Intelectuales y empresarios piden a EPN no usar políticamente a la PGR
El actuar de las dependencias federales en el caso contra el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, abrió dos frentes nuevos al gobierno de Enrique Peña Nieto con los intelectuales y el empresariado mexicano.
Este lunes un grupo de 60 intelectuales y representantes de la sociedad civil publicó una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para exigir que se frene el uso de las instituciones para perjudicar a adversarios políticos.
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En el desplegado, señalaron que de existir pruebas “contundentes” en contra del panista se proceda en su contra, pues de lo contrario se podría erosionar la credibilidad en las instituciones del país.
El uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”
Los firmantes, entre quienes se encuentran Héctor Aguilar Camín, José Merino, Edna Jaime, Enrique Krauze y María Elena Morera, recordaron que en 2005 el caso del desafuero en contra de López Obrador provocaron una polarización que aún se resiente en el país.
La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”
Asimismo, aclararon que el documento no implica un apoyo a la candidatura del panista, sino una preocupación sobre el uso del poder para incidir en el proceso electoral.
Y empresarios también
Empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señalaron el uso sistemático de entidades de gobierno y recursos como “instrumentos auxiliares de la competencia electoral”.
En cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado Mexicano en favorecer a partidos y candidatos”
En el documento, la Coparmex señala el uso de las instituciones con el propósito de "debilitar" a adversarios políticos en contraste con la actuación que éstas tienen para el combate a casos de corrupción como los documentados por la Auditoría Superior de la Federación.
Se ha señalado recientemente la tibia actuación de la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los posibles actos de corrupción en perjuicio del Gobierno Federal, y se multiplican los señalamientos de una acción asimétrica en casos que imputan a candidatos.
Por otro lado, el sector productivo del país reiteró el exhorto que hicieron a inicios de mes junto con organismos civiles para que tanto candidatos como el presidente de la República realicen las acciones necesarias para concretar la reforma al artículo 102 y con ello garantizar que la Fiscalía General de la República sea autónoma y eficaz.
Más tarde, el presidente de la organización Gustavo de Hoyos pidió a gobiernos y funcionarios que se privilegie la legalidad electoral y que no intervengan en el proceso.
"En el actual proceso se está poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas y bajo ninguna circunstancia pueda haber pretexto para que se enturbie el proceso electoral", dijo en entrevista con medios.
