Esta situación se ha traducido en que los mexicanos se vean obligados a desembolsar más recursos financieros para la conectividad. En el contexto actual de inflación e incertidumbre geopolítica —que ha derivado en pérdidas de empleos por la reubicación de algunas plantas hacia Estados Unidos— los usuarios enfrentan mayores desafíos financieros para mantenerse conectados.
El Inegi reportó que el año pasado, los mexicanos gastaron en telefonía móvil 427.8 pesos en promedio mensual, 11.6% menos respecto a 2023, sin embargo, la cifra aún ubica al país con grandes desafíos si se compara con Brasil, en donde sus ciudadanos erogan al mes 5.7 dólares, equivalentes a 107. 18 pesos, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La diferencia de precios deriva de la visión que tienen ambas naciones sobre el espectro radioeléctrico, la columna vertical para habilitar servicios de telecomunicaciones. En México se ha mantenido una postura sobre este rubro como una vía recaudatoria, mientras que Brasil lo mira desde una óptica de conectividad.
El alto precio del espectro, determinado por el Estado, se traduce en mayores cargas financieras para las empresas, lo que restringe su capacidad para ofrecer tarifas más accesibles para los consumidores. La asequibilidad del servicio móvil no depende únicamente de la competencia en el mercado, sino también de las decisiones regulatorias y fiscales que inciden directamente en la estructura de costos del sector.
Los contrastes de venta de espectro
Desde 2021, Brasil ha impulsado licitaciones de espectro con un enfoque no recaudatorio, priorizando la expansión de la cobertura en lugar de la obtención de ingresos fiscales. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el regulador brasileño, estableció que solo el 10% del valor total de las bandas espectrales se pagaría en efectivo, mientras que el 90% restante se cubrirá mediante compromisos de cobertura y despliegue de infraestructura.
La Anatel permitió que ese 10% en efectivo pudiera pagarse en un plazo de hasta 20 años, coincidiendo con la duración de la concesión. Esta medida busca reducir la carga financiera inmediata sobre los operadores, incentivando al mismo tiempo inversiones sostenidas en conectividad, especialmente en zonas con menor acceso a servicios de telecomunicaciones.
Para el desarrollo de 5G en esa nación, la Anatel determinó para la licitación de este año, la banda de 700 MHz, un espectro similar al que tiene Altán Redes, será licitada sin carácter lucrativo.
“Mantenemos el carácter de no recaudación, en donde todo el valor económico de la banda debe convertirse en compromisos. La idea es promover la inclusión digital de la población”, dijo el regulador de Brasil en un comunicado de prensa.
En México, la situación contrasta significativamente. La Secretaría de Hacienda rechazó en más de seis ocasiones las solicitudes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para reducir los costos del espectro, sin ofrecer argumentos públicos claros. Como resultado, el sector continúa operando bajo una política predominantemente recaudatoria en el acceso a las bandas espectrales, lo que limita el margen de maniobra para fomentar una mayor cobertura y competencia.
Si bien los precios del espectro no han aumentado en los últimos dos años en términos reales —es decir, no han sido ajustados conforme a la inflación—, esta estabilidad no ha sido suficiente para aliviar la presión financiera sobre los operadores.
Empresas como AT&T advierten que no adquirirán más bandas hasta que se revisen los costos, e incluso han devuelto parte del espectro ya concesionado debido a la carga económica que representa para su operación en el país.
En México, el pago total por uso de bandas de frecuencias se ubica entre 88% y 96% por arriba de la mediana internacional. Esta situación se traduce en que los operadores como Telcel destine el 5.7% de sus ingresos anuales para el pago de derechos por el uso del espectro, mientras que AT&T el 17.1%, es decir, tres veces más que la subsidiaria de América Móvil, según datos del IFT.
La nueva política
Dentro de la nueva política de Telecomunicaciones se alude a descuentos sobre el pago del espectro a cambio de obligaciones de cobertura, pero no detalla el porcentaje que implicaría la disminución del precio.
Aunque la propuesta representa un avance para atraer a nuevos actores al sector de telecomunicaciones, el Estado deberá traducir esta intención en la Ley Federal de Derechos del próximo año si busca evitar que la licitación de espectro 5G quede desierta, como ocurrió en las dos últimas convocatorias del IFT.
Además, esta medida será clave para materializar uno de sus objetivos centrales: conectar a 16 millones de mexicanos y reducir el costo del gigabyte en el país, tal como lo señaló José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina del pasado 14 de mayo.
