Para cumplir con la orden del presidente, la SEP publicó una Estrategia Nacional que define los principios y mecanismos de coordinación para el regreso a clases. Además, se actualizó la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas, que a pesar de la evidencia más reciente sigue sugiriendo que las niñas y niños consuman los alimentos dentro del salón. Más aún, no es claro qué estados permitirán las clases presenciales ni bajo qué criterios. Todo esto ha generado un contexto de profunda incertidumbre para maestros, estudiantes y padres de familia.
La desidia y descoordinación de las autoridades son graves, e incluso irresponsables, porque el desafío es mayúsculo y, si no se maneja adecuadamente, sus consecuencias podrían ser determinantes para los estudiantes y sus familias.
La semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) juntó evidencia disponible sobre las implicaciones de la crisis educativa en nuestro país y el resultado es preocupante. La pérdida de aprendizaje que se estima para México equivale a dos años escolares, lo que podría condenar el futuro profesional de los estudiantes.
El Banco Mundial calcula que por la pandemia el estudiante promedio podría perder hasta 8% de su ingreso durante toda su vida productiva. ¡Esto equivale a quitarle un mes de sueldo cada año!
Es importante hacer énfasis en que no todos los estudiantes sentirán estos efectos igual. Quienes durante la pandemia hayan aprendido menos o hayan olvidado más aprendizajes previos les costará más trabajo continuar con su educación o insertarse en el mercado laboral.
El estudio estima que al menos 2.1 millones de estudiantes, el 7% del total, no tuvieron acceso a dispositivos para tomar sus clases ni apoyo en casa, por lo que es muy probable que presenten un rezago académico mayor que el resto.
