Agencia de José Merino controlará el espectro; temen que beneficie a Altán

Hasta ahora la administración del espectro es una facultad velada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través de la emisión de licitaciones anuales. Pero la idea del gobierno es pasar dicha atribución a la nueva Secretaría de Estado, una vez que el autónomo sea extinguido por completo.

Sin embargo, analistas consultados coincidieron en que el principal reto de la dependencia será evitar el otorgamiento de beneficios para Altán Redes, cuya empresa requiere de mayor espectro para modernizar su red y así competir de manera frontal con Telcel y AT&T.

José Antonio Merino, el funcionario que encabezará a la Agencia, comentó que Altán Redes es el proyecto clave para impulsar un modelo de conectividad más sostenible en la próxima administración. “Y aunque por ahora no podemos decir o saber si habría cambios en el modelo de negocio de la compañía, sólo puedo decir que se tomarán todas las decisiones que sean necesarias para lograr este objetivo”, advirtió el funcionario en una breve entrevista con Expansión.

Esta postura preocupa a los especialistas. Mony de Swaan, socio fundador del Centro de Estudios e Investigación de Asuntos Públicos (CEIAP), aseguró que el creciente conflicto de interés entre el gobierno y Altán puede llevar a la Agencia a entregar directamente espectro a la compañía de la Red Compartida para que pueda, por fin, entrar a la batalla del 5G.

La empresa presidida por Carlos Lerma hace unos años decidió no entrar a una licitación para adquirir espectro de 2.5 GHz, pero ahora ha reconocido que requiere de esa banda para converger a 5G y generar nuevas posibilidades de negocio e ingresos. Pero el obstáculo es la parte financiera.

“La principal limitante para que Altán sea competitiva es la falta de espectro. La ley impide adjudicar de manera directa el espectro, pero hemos visto que la Ley ya no es un impedimento y no se me ocurre otra forma en que Altán se vuelva competitiva sino es mediante la adjudicación directa de espectro por parte de la Agencia”, advirtió Mony de Swaan.

La compañía en estos momentos ha operado bajo asimetrías en el mercado. Altán desde marzo de este año ha dejado de pagar el espectro e incluso ha solicitado prórrogas para aplazar el saldo de bandas, lo que va contra el contrato con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

El pago del espectro es uno de los grandes conflictos de la industria y uno de los mayores obstáculos para que crezca la infraestructura del país y con ello los servicios de telefonía e internet.

Por ejemplo, sólo el pago anual por los derechos del uso de la banda 600 MHz asciende a 26,997 millones de pesos, mientras que para la banda de 800 MHz tiene un costo de 54,087 millones, de acuerdo con las cuotas de la Ley Federal de Derechos 2023.

La consultora The Ciu ha señalado que el costo del espectro implica un gasto de entre 22% y 30%, como porcentaje de ingresos anuales, para los operadores de telecomunicaciones como Telcel y AT&T, cuyos porcentajes son trasladados a los consumidores.

Adolfo Cuevas, expresidente comisionado del IFT, dijo que la Agencia de Transformación Digital debe preservar la competencia efectiva de la industria de lo contrario, los operadores dejarán de invertir en sus redes y esto limitará a los consumidores, así como a la digitalización del país.

Hasta ahora, dice, mantener por tercer año consecutivo el precio del espectro sin la actualización de la inflación, que ha significado una baja en términos reales de alrededor de hasta el 25%, es insuficiente para que Telcel, AT&T y Altán adquieran bandas.