El PRI acusa ‘caza’ del gobierno a su propaganda en Puebla

Las supuestas denuncias anónimas de robo de vehículos que llevaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla al cateo de un domicilio y al aseguramiento de dos vehículos con propaganda electoral del PRI es vista por el partido como una intervención del gobierno estatal en el proceso, para elegir al nuevo mandatario, pues aunque presumen que se ha probado la legalidad de la publicidad -en dos de
los tres casos- acusan que hay prácticas dilatorias que han impedido que ésta les sea devuelta.

“Lo que está sucediendo en Puebla es una cacería de la propaganda del PRI encabezada por (el gobernador) Rafael Moreno Valle”, acusó Jorge Estefan Chidiac, dirigente estatal del tricolor.

El primero de los casos se registró el pasado 4 de mayo, cuando fue retenido un tráiler cargado con 23,000 sombrillas que serían repartidas entre los asistentes del desfile del 5 de mayo. Se trataba de una donación del hermano del líder del PRI municipal, José Chedraui, cuyo costo ascendía a 779, 554 pesos, según la factura presentada por el partido para comprobar su legalidad el día 6.

Un segundo aseguramiento ocurrió la madrugada del 10 de mayo en una casa particular en la comunidad de San Felipe Hueyotlipan. En esa ocasión, la Fiscalía informó que se trataba de material ilegal tanto por su contenido como por las condiciones de localización.

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Al igual que el primer caso, las autoridades informaron que la diligencia se realizó como parte de una investigación de robo de vehículos. Más tarde, proporcionó un video del cateo e imágenes de la propaganda firmada por la Confederación Agrarista Mexicana, en la que acusó al gobierno panista de burlarse de los campesinos, además de presunto sobrecosto de mototractores entregados en la administración de Rafael Moreno Valle.

Aunque negó que la propaganda perteneciera al partido, Chidiac lamentó que los policías fueran empleados para atender este tipo de tareas en lugar de la inseguridad.

“La Fiscalía es un instrumento de represión, ojalá y ese nivel de policías se ocuparan para atender robos, feminicidios”, criticó.

El mismo 10 de mayo, por la noche, otro camión con playeras, panfletos y lonas fue interceptado en la entrada de la ciudad de Puebla. Una hora antes había cruzado por el arco de seguridad de Huejotzingo, sobre la autopista México-Puebla.

Según la versión de Estefan Chidiac y el coordinador de la campaña de Alcalá Ruiz en Puebla, Alejandro Armenta Mier, el vehículo provenía de Monterrey, Nuevo León, donde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) había adquirió propaganda para enviar al estado.

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Ese día, aunque un grupo de seguidores de Alcalá formaron una valla humana para evitar que la unidad fuera llevada a la Fiscalía, no lo lograron.

“Puebla ya es hora, Blanca gobernadora”, gritaron al tiempo que los elementos se llevaban el vehículo.

El proveedor de la mercancía, director general de la empresa ISA Corporativo, Raúl Camou, narró que el chofer fue detenido por más de 24 horas.

“Es preocupante porque este transportista está muy asustado, el chofer se fue asustado de Puebla, ¿quién no se asusta si lo llevan al Ministerio Público y lo amenazan con meterlo a la cárcel?”, cuestionó.

Es con todos estos antecedentes que el líder partidista solicitó el miércoles la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los policías estatales y municipales sean encuartelados tres días antes de las votaciones y que sean la Policía Federal y la Gendarmería los encargados de resguardarlas.

Esta petición se sumó a una denuncia que dicho instituto político presentó el jueves en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del fiscal Víctor Carrancá, el alcalde de la capital Luis Banck, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Alejandro Santizo, por el supuesto uso de la policía para realizar los decomisos.

“Hoy nos ha robado el gobierno del estado la propaganda de Blanca Alcalá y exigimos al fiscal (Carrancá) libere de manera inmediata nuestra propaganda, de otra manera, Blanca Alcalá no podrá hacer su campaña, y quedará claro que en este proceso hubo inequidad, la cual se sanciona”, dijo Chidiac en conferencia de prensa.

El representante jurídico del partido, Mario Conde, acusó que desde el gobierno han dilatado la entrega de la mercancía, pues señaló que será hasta el miércoles que las autoridades atiendan a los dueños de los camiones.

“La utilización de bienes o servicios públicos para causar un beneficio en favor de un candidato o en prejuicio de un candidato, en este caso Blanca Alcalá es un delito que se castiga”, apuntó.