El año pasado, 2.9 millones de personas fueron beneficiadas con el Programa de Conectividad, pero su implementación mostró altibajos significativos, con picos y caídas abruptas en el número de beneficiarios a lo largo de los doce meses, revelaron datos de Promtel vertidos en la nueva Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA).
Los datos muestran que durante las elecciones y los primeros dos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las adiciones al programa de conectividad reportaron los picos más elevados, pero una vez pasados dichos periodos, las curvas de usuarios cayeron drásticamente. Por ejemplo, en noviembre el proyecto reportó la adición de 872, 992 usuarios, pero en diciembre la cifra registró solo 386, 454 suscriptores.
Además, la información destaca que los Estados en donde más se dispersaron SIMs durante los meses de mayor pico fueron: Chiapas, Veracruz y Guerrero.
El programa de ‘Conectividad para el Bienestar’ surgió en febrero del año pasado, cuatro días después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificara el título de concesión a la CFE para ofrecer servicios de telefonía e internet de forma gratuita. La petición del cambio regulatorio se insertó en medio de un contexto político-electoral, ya que en marzo iniciaron las campañas electorales.
El objetivo del programa es proporcionar SIMs sin costo- a través de las entidades encargadas del proyecto- a la población que habita en zonas de atención prioritaria, así como a las personas que participan en los programas sociales, detalla el documento de Decreto.
El servicio ofrece una vigencia mensual, renovable hasta por doce meses, de 5 GB de navegación por internet, datos para redes sociales, 1,500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y función de hotspot para compartir internet.
Pero en la actualidad no se tiene claridad del verdadero impacto del programa para el cierre de la brecha digital del país. Expansión solicitó información a Promtel sobre el estatus actual del plan de conectividad pero no emitió comentarios. CFE por su parte aseguró que el tema recae completamente en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, sin precisar si mantiene su rol de proveedor del servicio.
Un plan más político que de conectividad
Jorge Moreno Loza, abogado especialista en telecomunicaciones, aseguró que el programa Conectividad para el Bienestar genera grandes cuestionamientos sobre su viabilidad y propósito real, al representar una duplicación innecesaria del proyecto de internet que ya existente dentro de la CFE.
En la actualidad es probable que el programa enfrente una inestabilidad operativa derivada de los grandes cambios estructurales que rodea a Promtel —absorción de nuevas facultades como la satelitales y espaciales—, y a la CFE — cambios constantes de liderazgo del proyecto de internet para Todos y sin un plan concreto de ejecución—.
“Más allá de ampliar la cobertura de internet, la administración debería enfocarse en trazar una hoja de ruta clara hacia una digitalización útil de sectores como la agricultura, la pesca, pero se han enfocado en cómo controlar a los proveedores y concesionarios (de la industria)”, lamentó el especialista.
En México, la brecha digital es una realidad a la que se enfrentan 17.1 millones de habitantes que aún no logran acceder a internet, según datos de la ENDUTIH 2024. Si bien la cobertura es una de las grandes barreras para acceder a internet, la economía también se convierte en un factor.
Hasta el año pasado, los mexicanos disminuyeron su gasto 11.1%, al pasar de 481 pesos en 2020 a desembolsar 427 pesos. Expertos anteriormente han señalado a Expansión que la disminución en servicios de conectividad obedece al entorno macroeconómico, en donde la inflación no cede del todo.
Pese a esta fotografía, Moreno Loza advirtió que el objetivo de cerrar la brecha digital parece haberse desdibujado en medio de una agenda dominada por fines políticos. Las decisiones en torno a los programas de conectividad —desde su diseño hasta su implementación— parecen responder más a intereses de control institucional y posicionamiento del gobierno que a una política pública con enfoque social y tecnológico de largo plazo.
