Sin embargo, Juárez Mojica aseguró a Expansión que con la modificación del estatuto orgánico realizado hace dos años, el Instituto puede sesionar Plenos y convocar sesiones extraordinarias con al menos tres comisionados, en vez de cinco. Aunque reconoce que esto implicaría limitaciones para ejercer de manera plena sus facultades.
El IFT no podría emitir resoluciones de barreras a la competencia, disposiciones regulatorias, tampoco establecer directrices ni lineamientos técnicos y quedaría frenado su reglamento interior. Además estaría imposibilitado de emitir nombramientos de Autoridad Investigadora y de competencia económica, unas de las áreas más cruciales para el regulador al estar encargadas de generar estudios sobre mercados que posteriormente son utilizados para discutir nuevas regulaciones, aseguraron expertos.
“La próxima salida de Javier Juárez resultaría en una mayor complejidad para las atribuciones del Instituto, ya que varias facultades requieren de al menos cinco votos para poder emitir una resolución y para nutrir los debates en el Pleno”, dijo Adriana Labardini, excomisionada del órgano regulador de las telecomunicaciones.
Expertos anteriormente han comentado a este medio que la falta de más comisionados podría limitar la visión y discusión de ciertos temas como son las medidas asimétricas con las que opera América Móvil.
El debilitamiento
Desde hace cuatro años, el IFT ha enfrentado una crisis de recursos humanos. El 29 de febrero de 2020, Gabriel Contreras terminó su gestión como presidente comisionado del Instituto en medio de una pandemia que frenó la asignación de nuevos cargos al interior del regulador, no así la salida de más funcionarios. Un año después Mario Fromow terminó su gestión dejando al pleno con solo cinco comisionados. Luego siguió Adolfo Cuevas quien tras cumplir nueve años como comisionado tuvo que dejar el cargo como presidente comisionado del IFT en febrero de 2022.
El nombramiento de comisionados es responsabilidad del Ejecutivo. El presidente debe elegir perfiles a partir de una lista de ternas proporcionada por el Comité de Evaluación y el Inegi, la cual es resultado de una serie de pruebas rigurosas aplicadas a diversos candidatos para demostrar su perfil técnico. Los nombramientos de los comisionados del IFT obedecen a un carácter técnico más que político.
Sin embargo, el exmandatario López Obrador rechazó todas las ternas argumentando que los nombres de la lista solo fueron emitidos por el Inegi y el Comité de Evaluación, faltando el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuyo ente despareció en 2019 por decreto.
Labardini lamentó que el sexenio obradorista haya sido omiso al evitar el nombramiento de los puestos faltantes, en especial cuando esta vez se debía elegir a mujeres con la finalidad de enriquecer la visión regulatoria de unos de los sectores más importantes del país.
“Era la primera vez que había la posibilidad de tener tres comisionadas para lograr una paridad de género. Ya no queremos que sólo sean los hombres tengan la visión regulatoria del ecosistema digital necesitamos expertas”, dijo la excomisionada del órgano regulador.
Absorción de facultades
A esta situación adversa que afronta el ente antimonopolios, se ha sumado la iniciativa impulsada por el senador Ricardo Sheffield que busca sustraer facultades del regulador en materia de protección y derechos de usuarios para trasladarlas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La propuesta se basa en supuesta existencia de duplicidad de funciones entre el IFT y la Profeco que provocan confusiones a los consumidores como es la plataforma del regulador para presentar quejas por servicios deficientes de telecomunicaciones.
Javier Juárez dijo que analizan la propuesta de la Porfeco para determinar si incide en invasión de facultades del regulador y con ello implique promover alguna controversial constitucional. Hasta ahora el ente regulador de las telecomunicaciones cuenta con la Coordinación general de política de usuario, obligaciones que se ejercen a través del estatuto orgánico, pero que ahora este marco no se puede modificar porque requiere de cinco comisionados.
Y aunque por ahora no hay más detalles de cómo se trasladarían las facultades del IFT a la Profeco, para Adolfo Cuevas, excomisionado presidente del Instituto, este tipo de iniciativas como el debilitamiento del regulador obedece a una visión ideológica que “deja de apreciar y entender la evolución y la importancia de una burocracia técnicamente calificada por una política”.
“Este tipo de iniciativas (como Profeco) deben ser analizadas desde el punto de vista de los consumidores y técnica. Y no quedarse en un nivel de disputa de autoridades para ver qué se puede quitar a una entidad, pero si la apuesta es la puerta política los efectos se verán con el tiempo a través de mayores beneficios para algunos poderes económicos”, advirtió Cuevas.
Desde su toma de posesión, Claudia Sheinbaum no ha emitido comentarios respecto a la reforma para eliminar a los entes autónomos e incluso no aparece dentro de los 100 compromisos para su sexenio, sin embargo, el silencio retumba al interior del regulador al verse casi atados de manos y con movimientos que buscan adjudicarse poderes que obtuvo gracias a la reforma de telecomunicaciones de 2013, que buscaba desdibujar aquella imagen burocrática, litigiosa y poco técnica del sector, pero que poco a poco comienza acercarse de nueva cuenta.
