Más allá del #3de3: La agenda legislativa anticorrupción de la sociedad civil

Diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil trabajan en una nueva agenda legislativa en materia de corrupción, que va de la mano con el seguimiento a la implementación de las siete leyes promulgadas el pasado 18 de julio.

Así lo señaló Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien además dijo que, de forma paralela, se darán los cambios legislativos en las 32 entidades, por lo que se buscará habilitar el monitoreo para que no ocurra lo de Veracruz y Quintana Roo, donde se avalaron normas que violan los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

Explicó que aún no se define la forma en que se plantearán las propuestas de las organizaciones, sin embargo, adelantó que se busca recuperar el tema de la Ley de Obra Pública, pero con un enfoque anticorrupción para que se tenga claro la información que se debe hacer pública.

“Que se incorpore el enfoque de contrataciones abiertas, que es un enfoque que como tal es un concepto, que se asegure que los procesos se transparenten desde la planeación y hasta la ejecución de la obra y no solo las licitaciones”, informó.

Bohórquez dijo que un tema relevante para la comunidad empresarial, que no se había discutido, es el de la Ley del Registro Público de la Propiedad, principalmente por la cantidad de propiedades en poder de personas que cometieron un ilícito y que están mal registradas o que tiene títulos de propiedad falsos, lo que le cuesta al país en términos de corrupción y en inversiones en seguridad jurídica.

Incluso puso como ejemplo las acusaciones contra el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, relacionadas con el Registro Público de la Propiedad, por lo que señaló que se debe crear una agenda que cierre las puertas a la corrupción.

En materia electoral, dijo, ya estudian el tema relacionado con mecanismos de financiamiento de los partidos políticos durante los procesos electorales.

Explicó que si se es donante en una campaña, hay que valorar si esa persona puede o no ser proveedor.

“Es un filántropo de la democracia, nada más que entonces no le vendas nada al gobierno que fue electo porque usted fue donante”, destacó.

La nueva agenda también incluye las leyes de adquisiciones, de contrataciones públicas, y de responsabilidad fiscal y hacendaria.

“Un asunto que nos importa que se discuta es el tema de la Fiscalía General de la República, no puede ser un proceso que ocurra de forma tradicional con las reglas del Congreso, debe ser un proceso abierto a una enorme discusión social porque estamos hablando de la pieza más importante de un estado de derecho, que es la parte acusadora cuando se comete un ilícito”, aseguró.

De acuerdo con el último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado por Transparencia Mexicana en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.

En ese año, para facilitar o acceder a los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”, mientras que en 2007 el costo fue de 27 mil millones.

* Este contenido es un extra del reportaje de portada de la más reciente edición de la revista Expansión en el que se nombró al 2016 como el año del Activismo Ciudadano y que está a la venta en Sanborns, Starbucks y Vips, así como en otros establecimientos cerrados. También puedes descargar la versión digital en App Store y Google Play .