Pero el proyecto de Ley no detalla los controles judiciales que tendrá la plataforma para acceder a su contenido, lo cual toma mayor relevancia en un momento en donde los contrapesos que resguardaban los datos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han desaparecido.
Esta medida implicaría mayores vulneraciones para los mecanismos que contienen a las instituciones de obtener los datos de 148.3 millones de mexicanos que actualmente tienen una línea telefónica activa, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las empresas de telefonía móvil actualmente están obligadas a almacenar los metadatos de las comunicaciones –origen de las llamadas o mensajes, fecha y duración de conversaciones realizadas por los usuarios en sus redes– durante dos años, esto como parte del artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
Las únicas instancias de seguridad y procuración de justicia que están facultadas para acceder a dicha información son la Fiscalía General de la República y de los Estados, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la Guardia Nacional, a partir de una autorización judicial y en casos de emergencia puede ser obtenida en 48 horas, según estipula el artículo 190 de la LFTR. Pero con la reforma, el Ejército y las policías estatales y municipales se sumarían a la lista.
Luis Fernando García, director de la organización R3D en Defensa de los Derechos Digitales, comentó que su asociación demostró con evidencia que entre 2016 y 2017 hubo abusos en el tema de obtención de información, pues un número importante de solicitudes de acceso a los datos se realizó sin autorización judicial y por autoridades que no tienen facultades para acceder a la información de los usuarios.
Con el nuevo planteamiento de la reforma para incluir a más instancias de seguridad y con la casi pulverización de mecanismos para acceder a los datos, esto incidirá en mayores violaciones a derechos humanos e incluso en incriminaciones por el robo o extravío de un teléfono que no fue reportado.
“Las personas cuya información sea accedida no van a tener conocimiento de que estos datos están siendo investigados por una autoridad e incluso si las están investigando y esto es muy riesgoso donde se ha registrado la duplicación de las tarjetas SIM”, alertó el especialista.
Expansión solicitó información a la Agencia de Transformación Digital pero declinó emitir comentarios por el momento.
¿Plataforma arriesga la conectividad?
La reforma plantea que las empresas de telefonía registren información personal de los usuarios como CURP, INE, RFC y, en el caso de extranjeros, pasaporte o documento migratorio. Además, deberán inhabilitar las líneas que no estén asociadas a una persona.
Para registrar una línea será necesario que los mexicanos entreguen datos oficiales como CURP, INE, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), mientras que extranjeros deberán entregar información de pasaporte o documento migratorio.
Pero para Luis Fernando García esta medida complicaría el acceso a un chip telefónico para personas que no cuentan con papeles oficiales, lo que se traduciría en desconexiones a un servicio que ya se estipula como derecho humano y que el propio gobierno busca habilitar..
Además las personas que corresponden al segmento de recargas en el país, que corresponden a 123.2 millones de mexicanos, se resistirán a entregar sus datos, ya que hasta ahora no están obligadas a asociar su línea a información personal, a diferencia de las líneas de pospago que sí deben compartir información a las compañías de telecomunicaciones.
“Es probable que pase la experiencia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) donde hubo pocas registro de líneas telefónicas y aunque esto implicaba que las empresas telefónicas tuvieran que inhabilitar a las que no estaban asociadas a una persona, las compañías se opusieron y buscaron prórrogas hasta que se eliminó la base de datos”, dijo el experto.
La Plataforma también asoma riesgos por la centralización de la información de casi todos los mexicanos, haciéndola vulnerable ante entidades delictivas del ciberespacio quienes cada vez sofistican sus métodos para filtrar bases de datos.
“(La Plataforma) es una herramienta fácilmente eludible para la delincuencia y que puede no solamente no servir para la procuración de justicia, sino generar efectos adversos para los derechos de las personas, pero incluso para las investigaciones”, dijo el directivo de R3D.
“Los fiscales van a perder tiempo persiguiendo personas que no tienen nada que ver con los hechos delictivos y que fueron incriminadas por la explotación de su identidad o la explotación de su número telefónico”, advirtió.
