñanza de nueva ética policial, etc.).
• Inflexión de los índices de violencia en un plazo no mayor a los 180 días.
• Cambio del paradigma de uso exclusivo de la fuerza por el de seguridad humana.
• En el tratamiento de las adicciones, se mencionó que se pondría especial énfasis en los consumidores de cristal por los efectos violentos que genera.
• Búsqueda de una participación más eficaz y comprometida del gobierno de los Estados Unidos en el mercado de armas.
• Política de cero tolerancia que tendrá entre sus principales acciones el gobierno federal como la depuración de las administraciones y la erradicación del influyentismo sobre todo en las áreas de seguridad y justicia.

Algunas de las propuestas que permanecen preocupan más que otras: la militarización de la seguridad pública y la amnistía generalizada.

En el primer caso sorprende la insistencia por desarrollar una Guardia Nacional con mando militar, que canibalizará a la Policía Federal y a la Policía Federal Ministerial en abierta contradicción con el discurso de campaña y con 12 años de posturas en contra el uso de las fuerzas armadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; al tiempo que con esta decisión ignora las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales -incluso de aquellas instituciones como Naciones Unidas y Comisiones de Derechos Humanos que en campaña prometía invitar a ser observadores en México- quienes hemos manifestado éste como un grave error.

Aún más, en el ONC, insistimos en que la desaparición de la Policía Federal y profundizar en la militarización de la seguridad pública pueden generar mayores problemas de los que buscan resolver y, por ende, se debe proponer una estrategia alterna.

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Otro aspecto relevante y sumamente preocupante es cómo en el Plan se plasman casi como sinónimos la reducción de penas, justicia restaurativa y amnistía, pese a que son procesos absolutamente distintos con consecuencias sociales diferentes.

Además, es relevante recordar que la justicia restaurativa jamás se ha usado para casos de delincuencia y en los países donde ha funcionado el uso de colaboradores de justicia, se ha usado el instrumento de reducción de penas, jamás de amnistía.

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Otro craso error sería comenzar de cero la búsqueda de personas desaparecidas tal y como lo adelantó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tras considerar que los mecanismos y leyes a la fecha “son inservibles”, lo que implicará desperdiciar el trabajo realizado por los colectivos, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Búsqueda.

A esto, podemos agregar que, con la honrosa excepción del gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, la mayor parte de los gobiernos entrantes carecen de un diagnóstico, objetivos y ruta para lograrlos.

Por su parte, el legislativo propone cambios que profundizarán las deficiencias en materia de acceso a la justicia e impunidad, como es la ampliación de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa, sin haber propuesto antes un plan para fortalecer la investigación o retomar la rectoría del sistema penitenciario, o de plano disparates sin sentido, como la castración química.

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Un último gran reto consiste en mantener la independencia del Poder Judicial de la Federación, de organismos autónomos como INEGI para medir delitos y que -ante la presión de mostrar resultados en materia-, entidades y federación comiencen a “cucharear” los datos de incidencia delictiva o cambien la metodología y fuentes de información para no hacer rastreable tendencias y datos reales.

En resumen, el 2019 pinta como un año difícil, por lo que solo nos resta desearles buenos augurios para que las autoridades entiendan la importancia de colaborar con la sociedad civil autónoma, independiente y especializada, acepten la crítica y trabajen en planes concretos y no en declaraciones políticas, para tomar rutas que permitan entender hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar.

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