Exgobernador Rodrigo Medina será acusado por enriquecimiento ilícito y peculado
El exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina será imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado los próximos 24 y 29 de julio, respectivamente, según la notificación que recibió este viernes el político regio por parte de la Fiscalía Anticorrupción estatal.
Ernesto Canales, quien encabeza la fiscalía, detalló que se trata de dos nuevas acusaciones en contra de Medina, quien está vinculado a proceso por los delitos de peculado, daño patrimonial y ejercicio indebido de funciones, por presuntamente otorgar un contrato irregular a KIA Motors, en el que se incluían incentivos superiores a la ley valorados en más de 1,600 millones de pesos.
Por su parte, el exgobernador priista ha negado tales acusaciones, y ha sostenido que su patrimonio fue debidamente declarado cuando fungió como funcionario estatal, entre 2009 y 2015.
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Juez en problemas
En una audiencia aparte, en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el municipio de Cadereyta, el juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, fue vinculado a proceso por el delito de violación a la Ley de Amparo.
Luego de que Virginia Peralta, fiscal de la PGR, acusara a Rodríguez de violar un amparo, el juez de control federal, Elías Cepeda, encontró argumentos que consideró válidos para hacer válida la vinculación.
Eufracio Rodríguez fue el responsable de dictar prisión preventiva contra Rodrigo Medina el pasado 26 de enero como medida cautelar, internándolo en el penal de Topo Chico.
La defensa legal del exmandatario nuevoleonés, encabezada por Javier Flores, enfatizó en que su representado contaba con un amparo que le protegía contra cualquier acto que lo prive de su libertad.
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Rodríguez, por su parte, detalló que el amparo estaba vigente durante el proceso de vinculación, y no una vez vinculado. Al cambiar la figura jurídica, el amparo perdía vigencia.
La defensa legal de Medina lo denunció, lo que derivó en la audiencia celebrada hoy.
Rodríguez acusa a la PGR de abrir casos penales para intimidar a los jueces de control de la localidad involucrados en los casos relacionados a la presunta corrupción por parte del exgobernador de Nuevo León.
