La solidez institucional no es un asunto meramente técnico, sino la base de la confianza que sostiene a una economía. Cuando un país garantiza reglas claras, justicia independiente y protección frente a la arbitrariedad, atrae inversión, fomenta la innovación y reduce los conflictos. La calidad regulatoria, el estado de derecho, la eficiencia legal y la seguridad frente a la expropiación no son simples indicadores: son los cimientos que definen si un país genera oportunidades o incertidumbre.
Sin embargo, los recientes cambios institucionales en México revelan una paradoja: el país está fortaleciendo algunas dimensiones institucionales mientras desmantela otras, creando las condiciones para mayores disputas entre inversionistas y Estado. No se trata de una historia de colapso institucional, sino de desorientación. Las reformas que ha impulsado el gobierno pueden hacer que las controversias sean más –y no menos— probables.
Recientemente, realicé un análisis empírico entre 40 economías emergentes (2008-2020) y los hallazgos muestran que la “mejora” institucional puede modificar los patrones de disputa de manera compleja. Fortalecer la protección de los derechos de propiedad, cuando supera la capacidad de aplicación de las normas, puede aumentar las disputas, ya que otorga a los inversionistas bases legales más claras para presentar reclamaciones. De igual forma, establecer más acuerdos internacionales de inversión puede fortalecer la imagen de protección del inversionista, pero al mismo tiempo abre más vías legales para litigios.
El gobierno mexicano impulsa reformas que, paradójicamente, buscan reducir los conflictos con inversionistas extranjeros pero en la práctica los vuelven más probables. Por otro lado, al debilitar los límites legales al poder ejecutivo, la independencia judicial y la autonomía regulatoria, el Estado erosiona los mecanismos internos que permiten resolver controversias antes de que escalen al arbitraje internacional. Cuando no existen tribunales imparciales ni reguladores autónomos, los inversionistas recurren inevitablemente a instancias internacionales, amparados en los tratados de inversión que México mantiene vigentes. Las disputas no surgen de presiones externas, sino de los vacíos institucionales que el propio gobierno crea.
En primer lugar, la reforma judicial de septiembre de 2024 debilita la dimensión institucional más efectiva para reducir disputas: el estado de derecho. La sustitución de casi 7,000 jueces mediante elección popular, la eliminación de protecciones a la independencia judicial y la centralización de la disciplina del poder judicial no fortalecen las instituciones; debilitan el factor protector más importante, ya que el estado de derecho reduce la frecuencia de disputas en aproximadamente un 67%.
En segundo lugar, la eliminación de organismos reguladores independientes en el sector energético perjudica la calidad regulatoria, el otro factor institucional más relevante. La integración de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dentro de la Secretaría de Energía bajo control del ejecutivo afecta a la calidad regulatoria, un factor que reduce las disputas en aproximadamente 72%.
Aunque son muy importantes, el estado de derecho y la calidad regulatoria no son las únicas dimensiones en juego. México mantiene extensos acuerdos internacionales de inversión —el T-MEC, tratados bilaterales, la membresía en el CPTPP y más de 60 acuerdos de inversión adicionales—. La evidencia muestra que más acuerdos internacionales de inversión se correlacionan con más disputas. Además, los países con instituciones más sólidas en materia de derechos de propiedad (incluso si la aplicación es débil) tienden a enfrentar más diferendos, porque los inversionistas cuentan con fundamentos legales más claros para reclamar sus derechos.
El problema de México no radica en una reforma aislada, sino en la combinación de varias que avanzan en direcciones opuestas. Mientras el estado de derecho se debilita y la autonomía regulatoria se reduce, el país mantiene sus compromisos internacionales de inversión y preserva derechos formales. Pero la paradoja es aún más compleja. México refuerza ciertos marcos formales —como los derechos de propiedad del Estado y la protección constitucional de sus empresas energéticas— mientras debilita los mecanismos que les darían credibilidad, como la aplicación imparcial de la ley. Esto genera una arquitectura institucional donde los derechos existen en el papel, pero sin capacidad de ejecución, lo que incentiva los litigios en lugar de prevenirlos.
La consecuencia es un error estratégico: el país intenta mantener sus compromisos internacionales, debilitar sus contrapesos internos y al mismo tiempo reducir los conflictos. La experiencia comparada demuestra que esa combinación es inviable. Los países que logran estabilidad y confianza inversionista lo hacen fortaleciendo el estado de derecho, no subordinándolo. De continuar en esta dirección, México enfrentará más arbitrajes, menor inversión y una pérdida creciente de credibilidad institucional.
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Nota del editor: Ricardo Buitrago es director de Programas Doctorales de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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