Además, el concepto de “mecanismos de colaboración” es tan ambiguo que aunque este Gobierno tenga un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se pueden abrir oportunidades de corrupción a falta de reglas claras.
En la línea anticorrupción, este cambio da mucho de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión me quiero enfocar en las implicaciones que tendrá para el sector salud. Algunas notas periodísticas lo enmarcan como una oportunidad para acabar con el desabasto de medicamentos que hemos escuchado en los últimos meses. En ese sentido, la reforma es un curita más para compensar el rezago del sector que se suma a la lista que mencioné en mi columna del mes pasado.
Con esta medida, ¿realmente se garantizará el abasto de medicamentos e insumos de salud? La respuesta apunta a que en México no lo podemos saber con certeza. Hay por lo menos dos razones detrás de esta afirmación.
La primera es que el sector salud carece de sistemas que midan el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales de las diversas instituciones. Desde hace muchos años, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado esta carencia . La población sabe que no se cuenta con los insumos necesarios para tratar a los pacientes y proteger al personal de salud por las denuncias que hemos visto en los periódicos.
No obstante, es imposible asegurar cuál es el porcentaje de desabasto en cada estado o unidad médica, ni cuáles son las enfermedades para las que no hay suficientes medicamentos.
La segunda es que la OPS, hasta cierto punto, solo fungirá como intermediario. Una vez realizada la compra, dejará los productos en puertos, fronteras o aeropuertos, por lo que la distribución a más de 22 mil unidades médicas quedará en manos de una distribuidora pública que se creará con este fin. Hay que considerar que el traslado incrementará los costos de dichos insumos.
