La delgada línea entre el secreto médico y avisar de una amenaza

La confidencialidad es muy importante entre un paciente y un terapeuta, pero no es algo blindado: la confesión de un crimen o la posibilidad de que ocurra uno, no se supone que debe de permanecer en secreto.

“No hay una regla clara que los psiquiatras deban seguir”, dice Xavier Amador, un psicólogo clínico y profesor adjunto de psicología del Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia. Sin embargo, “si hay una amenaza específica, hay una obligación de reportarla”, afirma.

Lynne Fenton, una psiquiatra que trató a James Holmes, atacante del cine de Aurora, en Colorado, estaba tan preocupada por el comportamiento que contactó a varios miembros de un comité de evaluación de comportamiento de la Universidad de Colorado, conocido como BETA, que es responsable de evaluar amenazas potenciales, reportó la televisa KMGH, afiliada de CNN.

Fenton realizó llamadas sobre involucrar al equipo BETA en los primeros 10 días de junio pero nunca ocurrió debido a que en dicho periodo la psiquiatra tenía conversaciones con miembros del equipo, y Holmes comenzó su proceso para abandonar la escuela.

Para cuando Holmes abandonó la escuela, el equipo “ya no tenía control sobre él”.

Pero Gene Deisinger, subdirector de la policía de Virgina Tech y jefe del equipo de evaluación de amenazas, dijo que ellos no dejan un caso solo porque alguien abandonó la universidad.

“La decisión de cerrar un caso se hace si una evaluación de la persona indica que ya no es una amenaza al campus o a otro blanco identificable”, dijo.

Sin embargo, Deisinger, un ex psicólogo clínico, agregó que sin saber más detalles, es imposible llegar a una conclusión de si lo que hizo la Universidad de Colorado fue lo correcto.

Hay una laguna sobre qué deben hacer los profesionales de la salud cuando se enfrentan a preocupaciones sobre un paciente. Simplemente, el psiquiatra interpreta de manera personal qué tan real puede ser un plan violento de un paciente.

Una amenaza específica significa que el paciente claramente identificó a una persona o grupo que atacará o dio detalles específicos sobre el lugar o cuando atacará.

“Si tienes a un paciente que afirma que matará a sus parientes, ese es el fin del espectro y debe de existir una advertencia para los familiares”, dice Alta Charo, especializada en ética médica y profesora legal de la Universidad de Wisconsin.

Una amenaza no específica puede solo representar que un paciente está enojado y que solo se siente como si podría matar a alguien, según Charo.

En esta área gris, el juicio del profesional de la salud es clave. Debe de indentificar si hay un sentido de urgencia y si hay posibilidades de que el paciente realmente lleve a cabo sus amenazas. Una historia de violencia del paciente, enfermedad mental o abuso de sustancias también se toma en cuenta, según la publicación Journal of Family Practice.

Dos fallos de la Corte Suprema de California, llamados Tarasoff I y II, delinearon las reglas para un profesional de la salud en cuanto al deber de advertir y proteger a un paciente de sí mismo o a víctimas potenciales.

El caso Tarasoff surgió cuando Prosenjit Poddar, un estudiante de la Universidad de California, Berkeley, dijo a su psiquiatra que mataría a su compañera Tatiana Tarasoff.

El psiquiatra informó a la policía de la escuela, que detuvo al estudiante, pero lo dejó libre luego de que pareció racional y prometió que no se acercaría a Tarasoff. No se tomó ninguna otra acción y Tarasoff nunca fue advertida de la amenaza. Dos meses después, en octubre de 1969, Poddar mató a Tarasoff.

El fallo indica que el profesional de la salud debe advertir a una víctima potencial de una amenaza, aún si se viola la confidencialidad de la relación doctor-paciente. Tarasoff II, una extensión del primer fallo, indica que el psiquiatra también tiene la obligación de proteger a la persona alertando a las autoridades pertinentes.

En Virginia Tech, que tiene más de 30,000 estudiantes, el principal grupo del equipo de análisis de amenazas incluye a nueve personas de diferentes partes de la universidad, así como la policía, académicos y consejeros.

En un año típico, Deisinger afirma que el grupo responde a entre 350 y 400 reportes de comportamiento problemático. En la mayoría de los casos, una simple investigación no encuentra peligro.

Una ley federal conocida como la Ley Clery pide a las escuelas reportar a la policía cualquier acto criminal en el campus y reportar cualquier amenaza a la salud o la seguridad.

Pero el comportamiento problemático a veces no alcanza ese nivel, de acuerdo con Steven Healy, el exdirector de seguridad pública de la Universidad de Princeton, quien ayudó a elaborar un programa de evaluación de amenazas, bajo el patrocinio del Departamento de Justicia.

“La mayoría de los casos son solo comunicación inusual o comportamiento raro que no rompe con la ley”, dice Healy. “Lo que buscamos es intervenir antes y adelantarnos con una simple conversación para ver si hay una amenaza, o enviar a la persona a los servicios de salud mental”.

Los psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud que no reportan una amenaza a la policía no se enfrentan a un cargo criminal, pero se abre la puerta a demandas civiles si ellos no dan a conocer información.

Todos los estados en Estados Unidos requieren que un profesional de la salud informe a sus pacientes antes de una sesión que el acuerdo de confidencialidad puede revocarse si se determina que el paciente es una amenaza a sí mismo o a otros. Pero los requerimientos varían de estado en estado.

En Colorado, los doctores, las enfermeras y los profesionales de la salud deben de romper la confidencialidad y advertir a potenciales víctimas y alertar a las autoridades si hay una amenaza seria.

Caleb Hellerman y Caitlin Hagan contribuyeron con este reporte.