Hacienda pretende validar esta obligación a partir de una reforma al Código Fiscal de la Federación, en la que se contempla adicionar el artículo 30-B, para tener acceso a toda la operación de las compañías digitales, bajo el argumento de eficientar la tributación fiscal.
La propuesta será coordinada con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y las empresas que sean omisas serán bloqueadas por los operadores de telecomunicaciones hasta que la plataforma cumpla con sus obligaciones.
“Con el fin de obtener información inmediata de las operaciones que registran, considerando los medios tecnológicos con que cuenta la industria del comercio digital, se propone establecer la obligación de los prestadores de los servicios digitales de proporcionar la información en línea y en tiempo real de sus operaciones y registros en sus sistemas centrales”, detalla el proyecto.
Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) revelan que el año pasado ingresaron a sus arcas 1,897 millones de pesos por el concepto de ingresos tributarios por parte de plataformas tecnológicas, lo que significó un incremento de 8.8% de manera interanual; mientras que de 2020, año en que fue tasado el ecosistema digital, al 2024, este rubro creció hasta tres veces.
Los riesgos
Aunque la autoridad fiscal sostiene que el proyecto mejoraría la fiscalización y combatiría la evasión, especialistas advierten que la propuesta abre la puerta a posibles vulneraciones a la privacidad de millones de usuarios. Al tratarse de un acceso constante y en tiempo real, se corre el riesgo de que datos sensibles de consumidores —como patrones de consumo, ubicación o historial de transacciones— puedan quedar expuestos o mal gestionados.
La Asociación Latinoamérica de Internet (ALAI) explicó a Expansión vía escrita que la redacción actual de la disposición, al no delimitar con precisión qué tipo de información puede ser consultada, abre la puerta al acceso de información más allá de fines tributarios, como la identidad de los usuarios, su comportamiento en línea y a sus dispositivos utilizados.
Además, la reforma podría generar preocupación entre empresas por la exposición de información estratégica o secretos industriales.
“(Si no se entrega la información) la autoridad tiene la facultad para implementar un bloqueo temporal del servicio, sin la intervención expedita de una orden judicial. Se trata de una medida desproporcionada que podría afectar la libertad de expresión y el acceso a la información de millones de usuarios”, advirtió la Asociación.
Grecia Macías, abogada especializada en temas derechos digitales, ciberseguridad y protección de datos personales, aseguró que la iniciativa no es un caso aislado, sino parte de un patrón de intentos del gobierno por ampliar el control sobre los datos de los usuarios.
En 2019, ya se había intentado una medida similar a través de la Ley del IVA, y más recientemente, en un borrador de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, donde se proponía que las empresas digitales debían destinar un porcentaje de sus ingresos al Estado, y en caso de incumplimiento, serían susceptibles de ser bloqueadas en el país.
“Ahora no solo se reintroducen esas medidas de bloqueo, sino que además se da un paso más al exigir a las plataformas que abran sus puertas por completo a la autoridad fiscal, sin controles ni límites claros. Básicamente, le están diciendo a las empresas: dame acceso en tiempo real a toda tu información o no operas en el país”, advirtió Macías.
Este tipo de políticas, advierte, deben analizarse también en el contexto de otras iniciativas recientes relacionadas con la concentración de datos en manos del Estado, como las leyes de inteligencia, las bases de datos poblacionales e incluso con el Padrón de Telefonía.
“Es otro ejemplo de cómo el gobierno está buscando amasar más información de la población, sin ningún tipo de control democrático ni supervisión independiente”, lamentó la especialista.
Expansión solicitó información a Netflix, Prime Video y ViX, pero no respondieron a la petición de información. Mientras que Disney declinó hacer comentarios.
Un reto sin precedentes
El cumplimiento de la propuesta hacendaria requeriría inversiones adicionales en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y adecuaciones legales por parte de las plataformas digitales. Según el proyecto, el SAT será la entidad encargada de establecer las especificaciones de los registros y sistemas de cómputo.
La ALAI consideró que la magnitud de los recursos necesarios para implementar un sistema de vigilancia fiscal de esta naturaleza es de tal envergadura que roza lo inviable. Las plataformas digitales no fueron diseñadas para permitir un acceso continuo y en tiempo real por parte de una entidad gubernamental externa, lo cual implicaría una reingeniería profunda de sus infraestructuras tecnológicas.
"No se trata simplemente de una inversión adicional, sino de un desafío de ingeniería sin precedentes a nivel global", aseguró la Asociación.
Crear un canal permanente de acceso abre una puerta que ampliaría de manera exponencial la superficie de ataque para actores maliciosos, convirtiendo a las plataformas y a los propios sistemas del gobierno en objetivos de alto valor.
“Garantizar la seguridad de un canal de estas características de manera infalible es, en la práctica, un desafío técnico monumental que ninguna plataforma puede asegurar al 100%”, consideró la Asociación.
El T-MEC
La exigencia de un acceso permanente y sin restricciones a los sistemas de las plataformas no tiene referentes comparables en otras economías digitales avanzadas, y su implementación podría desestabilizar los principios fundamentales de ciberseguridad, privacidad y operación globales de estas empresas.
Además, la propuesta entraría en conflicto con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece obligaciones claras en el capítulo 19 sobre comercio digital. Este estipula que el requisito de acceso en tiempo real podría considerarse una barrera injustificada al libre flujo transfronterizo de datos.
Además, la ambigüedad sobre el tipo de información exigida, abre la posibilidad de que se infrinjan las protecciones del tratado que prohíben condicionar la operación de empresas al acceso a su código fuente o algoritmos propietarios.
Para los especialistas, la propuesta, tal como está planteada, exige un análisis más profundo y una revisión que permita generar una solución más viable y respetuosa de los derechos fundamentales de los usuarios y de tratados comerciales.
