El subsidio eléctrico reta a la reforma
La actual tarifa de electricidad para los hogares mexicanos tiene un subsidio de entre 42% y 58%, lo que coloca al país como una de las naciones con menores precios de este tipo dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
A pesar de ello, el Gobierno de Enrique Peña Nieto promueve que la reforma energética aprobada hará que las tarifas se reduzcan, pero tendrá que enfrentar la disyuntiva de permitir que el cobro de la luz refleje el verdadero costo de producción o mantener el subsidio.
La reforma energética abre la posibilidad de que empresas privadas vendan electricidad de manera directa a los hogares, con lo que se pretende que su precio se reduzca en el largo plazo a consecuencia de una mayor competencia. Sin embargo en el corto plazo se ve complicado, debido a que también plantea eliminar de manera gradual los subsidios que otorga el Gobierno, según el dictamen aprobado por el Senado a inicios de este mes.
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En su reporte ‘El sector eléctrico: la apertura inconclusa', el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) detalló que si bien la mayor competencia en la generación y en la comercialización auxiliará a que las tarifas eléctricas bajen en el mediano plazo, la realidad es que por el actual esquema tarifario subsidiado, la única manera que los consumidores vean un descenso en el precio sería con un mayor subsidio gubernamental.
"Como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede absorber un subsidio más oneroso, y no habrá empresa privada que entre a un mercado donde el precio de venta esté por debajo del costo, el Gobierno tiene que diseñar un mecanismo por el cual cumplirá su promesa sin dar al traste con un potencial mercado competitivo de generación".
De lo contrario, advirtió el CIDAC, si el Gobierno sigue persiguiendo fines políticos más que económicos "es factible que se endeude con tal de decir que la reforma ha cumplido una de sus promesas".
El subsidio a las tarifas eléctricas alcanzó 84,000 millones de pesos (mdp) durante 2012, según un reporte de Bank of America Merril Lynch, mientras que al primer semestre de 2013 llegó a 54,000 mdp, según datos del dictamen.
El CIDAC y BofA Merril Lynch explican que el subsidio lo acaban pagando los industriales y comercios, cuyas tarifas sí superan las que pagan sus pares en Estados Unidos.
"Mientras que las tarifas residenciales tienen un subsidio de alrededor del 58%, las empresas medianas pagan un sobrecosto de 3%, las grandes industrias un sobrecosto de 5% y los comercios uno de 11%", ejemplifica el CIDAC.
La reforma, que ya fue avalada por el Congreso y los congresos locales, explica que la CFE tiene un plan de expansión del 1.1% de la red de transmisión entre 2013 y 2026, lo que requiere una inversión cercana a 244,000 mdp; pero incluso este plan resulta insuficiente para el crecimiento del 4.1% anual de la demanda eléctrica del país.
Los cambios constitucionales prevén que el Centro Nacional de Control Eléctrico (Cenace), que hoy depende de la CFE, se convierta en un órgano descentralizado de la Secretaría de Energía (Sener), que a su vez tendrá relación con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El Cenace tendrá la tarea de controlar y mantener criterios de neutralidad para que los particulares puedan distribuir y vender la electricidad que generen.
Pero su permanencia dentro del poder Ejecutivo puede generar pocos incentivos para crear las condiciones apropiadas para la participación de actores privados, sobre todo porque la reforma no deja claro si la Secretaría de Hacienda continuará fijando las tarifas que se deberán cobrar por la electricidad, apuntó el CIDAC.
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"Continuar determinando tarifas energéticas desde el Ejecutivo mostraría la incapacidad del Gobierno para transitar el dilema del control político versus el desarrollo económico, máxime cuando una de las promesas más insistentes de la reforma -que viene desde la campaña presidencial -es la reducción de las tarifas vía una mayor eficiencia en la generación, y no de una manipulación artificial de las mismas".
El CIDAC sugiere que dentro de las leyes secundarias, que deberán publicarse en un plazo no mayor a 120 días naturales tras la publicación de la reforma (aunque los legisladores pueden excederse de este tiempo), se especifique cómo se medirán estas tarifas, las cuales deben acercarse al costo real de generar la electricidad, para animar a los particulares a entrar este sector.
