La nueva autoridad regulatoria tendrá dos caminos: retomar la iniciativa del IFT o modificar la regulación, pero esta decisión implicaría periodos más amplios, mientras el mercado gris de celulares avanza en el país.
El mercado gris es la entrada de productos no necesariamente fabricados para el mercado mexicano y no cuentan con especificaciones técnicas a las especificadas por el país, lo que trae como consecuencia afectaciones para los consumidores como no poder conectarse a las redes de los operadores de telecomunicaciones.
Samsung es uno de los fabricantes que asegura pasar todas las certificaciones técnicas para que sus dispositivos electrónicos estén homologados y en funcionamiento con las redes móviles de las empresas de conectividad del país.
“Lo que hacemos es que todos nuestros dispositivos, desde celulares, tabletas e incluso relojes inteligentes pasen todas las certificaciones mexicanas, como son de NOM como de los propios operadores de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar al usuario que funcionan al 100%. Nuestros celulares funcionan en cualquiera de todos los operadores telefónicos que tenemos en México. Las aplicaciones que contienen están totalmente personalizadas y adaptadas al mercado mexicano”, precisó René Castillo, vicepresidente de la división de wearables y mobile en Samsung Electronics México.
La postura se polemizó en 2023, cuando algunas empresas anunciaron bloqueos a equipos del mercado gris. La decisión generó reclamos de consumidores que vieron inhabilitados sus teléfonos y llevó a la intervención de Profeco y el IFT, que pidieron a las empresas suspender la medida para no vulnerar derechos.
Desde entonces, el debate sobre hasta dónde puede llegar un fabricante en defensa de su ecosistema y dónde deben entrar los reguladores está sobre la mesa.
Para Samsung, el mercado gris es “una coyuntura nueva”, pero insiste en que seguirá cumpliendo con las certificaciones existentes y con las que surjan “en las nuevas comisiones y en la nueva forma de medir el tema de telecom en el gobierno”, según Castillo.
En la actualidad se requiere de una etiqueta NOM-001-SCFI-2018 para identificar que los dispositivos electrónicos cuentan con criterios de voltaje, seguridad y homologación de redes inalámbricas mexicanas, pero esta norma ha sido insuficiente, por lo que el regulador consideró que era necesario un sello que precisara las disposiciones técnicas.
Retrasos de sello por cambios políticos
El cambio de política del sector de las telecomunicaciones implicó un retraso del llamado “Sello IFT”, una etiqueta pensada para dar certeza a los consumidores sobre qué equipos cumplen con todas las normas. Aunque debía entrar en vigor en julio de 2025, su aplicación se pospuso hasta 2027 por presiones de asociaciones industriales que argumentaron falta de preparación y porque el organismo fue eliminado.
Profeco, por su parte, continúa como autoridad de defensa del consumidor, con capacidad de sancionar prácticas comerciales engañosas, exigir transparencia en publicidad o verificar garantías, pero sin facultades técnicas para certificar dispositivos ni vigilar su homologación.
La situación deja un espacio de indefinición. En estos años de transición, los consumidores siguen expuestos a adquirir dispositivos importados que, aunque más baratos, carecen de soporte local o no funcionan plenamente.
Profeco emitió alertas sobre ofertas en línea con equipos no homologados y recordó que el ahorro inicial puede convertirse en un gasto mayor al no contar con reparación ni garantía. Sin embargo, la institución carece de las herramientas para verificar espectro, compatibilidad o protocolos de red, lo que hace que sus advertencias dependan de la buena fe de fabricantes y vendedores.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), por su parte, aún construye al nuevo regulador y define sus marcos legales, mientras que el sello que permitiría a los usuarios distinguir un producto legítimo de uno gris seguirá ausente.
Ernesto Piedras, director de The CIU, señaló que el mercado gris no es mayoritario, pero representa una proporción suficiente para generar distorsiones en precios y canales, además de abrir debates sobre acceso a la tecnología en un país donde no todos pueden pagar un teléfono de gama alta en distribuidor oficial.
El desenlace todavía está abierto. Samsung mantiene su discurso de confianza basado en certificaciones; Profeco refuerza su papel de defensor del consumidor, aunque sin poder técnico; y la ATDT arranca con la tarea de dar certezas en un entorno marcado por la incertidumbre.
