El ecosistema y 50,000 personas peligran por una presa en el Amazonas
La construcción de una presa en Brasil viola los derechos humanos de 50,000 personas entre campesinos e indígenas originarios del Amazonas que serán desplazados y debe ser suspendida, ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH pidió en una carta firmada por el secretario ejecutivo, Santiago Cantón, la inmediata suspensión de las obras de la presa Belo Monte hasta constatar que los afectados sean informados adecuadamente sobre el impacto ambiental y social de la construcción, informó la agencia EFE.
Cantón pidió proteger la integridad de una decena de pueblos indígenas que habitan en los 506 kilómetros cuadrados que serán inundados. Las pruebas de que existen pequeñas comunidades que no han tenido contacto con el exterior y con menos defensas obligan al gobierno a contar con un plan para evitar la propagación de enfermedades
Diversas organizaciones ecologistas y de protección de los derechos humanos han manifestado su preocupación ante el proyecto de la presa hidroeléctrica, que forma parte de la estrategia de crecimiento económico de Brasil.
"La presa Belo Monte, que está planeada sobre el río Xingú, sería la tercera más grande a nivel mundial. De construirse, devastaría una gran cantidad de bosques y hay reportes de que ahí habitan tribus que no tienen contacto con el exterior”, dio a conocer la organización Survival International durante una manifestación contra la construcción .
Belo Monte, cuya construcción inició hace un mes en el estado de Pará en el noreste de Brasil, pertenece al Plan de Crecimiento Acelerado, cuyo objetivo es estimular su economía con infraestructura en las que están incluidas otras dos presas, la Madeira también en Brasil y la Pakitzapango en Perú.
El gobierno de Brasil afirmó que la orden de la CIDH es precipitada e injustificable y que la OEA carece de competencia para opinar sobre las obras, dio a conocer a través de un comunicado, informó EFE.
La construcción de la presa está respaldada por el gobierno de Dilma Roussef y, anteriormente, fue respaldado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, la utilidad de la presa Belo Monte se ha puesto en duda porque sólo alcanzará su capacidad máxima en épocas de grandes crecidas del río y el resto del tiempo podría no contar con agua suficiente para abastecer a los vecinos y producir energía al mismo tiempo.
Su concesión está opacada por la sospecha de que fue concedida precipitadamente a pesar de no cumplir con requisitos ambientales, razón por las que un juez pidió una suspensión cautelar, que fue anulada por una instancia superior.
