2,600 millones de pesos para ‘albergar’ la reforma penal
El Poder Judicial de la Federación planea invertir 2,668 millones 763,505 pesos en construir instalaciones y adecuar sus sedes para poner en marcha la reforma penal que introducirá los juicios orales, los cuales deberán funcionar en todo el país a partir del próximo 18 de junio.
Como parte de su preparación de cara a esta modificación constitucional aprobada en 2008, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició en 2014 la construcción de los Centros de Justicia Penal que se estima sumen 44. Se espera que estas instalaciones alberguen en total 86 salas con tres jueces cada una para desahogar los juicios orales, con los que el sistema judicial mexicano pasará a un modelo que —que según las autoridades— agilizará el trabajo, con menos recursos y ayudará a aligerar la sobrepoblación penitenciaria, pues muchos de los casos se podrían resolver de manera inmediata.
El CJF reconoce que uno de los retos asociados a esta reforma es el "rediseño del despacho judicial, la construcción y equipamiento de las salas para dichos juzgado, y la inversión en recursos tecnológicos para su operación, que deben ser claramente cuantificados", según indica su sitio web sobre el nuevo sistema de justicia penal.
Los 2,668 millones 763,505 de pesos podría varias debido a que ocho estados aún no han destinado recursos para edificar su Centro de Justicia Penal ni para adaptar sus sedes existentes. El Poder Judicial pretende llegar a la fecha inicial de junio de 2016 con al menos una sala en cada entidad federativa; y en aquellos estados donde no sea posible concluir el Centro definitivo, habilitar uno provisional con requerimientos mínimos.
No obstante, el último reporte público sobre el avance de los trabajos (fechado el 4 de diciembre de 2015), muestra que en Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, el avance para la nueva infraestructura aún está en grado de “proyección”, “trámite”, “en proceso de contratación” o “búsqueda”.
El resto de las entidades, se observa en dicho informe del CJF, han contratado la edificación de los centros o la adaptación de instalaciones, obras en su mayoría otorgadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un total de ocho adjudicaciones que suman en conjunto casi 1,417 millones de pesos. El resto fueron concedidas a constructoras particulares.
Destacan por sus costos los proyectos de Durango, que costó más de 348 millones de pesos en la sede construida en la capital; el de Tlaxcala, que suma 339 millones de pesos en dos etapas planteados en Apizaco; el de Chiapas, presupuestado en 301.5 millones de pesos también en dos etapas a edificarse en Cintalapa, y el de Nayarit, de más de 277 millones de pesos, invertidos en Tepic. Todos éstos quedaron a cargo de la Sedena.
El CJF proyecta continuar con la construcción de infraestructura para estos fines hasta diciembre de 2018.
