Esto significa que el plazo sería hasta diciembre de este año para que la CRT publique los lineamientos que deberán cumplir los operadores como Telcel, AT&T, Telefónica y Operadores Móviles Virtuales (OMV) para registrar a sus usuarios.
Las empresas de telefonía móvil por su parte tendrán 120 días hábiles para crear y alimentar el registro de líneas telefónicas de todos sus usuarios, lo que significa que en junio de 2026, las 142.3 millones de líneas activas deberán estar vinculadas con una identidad comprobada, a partir de la CURP digital que contendrá datos biométricos y huellas dactilares.
De no hacerlo en esa temporalidad, el transitorio Trigésimo de la Ley advierte que toda línea que no esté asociada a un usuario identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.
Sin embargo, los tiempos que estipula la Ley actual podrían cambiar. Aún no existe una fecha prevista para la designación de las ternas de los cinco comisionados que integrarán el Pleno de la CRT y que darán vida a la operación del nuevo regulador encargado de emitir los lineamientos del registro móvil.
Esta situación al quedar ambigua deja dudas si para el Ejecutivo y el Senado serán suficientes 120 días hábiles para elegir a los nuevos funcionarios del regulador de telecomunicaciones.
A esto se suma, si es suficiente el tiempo que les han asignado a las empresas de telefonía para implementar el registro de usuarios.
Los Operadores Móviles Virtuales en muchos casos no cuentan con la infraestructura necesaria para iniciar de manera rápida un padrón de líneas, además de que implicará inversiones adicionales a su operación, lo que podría presionar sus finanzas, en especial para pequeños operadores.
Renaut 2.0
El registro de líneas móviles que iniciará el próximo año es una reedición del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) creado en 2008, durante la administración de Felipe Calderón bajo la premisa de enfrentar los delitos de extorsión y secuestros.
Pero la iniciativa obtuvo resultados contrarios. Mientras estuvo activo el Registro, los delitos que se buscaron combatir aumentaron 40% y la información de los mexicanos se filtró en el mercado negro en donde se vendían en 500 pesos, según datos de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El Renaut fue destruido en 2011.
Pero en 2021, la administración de López Obrador buscó recrear el registro con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) bajo el argumento de combatir extorsiones. La iniciativa pretendía obligar a los consumidores a entregar información sensible: datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris; clave Única de Registro de Población (CURP); especificar si la línea de telefonía pertenece al segmento de recarga o de plan; datos sobre nacionalidad en caso de ser extranjero.
Tras varios amparos de ciudadanos y controversias constitucionales por parte del entonces INAI como del IFT, en 2022 la Suprema Corte desechó por completo la propuesta del Panaut. Para los jueces, la operación del Padrón implicaba violaciones al derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos y no combatiría las extorsiones telefónicas.
Sin embargo, tras los resultados fallidos del primer Padrón, y las advertencias de especialistas sobre este tipo de registros, la administración de Sheinbaum Pardo obligará a los mexicanos a entregar su información que podrá ser revisada por instancias de justicia sin mecanismos legales claros.
