(Expansión) – Durante décadas, si no es que siglos, hemos buscado la forma de tener un país más justo y seguro; sin embargo, pareciera que lejos de acercarnos a la tan anhelada paz, cada día nos alejamos más.
No hay una receta certera para construir un estado de paz, pero sabemos que existen elementos clave en los que se tienen que trabajar de manera paralela para conseguirla y estos son: justicia social, seguridad y cero impunidad.
Nelson Mandela decía "Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia". En un país donde más de la mitad de la población no tiene asegurada alimentación, vivienda, salud, ni educación, en el que además se vive en pobreza extrema y les son negados los derechos humanos básicos a miles de personas, es imposible hablar de justicia o paz.
Necesitamos políticas públicas eficientes y eficaces que combatan la pobreza estructural que vive nuestro México, no dádivas, sino programas que verdaderamente rompan el ciclo de pobreza y generen las oportunidades suficientes para el desarrollo integral de las personas. Estas deben generar corresponsabilidad entre el beneficiario y la sociedad, dar dinero sin corresponsabilidad es condenar a las personas a seguir viviendo en abandono social, lo que se deben generar son oportunidades, no entrega de recursos.
Requerimos seguridad; la sociedad en el pacto constitucional le entregó al Estado el monopolio de la fuerza, esto significa que está encargado de salvaguardar y garantizar la seguridad de todas las y los mexicanos. En este sentido, su deber generar entornos seguros a partir de políticas públicas, policías municipales, estatales y federal.
Para lograrlo, necesitamos policías capacitadas, con un trato digno, buenos sueldos y bien equipadas, en pocas palabras, que puedan llevar a cabo su trabajo de forma eficiente. Esto quiere decir que mantengan el orden público, que puedan perseguir los delitos y generar la investigación correspondiente para que el Poder Judicial emita el juicio con todas las herramientas necesarias a la persona que se le acusa de haber cometido un delito. Así, con base en pruebas podrían aplicar la ley a un caso concreto, mientras que la víctima reciba la reparación a la que tiene derecho; sin corrupción.
Cero impunidad, significa sencillamente legalidad, que las policías preparadas hagan su trabajo, que la ley sea justa y aplicada a cabalidad. Que aquel que vulnera el Estado de Derecho tenga una consecuencia a sus actos.
Si alguno de estos puntos no se cumple, es imposible hablar de justicia y mucho menos de paz. Todo esto ha generado una gran impunidad, lo que significa que nueve de cada 10 delitos no tienen consecuencias, generando una sensación de inseguridad en la población y transmitiendo además un mensaje perverso a aquellos que están dispuestos a no respetar las leyes de que estarán a salvo, pues las probabilidades de ser "atrapados" son casi nulas.
Por otro lado, este mismo sistema hace que sea muy probable que un inocente sea condenado por un delito que no cometió, ya sea por pruebas falsas, falta de probidad o por no haber tenido acceso a una buena defensa.
Los legisladores siguen sin entender esto que para algunos parece muy simple, es crucial fortalecer el sistema de justicia de forma integral y evitar los huecos que han generado la impunidad e inseguridad que hoy vivimos, pero hasta hoy ellos han optado por crear leyes aún más punitivas, con más cárcel como castigo, vulnerando a los más pobres y a nuestra, ya de por sí frágil, justicia.
La cárcel nunca debiera ser la primera opción, ni en la ley ni en su aplicación, la privación de la libertad es tan dañina que no sólo vulnera a la quien se priva, sino a toda la sociedad. Una persona que entra a una prisión mexicana tiene más posibilidades de escalar en la cadena delictiva, así como su familia, esto en comparación de cualquier otra que puede acceder a una medida cautelar no privativa de la libertad.
Está de moda hacer "campaña" y generar una falsa sensación de seguridad desde la Cámara de Diputados y Senadores, creando más delitos que castigan con privación y lo que es peor, aumentando la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, la cual es un castigo sin delito, quiere decir que, aunque no te hayan probado la comisión de un acto delictivo estarás en la cárcel hasta que lo prueben o te digan “disculpe usted, nos equivocamos”. Hoy tenemos ejemplos de personas que llevan más de 18 años esperando juicio en prisión. Violando así, sus derechos humanos y tratados internacionales.
Es momento que como sociedad le exijamos a nuestras autoridades, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que cumplan con su trabajo. Que dejen de engañarnos con una falsa seguridad, aumentando las penas. Deben fortalecer las policías, erradicar la corrupción y sobre todo garantizar el cumplimiento de la ley logrando cero impunidad. Únicamente de esta forma podremos alcanzar la paz que tanta falta nos hace.
No hay paz sin justicia y esta no existe con impunidad.
Nota del editor: Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra. Síguela en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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