(Expansión) - En estos días, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, declaró que era falso que el Instituto Nacional Electoral no tuviera dinero para organizar la revocación de mandato y una consulta popular, y por ello decidieron recortar los casi 5,000 millones de pesos que el INE había pedido para estos temas.
La declaración que hizo el diputado fue la siguiente, la transcribimos textual para no caer en alguna imprecisión o descontextualización.
“Todos los códigos, excepto uno (la fotografía), no sirven para votar, sirven para identificar, sirven para hacer contratos en agencias automotrices, sirven para los bancos, sirven para hacer contratos con otras dependencias, sirven para las notarías y todo eso lo cobra el INE y tiene fideicomisos para eso. El INE le cobra por sus servicios a los organismos electorales de los estados y no informa sobre eso”.
Las declaraciones del diputado ponen en evidencia un serio desconocimiento del funcionamiento del INE, por lo que es importante hacer las siguientes precisiones, con la finalidad de que la sociedad pueda contar con más y mejor información.
Afirma el legislador que todos los códigos (se refiere a las medidas de seguridad con que cuenta la credencial para votar) no sirven para votar, sino para otro tipo de trámites.
Se equivoca, todas las medidas de seguridad con que cuenta el padrón electoral y la credencial tienen por objeto principal garantizar la autenticidad del voto, evitando que una persona pueda contar con más de una credencial y, en consecuencia, que pueda votar más de una vez.
Quienes recuerdan el pasado electoral de nuestro país, saben que uno de los principales problemas del sistema era la falsificación de las credenciales, con lo cual una persona podía votar más de una vez, los muertos que votaban, se “rasuraba” el padrón electoral, entre otras artimañas.
Todo esto, a la fecha, ha dejado de ser un problema, gracias a las medidas de seguridad que han evolucionado y son cada vez más efectivas.
Un padrón electoral debe tener tres características fundamentales, ser auténtico, esto quiere decir que los datos de las personas inscritas deben ser los que les corresponden en la realidad, integral, que estén todos los que deben estar y confiable, que es una consecuencia de los otros dos elementos, y que asegura que la ciudadanía y los actores políticos tengan plena seguridad de la validez del instrumento registral.
Ahora, una de las funciones adicionales de la credencial para votar, que no es menos relevante, es su uso como medio de identificación en trámites ante entes públicos y privados, lo cual no es una cuestión caprichosa del INE, ni un servicio en términos empresariales o económicos, es una obligación impuesta por la Ley General de Población, la cual señala que en tanto se emita la cédula de identidad ciudadana, la credencial para votar servirá como identificación.
El diputado parece menospreciar la relevancia de la credencial como medio de identificación, esto repercute en la seguridad jurídica y personal de la ciudadanía; así como se debe evitar que una persona pueda votar más de una vez, también se debe evitar el robo de identidad, que puede ser sumamente perjudicial para el patrimonio de las personas.
Este servicio que presta el INE tiene costos para la institución, estos servicios no implican una ganancia o utilidad, no tiene un fin comercial, por eso las instituciones usuarias deben restituir los costos de la prestación del servicio.
Estos recursos que se consideran como ingresos excedentes tienen una finalidad concreta, la Junta General Ejecutiva del INE determinó que los recursos que se obtuvieran de las cuotas de recuperación serían destinados al fondo para el mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria y el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana. Al 31 de marzo de este año, el fondo tenia un total de 168,782,537.77 pesos.
Otro fondo con que cuenta el INE es el que está destinado para atender el pasivo laboral. Estos recursos se usan fundamentalmente para dos cosas: 1) el pago de una compensación por término de la relación laboral y 2) para cubrir los pagos que se deben hacer por resolución judicial en juicios laborales.
Este fondo es de suma relevancia, ya que se destina al pago de un reconocimiento a la labor, al trabajo de los funcionarios del INE, tomando en cuenta las cargas de trabajo que representa la organización de un proceso electoral, de usarse estos recursos se estarían afectando los derechos de muchos trabajadores que dejarán de prestar sus servicios. Al 31 de marzo de este año, este fondo contaba con un total de 411,579,129.44 pesos.
Finalmente, el diputado asevera que el INE les cobra a los organismos electorales locales, los servicios e insumos que les presta para la organización de las elecciones en sus entidades.
Otra vez, esta afirmación es imprecisa, ya que, nuevamente se pretende dar a entender que el INE hace negocio con los organismos locales. Los recursos que los institutos tienen que entregar son únicamente para cubrir las erogaciones que el INE realiza y que no pueden ser cubiertas con cargo al erario federal.
Así, por ejemplo, el INE y los organismos locales cubren, cuando se trata de elecciones concurrentes con la federal, la mitad de los costos del equipamiento de casillas, contratación de personal, impresión de listas nominales y demás. En otros casos, estos recursos deben ser cubiertos en su totalidad por los institutos locales, ya que corresponden, íntegramente, a la organización de procesos locales en los que no participa el órgano nacional.
Como se ha explicado, contrario a lo afirmado por el diputado Ignacio Mier, los recursos de que dispone el INE son destinados a un objeto concreto, por lo que pedir que estos se destinen para otras finalidades implica afectar otros programas, algunos de ellos esenciales para el funcionamiento del órgano electoral.
Pareciera que se quiere dar a entender que el INE mantiene recursos escondidos o inactivos, que se usan de manera discrecional, cuando no es cierto, las erogaciones que se hacen a cargo de los fideicomisos tienen una serie de reglas y pasan por la autorización de un Comité Técnico. Todos los recursos, tienen un destino y finalidad específico, establecidos en normas administrativas claras y transparentes.
Resulta muy importante que el debate acerca del presupuesto para la organización de los mecanismos de participación ciudadana, como lo es la revocación de mandato, se ajuste a datos objetivos, y no a meras suposiciones. El dinero presupuestado y solicitado para ese fin por el Instituto es vital para que se cumpla con esa obligación constitucional.
Nota del editor: María Elena Cruz Sauza es catedrática de las Facultades de Derecho y Economía de la UNAM y especialista en materia electoral. Rodrigo Escobar Garduño es especialista en materia electoral. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
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