La inseguridad en México provocada por el crimen organizado se colocó como un tema relevante en el primer conversatorio de análisis del dictamen de Ley de Telecomunicaciones.
Una de las preocupaciones es no incluir mecanismos para detectar si un interesado en una concesión tiene vínculos con grupos delictivos, advirtió Adriana Labardini, asesora experta en política y regulación de telecomunicaciones, medios y TICs.
El proyecto solo detalla que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) solicitará a los interesados información como: nombre, domicilio, justificación del uso del permiso de concesión, capacidad técnica y económica y fuente de recursos, sin embargo no específica cómo corroborará los datos y si los investigará a detalle.
Para la entrega de títulos de concesión ya sean de tipo comercial, social, público, privado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realiza consultas previas con dependencias gubernamentales para saber si cuentan con información de los solicitantes o con una opinión particular, sobre todo de interesados que levantan suspicacias.
Las infraestructuras críticas como las telecomunicaciones son un activo importante para el crimen organizado. Las redes sirven a este tipo de grupos como herramienta para facilitar la comunicación entre miembros, coordinar actividades, almacenar información y, en algunos casos, incluso cometer delitos.
Labardini aseguró que debido a esa situación, la verificación es relevante en un contexto en donde uno de los grandes problemas del crimen organizado es el lavado de dinero, cuyo mecanismo les permite solicitar un permiso a través de otras personas o grupos.
“Me parece grave que la Agencia siendo parte del Ejecutivo Federal no proponga algún mecanismo, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, que permita encontrar evidencia o información cuando algún interesado tiene indicios de vinculación con actividades ilícitas”, lamentó la también excomisionada del IFT en entrevista tras su participación en el conversatorio.
Se han documentado casos como el del centro de monitoreo clandestino que se descubrió en Teocaltiche, Jalisco, el cual estaba constituido por una red de cámaras y centros de monitoreo con una infraestructura que requiere de conectarse a las redes de telecomunicaciones.
Las compañías del sector también han reportado que el crimen organizado está interesado en crear sus propias redes de telecomunicaciones. Megacable, por ejemplo, dijo a Expansión anteriormente que ha detectado robos de herramientas que sirven para tender y reparar las redes de fibra óptica a técnicos de telecomunicaciones.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías (Canieti), regiones como el Bajío y el norte del país, son zonas de mayor riesgo para que operen las empresas que se dedican a los servicios de conectividad.
“Es un problema real que por amenazas del crimen o porque les roban infraestructura, cables, poses, los concesionarios no puedan operar o incluso desplegar más red en el país. No queremos que las infraestructuras de misión crítica de este país pasen a manos inadecuadas”, alertó Labardini.
Otra de las preocupaciones que verbalizaron los especialistas y actores de la industria es la concentración de poder y atribuciones que tendrá la ATDT. Pues dudan del papel que tendrá como regulador del sector.
El organismo contará con funciones regulatorias, política pública, tramitología, ciberseguridad, espacial, satelital y desarrollo de software. Además será un ente dependiente del Ejecutivo y sin contrapesos.
“No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables, ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales. Una autoridad de esta naturaleza debe contar con autonomía técnica, un cuerpo colegiado que tome decisiones a la manera del IFT y Cofece”, advirtió Jorge Bravo, presidente de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
El proyecto plantea que la Agencia entregue espectro radioeléctrico de manera directa y sin contraprestaciones a empresas públicas del Estado como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a compañías público privadas como Altán Redes.
Para Gabriel Contreras, representante del Consejo Coordinador Empresarial, esta disposición representa una violación a la competencia, toda vez que coloca a la empresa del Estado en una situación de ventaja sobre los demás concesionarios, además de restar incentivos a las inversiones.
“El Plan México plantea que en el 2030 México se coloque como una de las 10 economías más importantes del mundo y para ello se busca atraer inversión de 277,000 millones de dólares. Pero esto requiere generar las condiciones que atraigan y retengan inversiones y se dará en un entorno que ofrezca oportunidades”, dijo Contreras en su participación en el conversatorio.
Los participantes del foro coincidieron en que el sector privado está en peligro de prosperar, pero esperan la modificación del proyecto de Ley para evitar retrocesos en materia digital y derechos humanos.
“Confiamos que vamos a modificar y hacer una reserva total de este dictamen porque de no hacerlo puede afectar de manera importante a la industria de las telecomunicaciones y al país, pero también incluso a la propia 4T porque la ciudadanía no pasará por alto que una ley controle y vigile a las personas, que inhiba el desarrollo digital y a las comunidades”, dijo Labardini.
