La Ley Ficrea daña competencia e inclusión financiera

En México existe un grave problema de acceso al crédito para las miPymes , mismo que, históricamente, la banca no ha podido resolver.

Desde su origen en 2001, las Sofipos aparecieron como una buena opción de financiamiento al sector popular y con el paso del tiempo se han consolidado. Lamentablemente, so-pretexto del caso Ficrea, la Cámara de Diputados ha  aprobado una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular (Ley Ficrea) que de sancionarse favorablemente por los senadores, dará un duro golpe a las Sofipos y con esto a la competencia en el sector financiero y a la inclusión.

La banca en México goza de un status quo muy cómodo que le permite tener elevadas utilidades —25,685 millones de pesos en el primer trimestre de este año—. No presta mucho al sector productivo de las miPymes (11% de su cartera) y menos a las ubicadas en zonas rurales o semiurbanas.

Además, el 92% de su crédito lo fondea con captación bancaria y, en el caso de los depósitos a la vista (62%) paga un interés por debajo de la inflación. Los mismos los coloca principalmente entre empresas grandes y Gobierno. Lo que presta a las miPymes, lo hace generalmente con garantías gubernamentales de Nafin. Es decir, prestan sin mucho riesgo y se respaldan con dinero de los contribuyentes.

Para mejorar el servicio de la banca en el financiamiento al sector productivo del país, se ha tratado de fomentar la competencia a través del otorgamiento de más autorizaciones bancarias. De tener 20 bancos en 1999, el día de hoy tenemos 45. Sin embargo, los nuevos bancos no han tenido —ni tendrán probablemente— la capacidad de retar el status quo. Pagan a los depositantes las mismas bajas tasas de interés que sus pares más grandes y colocan el crédito igual o más caro que éstos y, si es a miPymes, lo hacen casi siempre respaldados por Nafin.

Otra opción ha sido impulsar el crédito a través de intermediarios no bancarios, tales como las Sofipos. Por su tamaño, cercanía con el cliente y costos regulatorios inferiores a los de la banca, entre otros, tienen mejor capacidad de manejar los problemas de información asimétrica, propios del crédito a miPymes. Asimismo, pueden atender negocios localizados en zonas semi-urbanas y rurales. Están en 47% de los municipios, en tanto que la banca sólo tiene sucursales en 40% (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2013 “Reporte de Inclusión Financiera”).

Además, al igual que las instituciones de crédito bancarias, pueden fondear su cartera pues el dinero que prestan proviene mayoritariamente de su captación. Pero, a diferencia de la banca, pueden pagar a sus ahorradores e inversionistas elevados rendimientos en razón de que prestan a micronegocios riesgosos pero redituables que pagan alto el financiamiento que reciben.

Esto, con el paso del tiempo, puede pegarle a la banca en sus utilidades y sacarla de su zona de confort. Y las Sofipos cada vez ganan mayor fuerza. Actualmente, existen 44 de estas sociedades que a noviembre de 2014 manejaban activos por 24,345 millones de pesos. Lo anterior significa un crecimiento de 120% de enero de 2010 a esa fecha.

A la banca no le importa que estos actores ganen clientes en el microcrédito a “changarros”, más bien le preocupa que le compitan en la captación del ahorro al pagar mejores tasas. Así, so pretexto de evitar futuros fraudes como el de Ficrea, el Congreso está a punto de darle un golpe mortal a este tipo de intermediarios al restringirles su fuente de fondeo y aplicarles una regulación simétrica a la de los bancos. El pasado 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de minuta de la Ley Ficrea, la cual está pendiente de ser sancionada por la Cámara de Senadores.

Los diputados proponen no sólo regalarles un injustificable y exorbitante rescate a los ahorradores de Ficrea (al menos 3 veces per cápita más que lo que costó el rescate de Fobaproa) sino también aplicarles a las Sofipos una innecesaria regulación prudencial similar a la de los bancos en materia de capitalización, constitución de reservas y seguro de depósito, siendo que éstas sociedades financieras, por su tamaño, no representan un riesgo sistémico. La misma, en todo caso, debería aplicarles cuando pasen cierto umbral de tamaño.

Además, proponen tasarles el monto de los depósitos que pueden recibir (400,000 UDIS por persona física y 1’400,000 UDIS por persona moral). Con esto, matan a las Sofipos como competidores de la banca en materia de depósitos y perjudican al ahorrador en su posibilidad de mejorar sus rendimientos.

En suma, que la Ley Ficrea mata la fuente de fondeo de las Sofipos y acerca injustificadamente su regulación prudencial a la de los bancos. Al hacerlo, afecta severamente la inclusión financiera y la competencia en el sector financiero en perjuicio de las MiPymes.

* Enrique Díaz-Infante Chapa es director del Programa del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias