#DiarioPolítico: Bajo investigación, agresores... y cuentas públicas
-
López Obrador critica alza a energéticos
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó el aumento anunciado a las tarifas de energía eléctrica, al recordar que el presidente Enrique Peña Nieto había prometido que éstas disminuirían con la reforma energética ―a la cual se opuso la izquierda.
El excandidato presidencial ya había reprochado el pasado viernes el incremento en el precio de la gasolina, al considerar que el gobierno federal esperó a que pasaran las elecciones que se celebraron el 5 de junio en 14 entidades, para evitar costos políticos con dicho aumento.
El alza en el costo de la electricidad, a aplicarse a partir de julio en tarifas industriales, comerciales y de hogares con alto consumo, será de entre 2 y 5%, anunció este lunes la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
-
Autoridades de Veracruz identifican a 13 agresores de panistas
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ejerció acción penal contra 13 integrantes de los 400 pueblos por las agresiones en contra del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares; el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, y el panista Santiago Creel.
Los detenidos son señalados de los delitos de estragos, motín e incitación a cometer actos ilícitos, tras recabar los datos de prueba pertinentes correspondientes a la carpeta de investigación 2715/2016 y su acumulada 2720/2016.
En un comunicado, la fiscalía recordó los hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del Congreso local el pasado 29 de junio, donde además de las agresiones a los panistas, resultaron heridos dos escoltas y dos unidades automotoras fueron dañadas por parte de los miembros de la organización.
Al respecto, César del Ángel, líder de los 400 pueblos, aseguró en entrevista con Radio Fórmula, que las órdenes de aprehensión corresponden a una venganza política.
-
Los casos Veracruz, QRoo y Chihuahua, en la Auditoría Superior
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo a Milenio que ya están en marcha actuaciones ante posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos en Veracruz, y que están esperando a recibir información sobre los casos de Quintana Roo y Chihuahua, para evaluar si procede presentar denuncias penales.
"Sé que están empezando a llamar a funcionarios del estado (de Veracruz), pero a nosotros no; estamos en contacto permanente con la PGR, estamos en contacto con los ministerios públicos que atienden estas denuncias y con los procuradores igualmente; estamos atendiendo lo que nos toca", señaló en entrevista en la Cámara de Diputados.
La ASF ha presentado denuncias penales por posibles desvíos de recursos públicos en Veracruz, estado donde el gobernador electo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, ha advertido que revisará la actuación del aún mandatario estatal, el priista Javier Duarte, a quien incluso ha amagado con impulsar cárcel por estos presuntos malos manejos.
Además, Portal indicó que están a la espera de recibir información que solvente inconsistencias encontradas en las revisiones a las cuentas de Quintana Roo y Chihuahua, donde gobernadores priistas también entregarán la administración a nuevos mandatarios opositores.
"No se han presentado (denuncias en Quintana Roo y Chihuahua), pero están en proceso de solventación varias de las observaciones. Nos han presentado información que está en análisis; si procede, se solventa, si hubiere alguna desviación que implique un delito, pues presentaremos las denuncias", abundó el auditor.
-
Exfuncionarios de Monterrey en problemas
La exalcaldesa de Monterrey es vinculada a proceso penal
La exalcaldesa regiomontana Margarita Arellanes Cervantes y nueve de sus excolaboradores durante el trienio 2012-2015, quedaron este martes vinculados a proceso por ejercicio indebido y abusivo de funciones.
Luego de comparecer por espacio de ocho horas en la Primera Sala de Audiencias del Poder Judicial, a cargo de la juez Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, a la ex edil y demás imputados se les notificó la medida cautelar, una vez que el 30 de junio habían pedido la ampliación del término legal del proceso.
David Rex Ochoa, Luis Ángel Torres Garza, Aldo Ariel Cepeda López, Irasema Arriaga, Jesús Hurtado, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra, José Francisco de la Cruz Juárez y Arturo Pecina Cruz, son los otros nueve ex funcionarios vinculados a proceso en este caso.
La medida cautelar obliga a Arellanes Cervantes y excolaboradores a acudir a firmar mensualmente ante la autoridad judicial.
En marzo anterior, el Municipio de Monterrey presentó dos denuncias de hechos, por presuntos desvíos de recursos durante la pasada administración que encabezó Arellanes Cervantes, los cuales ascienden a 17.8 millones de pesos.
La primera de las denuncias “contra quien resulte responsable”, fue por la contratación de servicios profesionales para el apoyo legal a funcionarios municipales de la administración 2012-2015 por un monto de 7 millones 499,099 pesos.
La otra querella se entabló por el desvío de recursos, de una partida presupuestal para obra pública por la cantidad de 104 millones 722,000 pesos, de los cuales 10.3 millones se destinaron a otros rubros.
Con información de Notimex
-
PRI contra los 'blindajes'
La dirigente de la CNOP
pide al PRI que revise ‘blindajes’ de gobernadores
Luego de que el líder panista Ricardo Anaya Cortés, junto con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pidieran al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que detuviera las acciones de ‘blindaje’ para gobernantes salientes acusados de corrupción y desfalco, la senadora priista Cristina Díaz se pronunció para que su partido revise la conducta de sus gobernantes.
Díaz, quien también es líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), solicitó en un mensaje a la líder del PRI, Carolina Monroy, analizar si conviene retirar de su cargo a gobernadores como el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lee: ¿'Blindaje' de última hora? Gobernadores salientes reforman áreas anticorrupción
Díaz también pidió a los mandatarios de Chihuahua y Quintana Roo conducirse con legalidad, ética y orden jurídico y evitar los denominados “paquetes de impunidad”.
“Esto nos deja no muy bien parados a los priistas como partido”, expresó Cristina Díaz a la prensa.
“Debe ser una opción para reflexionar y poner como base los principios de ética y de conducta moral pública que hoy nos exigen y nos hacen un llamado. Fue muy clara la respuesta ciudadana el 5 de junio”, agregó Díaz.
Por su parte, el senador Emilio Gamboa Patrón consideró que el tema de los ‘blindajes’ no es de competencia federal, que para eso está un Congreso local que debe pronunciarse.
“Ahí hay un Congreso también; el Congreso tendrá que manifestarse. Me da la impresión que no es una competencia federal. Es una competencia primero local, y si hubiera una demanda ante la PGR, la PGR tiene -sin duda alguna- que llevar a cabo la investigación correspondiente; pero, ahorita es localmente y lo tiene que llevar el Congreso y las autoridades judiciales locales”.
Ante la pregunta si desea que el PRI tome cartas sobre el asunto, respondió: “Yo digo que quien tiene que hacer el juicio a cada gobernante es el pueblo veracruzano y de Quintana Roo”.
Desde la semana pasada, Carolina Monroy del Mazo, presidenta provisional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, advirtió que el partido no permitirá más abusos y que las elecciones fueron una expresión de la inconformidad de la militancia.
El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se comprometió a meter a la cárcel a todo aquel funcionario que haya incurrido en algún acto grave de corrupción, empezando por el gobernador Roberto Borge Angulo.
Agregó que investigará a detalle el origen de la deuda del estado, que a la fecha asciende a 22,000 millones de pesos (mdp).
Sobre las elecciones del Congreso de nuevos funcionarios, que catalogó como "paquete de impunidad", acusó al gobernador de querer ocultar actos de corrupción.
Anaya pidió al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional frenar a Borge y a dar marcha atrás con las medidas que se aprobaron en el Congreso.