Una ley mejorará el tratamiento de la basura electrónica en México
La salida al mercado de nuevos y relucientes aparatos electrónicos trae consigo el reemplazo de los antiguos, que en muchas ocasiones acaban en el bote de basura.
El problema de la basura electrónica, definida como los residuos electrónicos de productos, radica en que contienen tanto materiales valiosos como peligrosos y contaminantes.
En diciembre del 2011, la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) tendentes a aprovechar el mar de basura electrónica.
El legislador del Partido Verde, Rodrigo Pérez-Alonso González, dijo que la idea “es definir claramente los residuos electrónicos, crear un mecanismo de financiamiento para su tratamiento, y permitir su aprovechamiento por parte de la iniciativa privada”.
“Una fracción no mayor al 5% de la basura electrónica es procesada, y quienes ejecutan la tarea suelen ser pequeñas operaciones familiares que lo hacen recurriendo a técnicas extremadamente peligrosas como quemar los componentes electrónicos para fundir los elementos que contienen”, agregó Pérez-Alonso.
En México, más de 300,000 toneladas de desechos electrónicos (desde celulares hasta cables para impresora, pasando por computadoras y todo tipo de gadgets) son arrojados anualmente en los tiraderos y rellenos sanitarios donde terminan su vida útil, según datos del Instituto Nacional de Ecología.
Ahora, mediante esos cambios se crea la figura de “residuos electrónicos de producto”, provenientes de la industria electrónica de consumo, cuya gestión quedará en manos de los gobiernos estatales y municipales.
Responsabilidad extendida
Quizás el punto más relevante es que los fabricantes o comercializadores de artículos electrónicos en el país estarán obligados a instaurar un plan de manejo de sus productos al final de su vida útil.
“Tomamos como referencia el modelo llamado ‘responsabilidad extendida’, donde los productores no pueden olvidarse de sus productos tras la venta”, plantea Pérez-Alonso.
Los componentes electrónicos tienen acero, cobre, aluminio y pequeñas cantidades de metales preciosos como paladio, plata, oro y platino, de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos.
Por otro lado, un dispositivo electrónico abandonado puede liberar sustancias como plomo y mercurio incluidos en partes como las lámparas de iluminación de las pantallas o las baterías de los teléfonos celulares.
Su reciclaje requiere una compleja logística para recoger, desarmar y tomar los elementos valiosos, así como confinar los materiales peligrosos, a fin de que no se mezclen con el agua y otros elementos, para lo cual se requiere infraestructura que supera la capacidad de los sistemas de recolección y tratamiento de basura de los municipios del país, amén de que la custodia de este tipo de desechos no queda especificada en la legislación medioambiental.
En su artículo 19, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece que los residuos tecnológicos son de manejo especial, aunque no dice lo que debe hacerse con los mismos y quién puede aprovecharlos.
Aunque la ley ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, falta que la ratifique el Senado para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pérez-Alonso apunta que “si no se interpone un asunto político que retrase su aprobación, este mismo año podríamos contar con el aval senatorial y la publicación por parte del Poder Ejecutivo”.
Quizás a finales del 2012 se pueda dar un mejor destino a todos los aparatos electrónicos que hoy son la delicia de la casa, pero que mañana serán parte de la basura que se va con cada año.
Este texto fue publicado en la revista Expansión de la primera quincena de febrero del 2012.
