Empresarios y políticos consideran que la nueva #Ley3de3 es una "farsa"

Una vez que la Cámara de Diputados aprobó el paquete que expide las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de Responsabilidades Administrativas, también conocida como #Ley3de3, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, diversos actores se han manifestado en torno a estas iniciativas.

El documento enviado por el Senado y avalado por el Pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro sin modificaciones, reforma más de 700 artículos de siete ordenamientos legales, siendo direccionado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas ―#3de3― tiene como principal atractivo la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la cual fue aprobada por los diputados con 338 votos a favor y 110 en contra. Ésta pretende distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

El artículo 32 de dicha reforma, fue uno de los más controvertidos, pues en la madrugada del martes, el Senado también contempló a la iniciativa privada para que provea sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como el de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de los estados y los municipios.

A éste, se sumó el artículo 29, el cual refiere sobre el formato de las declaraciones patrimoniales y que fue avalado sin cambios por los diputados.

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Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, se manifestó este jueves en el Ángel de la Independencia acompañado por un centenar de afiliados a esta confederación para exigir a la Cámara de Diputados que corrija la "ocurrencia" de los senadores, quienes aprobaron en el marco de la #Ley3de3, que los empresarios que reciban dinero público, también estén obligados dar a conocer su patrimonio.

El líder patronal señaló que esta acción distrae el espíritu de la misma, que es combatir la corrupción en los funcionarios públicos.

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"El logro que hoy se está materializando en el Congreso de la Unión para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción es un gran triunfo de la sociedad mexicana. Una iniciativa que surgió desde la sociedad y que respaldaron cada uno de los 634,143 ciudadanos con nombre y apellido, con nuestra credencial electoral oficial (...) Pero de último momento pretenden modificar el espíritu ciudadano de esta iniciativa", dijo el patronato en un comunicado.

La Coparmex aseguró que no hubieran estado en el monumento si las leyes aprobadas "respetaran el espíritu original de la iniciativa", y no protestarían si las "ocurrencias de madrugada" no pretendieran endosar a la sociedad, las responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló en un comunicado, que el añadido del artículo 32 afecta a la sociedad, especialmente a los más pobres.

"Con esta disposición las 6.1 millones de titulares beneficiarias del Programa Prospera, incorporadas a este programa por su condición de pobreza con el fin de mejorar su alimentación, salud y la educación de sus hijos, estarían obligadas a presentar ambas declaraciones (patrimoniales y de intereses) ante el Órgano Interno de Control de la Coordinación del Programa", indicó.

La organización agregó que los 5.5 millones de adultos mayores de 65 años que reciben la pensión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los más de 700,000 titulares beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que reciben transferencias monetarias bimestrales, asociadas a su condición de pobreza, quedan obligadas a presentar ambas declaraciones con la nueva ley ya aprobada en la Cámara de Diputados.

"Lo mismo sucede con los beneficiarios de otros muchos programas en las Secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda, las becas de la SEP y Conacyt", explicó.

En lo que refiere a la organización civil México Evalúa, la directora Edna Jaime, refirió sobre los problemas técnicos que se prevén con los artículos 29 y 32.

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"Los dos artículos que nos preocupan quedaron intactos. Descomponen el entusiasmo, nos hace estar cautelosos e incluso preocupados", dijo en entrevista con Milenio este viernes.

"Es absurdo e inoperable, como por ejemplo quien recibe un subsidio. Un becario que recibe dinero de Conacyt tendría que hacer estas declaraciones. Está en manos del presidente corregirlo, creo que tiene motivos suficientes para vetar esta ley o una poner una enmienda, son dos artículos que ensombrecen todo", agregó.

Leyes anticorrupción, una farsa

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los políticos que se pronunció sobre este paquete de leyes anticorrupción, al que calificó de "simulación".

"Es importante que sepamos que la llamada #Ley3de3, que fue aprobada en el Senado, es una tomadera de pelo. Es simulación, no se va a combatir la corrupción", dijo el excandidato presidencial de izquierda.

El tabasqueño aseguró que mientras esté la "mafia del poder" dominando en México (El PRI y el PAN) va a ser muy difícil que se termine la corrupción.

"La única manera de acabar con la corrupción es cambiar de régimen y eso se va a lograr en 2018", expresó el dirigente.

Jorge Castañeda, exfuncionario en el gobierno de Vicente Fox y aspirante a la presidencia de México por la vía independiente, coincidió con López Obrador al considerar que estas leyes son una farsa montada por el gobierno, el Congreso y los partidos.

"Es una farsa. No votaron un cambio significativo de lo que existe desde 1984", destacó en el programa de Ciro Gómez de Grupo Fórmula, donde inclusó dudó de que sea haya aprobado la obligación de hacer pública la declaración fiscal y de conflicto de intereses.