La violencia política contra las mujeres debe tipificarse: titular de la Fepade
La violencia política contra las mujeres en México debe tipificarse como delito electoral, ya que es una problemática que afecta la calidad de la democracia, aseguró el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
De acuerdo con datos de la fiscalía, de 2015 a la fecha han recibido 92 casos de violencia política contra mujeres, cuyas víctimas han sido principalmente funcionarias electorales, seguidas de candidatas y ciudadanas.
Algunos de estos casos, incluso han derivado en homicidio, como el de Aída Nava, precandidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien fue encontrada decapitada en marzo del año pasado, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.
Nieto Castillo explicó que los casos de violencia política contra las mujeres tienen la finalidad de menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales y tiene que ver con actos de discriminación, mientras que en el caso de los hombres el factor principal es la efervescencia electoral.
En julio de 2015, Yesenia Alamilla, entonces candidata del PAN a la alcaldía de Reforma, en Chiapas, fue interceptada y obligada por varios hombres a bajar de su camioneta para después golpearla, además que su asistente fue violada.
Las denuncias por agresiones a mujeres en los procesos electorales alertaron a la Fepade al grado de participar junto con el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Segob, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la elaboración de un Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que contiene espacios de atención para erradicar esta práctica del sistema electoral.
La Fepade comenzó a analizar las denuncias y al no existir el ilícito de violencia política, encontró dos tipos penales de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que podían ser utilizados para castigar esta conducta.
El artículo séptimo de la Ley en comento establece sanciones por la obstaculización o interferencia en el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, así como por actos que provoquen temor o intimidación al electorado, que atente contra la libertad del sufragio o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.
Casos en investigación
La Fepade indaga actualmente el caso de menores de edad que son llevadas a módulos del registro federal de electores para que obtengan credenciales para votar, y que podría tener como objetivo la trata de personas.
Esta fiscalía recibió también el caso de una capacitadora electoral en Oaxaca que fue obligada por un consejero distrital a subirse a su automóvil durante cinco horas.
También investiga la denuncia de una magistrada electoral de San Luis Potosí que sufrió acoso laboral, al ser presionada para que no desempeñara sus funciones y dejara la organización a sus compañeros, quienes no le daban información, bloqueaban sus argumentos; además de que se intervinó su computadora y se encerró a su secretaria.
Sobre el perfil de los agresores, Nieto Castillo señaló que han detectado que se trata de personas de escasos recursos manipuladas por operadores políticos.
“El instigador, el autor intelectual, viene generalmente de una campaña electoral, pero los autores materiales corresponden no necesariamente a personas que están vinculadas a los partidos políticos, mejor dicho, que no necesariamente son militantes de los partidos políticos, pero si se encuentra una relación, porque en todos estos actos hay referencia siempre a partidos políticos o a actores políticos relevantes dentro de las comunidades”, señaló.
En cuanto a los estados donde se han cometido estos actos, destacan Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
Aunque Santiado Nieto aseguró que no se ha encontrado la participación del crimen organizado, se recibieron dos denuncias en Chihuahua y Guerrero, pero al no tratarse de delitos electorales, se enviaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para que investigara.
En ese contexto, la Fepade alista para la próxima jornada electoral un despliegue ministerial con bases de operación en delegaciones y subdelegaciones de la PGR, y en consejos generales de institutos electorales, en las 14 entidades donde habrá comicios.
