La incertidumbre en telecomunicaciones frenará el despliegue de 5G en México

El IFT, a pesar de ser eliminado en la reforma de simplificación orgánica, seguirá velando la regulación del sector de la conectividad en tanto no se expidan las leyes secundarias que delimiten el entramado legal para enviar sus facultades a Secretarías como la ATDT. Mientras que la Agencia de José Merino a la par iniciará su operación.

Mony de Swaan, socio fundador del Centro de Estudios e Investigación de Asuntos Públicos (CEIAP), considera que el próximo año será complejo para la industria porque los operadores no sabrán quién lleva la política pública de las telecomunicaciones, a pesar de que el IFT siga existiendo. “Además estará la Agencia que no sabe regular porque nunca lo ha hecho y de entrada se puede prever una caída importante en la inversión privada en el sector”, advirtió el especialista.

El sector de las telecomunicaciones ya enfrenta rezagos en inversiones. En los últimos tres años, la inyección de capital descendió 35.8%, al pasar de inversiones en 2020 de 63, 048 millones de pesos a 40, 464 millones de pesos en 2023, según estimaciones de la consultora The Ciu.

Esta situación se debe en parte a los retos que enfrentan las empresas para inyectar capital para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones debido a los costos del espectro y la falta de homologación de permisos para instalar torres y antenas.

Por ejemplo, a tres años de haber iniciado la carrera de 5G en México, solo el 31.5% de la población tiene acceso a redes de este tipo. Telcel lidera la cobertura de la quinta generación en redes con 125 ciudades, debido a que cuenta con bandas de espectro que le permiten hacer el cambio de generación de redes de manera más sencilla, respecto a sus competidores, aunque aun así requiere de bandas como 2.5 GHz. Mientras que AT&T y Movistar apenas tienen presencia en 47 y 38 ciudades, respectivamente.

Adolfo Cuevas, expresidente comisionado del IFT, comentó que es necesario que los operadores adquieran más espectro porque en la actualidad enfrentan una mayor demanda de tráfico por la descarga de datos y no hacerlo significaría un deterioro para el servicio de los usuarios.

“Pero hasta ahora Telcel es la única empresa que reconoce que no tendría problema en adquirir espectro, a pesar del costos que implica. Pero esto sólo implicaría una mayor concentración en términos de infraestructura y lo que se necesita es más competencia”, apuntó el exfuncionario del IFT.

Este año, el Instituto planeaba la licitación IFT-12, que contemplaba la venta de espectro para la quinta generación en redes, pero tuvo que ser aplazada debido a la falta de apetito por parte de compañías de telefonía móvil por los altos costos que representa la compra y uso de este insumo, así como por frenos que preveían AT&T para hacerse de bandas. Pero la lenta extinción del ente regulador se ha sumado como nuevo ingrediente para postergar de nueva cuenta la subasta de espectro.

Además el reciente recorte presupuestal del 70% al Instituto también ha generado dudas si con 500 millones de pesos, el actual regulador podrá continuar con su trabajo de vigilancia y emisión de licitaciones para bandas idóneas para 5G.

“La licitación la detuvieron por meses. No hay nada peor que estar licitando espectro con incertidumbre y el IFT tomó una decisión acertada para saber cómo se comporta el mercado, pero la realidad es que el próximo año se mira complejo que las empresas puedan adquirir espectro”, dijo De Swaan.

A esta situación se ha sumado la nueva regulación de Telcel donde el IFT ha pedido al operador prestar su infraestructura a sus competidores como AT&T y Altán para evitar que sus usuarios queden desconectados. Pero esta medida también restará estímulos para que la subsidiaria de América Móvil invierta en su propia red porque esto significaría convertirse en más dominante respecto a sus competidores, mientras que las demás empresas no sentirán presiones para inyectar mayor capital en infraestructura.