México, ante una brecha de cara a la transformación de la justicia penal: CIDAC

Tras ocho años de la etapa de implementación, este sábado 18 de junio México tendrá un nuevo Sistema de Justicia Penal; sin embargo, un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) refiere que persiste una brecha entre los alcances y objetivos que se plantearon hace ocho años y que fueron plasmados en la reforma constitucional en la materia aprobada en 2008.

Este nuevo modelo será recibido con centros penitenciarios sobrepoblados, altos niveles de impunidad, déficit de capacitación para los ministerios públicos, jueces que dan un fallo sólo con la lectura de los expedientes, así como con el uso de la prisión preventiva como la regla, no como la excepción. Esas situaciones han provocado un rezago de 11 años para tener un sistema de justicia eficaz.

El análisis, titulado "Reforma penal de 2008: expectativa vs realidad" y difundido a unos días de que entre en pleno vigor dicha modificación, propone que las instituciones federales y estatales asuman su responsabilidad y sigan con sus esfuerzos para que este nuevo sistema funcione y consiga consolidarse en el menor tiempo posible, pues hasta el momento las expectativas que se plantearon distan de la situación real en el país.

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Por ejemplo, en la reforma se contemplaba a la prisión preventiva como último recurso, pero datos del gobierno federal refieren que existe un incremento del uso de este recurso donde el sistema ya está operando, como: Estado de México, Chiapas. Chihuahua, Chihuahua y Durango.

"A diferencia de estos estados, una de las pocas entidades en donde sí ha disminuido el uso de la prisión preventiva es Morelos. Lo anterior puede encontrar su respuesta en el hecho de que Morelos cuenta con una unidad de medidas cautelares funcional, cuya operación se ha consolidado con los años", destaca el think tank.

Sobre las audiencias orales, el rubro más emblemático y "publicitado" del nuevo sistema, el CIDAC expone que en la realidad únicamente se da la lectura de las carpetas de investigación.

"La exposición de los argumentos no es clara y además, muchas veces los operadores no distinguen los actos procedimentales en el que se encuentran", señala.

El análisis detalla que prevalece la ausencia de investigación científica y de calidad, lo que da propicia altos índices de impunidad en entidades como Durango, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, entre otras. El nuevo sistema abre paso para que expertos se encarguen de la investigación, sin embargo, lo que ocurre es que los Ministerios Públicos siguen interviniendo.

"Las policías aún no cuentan con las capacidades —que van desde profesionalización hasta equipamiento— necesarias para hacerse cargo de la investigación de una manera científica. Además, las Unidades de Atención Temprana (UAT) diseñadas para descongestionar las Unidades de Investigación (UI) siguen remitiendo la mayoría de los asuntos a las UI", indica el análisis.

De acuerdo con el documento, lo anterior impide que la carga de trabajo disminuya y exista una depuración entre los delitos que pueden ser resueltos en alguna salida alterna al proceso y aquéllos que realmente deben ser investigados, y a su vez esto evita un uso focalizado y eficiente de los recursos.

CIDAC expone que la realidad de la justicia mexicana supone un reto para las instituciones. Incluso critica que aunque se tuvo ocho años para hacerlo, apenas el 14 de junio se aprobaron una serie de leyes fundamentales para la adecuada operación del sistema acusatorio como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Delincuencia Organizada.