Las empresas de tecnología se han enfrentado a cuestionamientos sobre sus políticas de manejo de datos, sobre el poder que tienen en torno a ciertas industrias y también han tenido que explicar la manera en cómo pagan impuestos.
En el más reciente caso fiscal, entre una big tech y una entidad fiscal está Apple y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mismo que dictaminó que Apple debe pagar 13,000 millones de euros (14,400 millones de dólares) en impuestos atrasados a Irlanda.
Esta decisión surge de un fallo de 2016 de la Comisión Europea que acusaba a Irlanda de otorgar beneficios fiscales ilegales a Apple. El caso gira en torno al antiguo régimen fiscal de Irlanda, conocido como el esquema "Double Irish", permitía a las multinacionales como Apple reducir drásticamente sus obligaciones fiscales.
La Comisión Europea concluyó que la empresa de Cupertino se benefició de dos resoluciones fiscales en Irlanda entre 1991 y 2007 que redujeron artificialmente su tasa impositiva, llegando al 0.005% en 2014.
Este arreglo permitió a Apple evitar miles de millones en impuestos al canalizar ganancias a través de subsidiarias en Irlanda, pero con impuestos en otros lugares. El regulador consideró esto como ayuda estatal ilegal que distorsionaba la competencia en la UE.
Tanto Irlanda como Apple impugnaron el fallo, ganando inicialmente en 2020, pero el TJUE ha revertido esa decisión.
Irlanda ha subrayado que este fallo es “solo de relevancia histórica” señalando cambios significativos en sus políticas fiscales desde 2016, incluyendo el cierre del esquema Double Irish y la alineación con acuerdos fiscales internacionales.
Los fondos, que han estado en una cuenta de garantía, pronto serán liberados, aunque no está claro de inmediato cómo Irlanda utilizará esta ganancia inesperada, de acuerdo con Reuters, es posible que lo use en un fondo soberano.
Por otro lado, Apple expresó su decepción, alegando que la Comisión Europea cambió retroactivamente las reglas fiscales, argumentando que gran parte de las ganancias ya habían sido gravadas en Estados Unidos. A pesar de ello, la decisión es definitiva, y Apple deberá pagar la suma.
Este caso sienta un precedente sobre cómo la UE maneja los beneficios fiscales otorgados a las multinacionales y refuerza su postura contra lo que considera acuerdos preferenciales injustos entre gobiernos y empresas.
Con información de Reuters.
